Las modificaciones constitucionales publicadas este viernes en el DOF son a los artículos 4 y 5 de la Constitución, en los que se establece que para garantizar el derecho de protección a la salud de las personas, la ley sancionará toda las actividades relacionadas con cigarrillos electrónicos, vapeadores, así como la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos, el uso ilícito del fentanilo y demás drogas sintéticas no autorizadas. También prohíbe la profesión, industria, comercio interior o exterior y trabajo de dichas actividades.
Esta disposición fue propuesta en febrero de 2024 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada el pasado 11 de diciembre por el Senado de la República.
Aunque senadoras y senadores del PAN, del PRI, MC y Morena presentaron reservas para modificar el dictamen, el pleno no las avaló y el dictamen fue aprobado con 86 votos a favor y 39 en contra.
Tras la aprobación de la reforma que prohíbe los vapeadores, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno federal implementará estrategias de inspección para garantizar que no se comercialicen los vapeadores que, enfatizó, tienen sustancias dañinas para la salud.
“Hacen mucho daño a la salud, entonces ya fue aprobado. Nos va a corresponder, a través de Cofepris y de las instancias de inspección, pues que no se comercialice, pero es un mensaje muy claro de que a todos los jóvenes, las y los jóvenes, adolescentes que usan los vapeadores, vean nada más las sustancias que tienen”, dijo el pasado 13 de diciembre.
"Es que el efecto de la utilización de vapeadores pues parece que es menor que el cigarro y resuta que hay sustancias que hacen muchísimo daño a la salud", añadió entonces.
En un recorrido realizado por Expansión Política se encontró que los vapeadores son vendidos en distintos puntos de la Ciudad de México a precios accesibles, incluso en las cercanías de Palacio Nacional: 50 pesos el de 5,000 fumadas, 35 pesos de 1,000 vapeos.
La prohibición tendrá el reto de ser aplicada no sólo en grandes cadenas de conveniencia y "smoke shops" legalmente establecidas, también en el mercado irregular que se encuentra en las calles.
Expertos han alertado que apostar por la prohibición, y no por la regulación, conlleva problemas como el no cobro de impuestos y el posible aumento del mercado negro de ese producto.
