La presidenta Claudia Sheinbaum publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los decretos para que los programas de Bienestar, incluidas las pensiones a adultos mayores, y la vivienda digna para trabajadores sean derechos constitucionales.
Con las reformas, en la Constitución se establece que toda persona tiene derecho a disfrutar de vivienda adecuada.
Los decretos señalan que la Federación y las entidades federativas garantizarán la entrega de una pensión no contributiva a las personas con discapacidad permanente menores de sesenta y cinco años.
El Estado mexicano ''garantizará la rehabilitación y habilitación de las personas que viven con discapacidad permanente, dando prioridad a las personas menores de dieciocho años de edad, en términos que fije la ley''.
Desde ahora, las personas adultas mayores de sesenta y cinco años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva.
El Estado mexicano destinará anualmente los recursos presupuestarios suficientes y oportunos, ''conforme al principio de progresividad, para garantizar los derechos establecidos que impliquen la transferencia de recursos directos hacia la población destinataria''.
El monto de los recursos asignados no podrá ser disminuido, en términos reales, respecto del que se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior.
Vivienda digna
Con la reforma en materia de vivienda digna, toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, ''estará obligada a proporcionar a sus personas trabajadoras viviendas adecuadas''.
''Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus personas trabajadoras, se establece en la Constitución''.
El fondo establecerá un sistema de vivienda con orientación social para las personas trabajadoras derechohabientes que permita obtener crédito barato y suficiente para su adquisición o mejora; también podrá adquirir suelo y construir vivienda, señala el decreto.
La ley establecerá los términos y condiciones para que las personas trabajadoras puedan acceder a las viviendas en arrendamiento social, así como al derecho de adquirirlas en propiedad. La mensualidad del arrendamiento social no podrá exceder del treinta por ciento del salario de las personas trabajadoras.
En cualquier caso, se dará preferencia de acceso a la vivienda en arrendamiento social a las personas trabajadoras que hayan aportado continuamente al fondo y no cuenten con vivienda propia.
