Por 'lesiva', jueces van ante CIDH para frenar o matizar Reforma Judicial

La CIDH aceptó realizar una audiencia pública en respuesta, particularmente, al escrito que más de 800 magistrados de todo el país le hicieron llegar pasado el 26 de agosto para denunciar un trasfondo “autocrático” detrás de la Reforma Judicial que impulsaron el gobierno federal, el partido Morena y sus aliados.

"Está en marcha una agenda de concentración total del poder que anula principios esenciales de la democracia representativa interamericana y que configura una 'jugada política' que consolida un golpe de estado técnico", se lee en documento que juzgadores presentaron ante la Comisión.

“En México, deliberadamente y ante la mirada atónita de la comunidad internacional se están rompiendo todos los mecanismos de control al poder”, alertaron también.

En el escrito, también pidieron a la CIDH que en su Informe Anual a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) –a la que pertenece- incluya a México en la lista de naciones con situaciones y amenazas para los derechos humanos especialmente preocupantes, “al igual que se ha hecho con estados como Cuba, Venezuela, Nicaragua y Guatemala”.

Cristina Reyes, directora de Litigio Estratégico en México Unido Contra la Delincuencia, una de las organizaciones promoventes, indicó que será una audiencia "especial, extraordinaria y muy específica" con la intención de que más adelante se emita una recomendación, aunque aclaró que no implica un proceso jurisdiccional contra nuestro país.

Observó que el Estado mexicano no ha sido acusado y que, para que eso ocurra, quienes han impugnado la Reforma Judicial primero tendrían que agotar todas las instancias nacionales y recurrir a la Comisión Interamericana en queja o denuncia, e incluso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).

La directora de Litigio Estratégico en México Unido Contra la Delincuencia explicó que el resultado podría no ser una condena al Estado mexicano por la Reforma Judicial, misma que consideran lesiva al sistema de justicia y al sistema democrático.

No obstante, observó Reyes, sí se espera que la CIDH pueda emitir una recomendación y que esta pueda ser atendida por el Estado mexicano.

El gobierno mexicano, por su lado, defenderá la reforma ante la CIDH, ya que se espera que acuda una representación a Washington, Estados Unidos, donde se realizará el encuentro.

Durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno mantuvo una postura de rechazo a la Organización de los Estados Americanos (OEA) –de la que es parte la CIDH- y hasta pidió su desaparición por “injerencista”. Por ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum no se ha pronunciado sobre el organismo.

Ante la CIDH, las organizaciones opositoras a la Reforma Judicial no sólo detallarán el contenido de las modificaciones constitucionales y sus implicaciones, sino también cómo comenzó a materializarse y el contexto que la acompaña:

“Hay una reforma de supremacía constitucional que busca impedir toda revisión constitucional, se ve inminente la desaparición de órganos autónomos, hay un partido dominante en el Legislativo que puede hacerlo, y es todo ese contexto el que preocupa”, agrega la integrante del Observatorio de Designaciones Públicas, otra de las organizaciones que acudirán a la CIDH este martes.

Itzel Checa agregó que, si se suma que México vive un "proceso de militarización" de las tareas que deberían ser civiles, su lectura es que hay una erosión democrática fuerte que se acentuará con la Reforma Judicial y la concentración de poder en el Ejecutivo.

"Es decir, hay un impacto serio en la democracia mexicana”, sostuvo.

¿Quiénes y por qué acudirán a la CIDH?

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la OEA y tiene como mandato promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región.

Esta semana, tendrá su 191 periodo de sesiones y en ese marco abrió una audiencia especial, solicitada desde agosto por cientos de magistrados mexicanos y un conjunto de organizaciones civiles; todos alertaron sobre los riesgos que conlleva la Reforma Judicial y el daño que esa enmienda hace, incluso, al sistema democrático.

Será recibido el Colectivo La Justicia que Queremos, que reúne, entre otras, a organizaciones de justicia, derechos humanos, de jueces y magistrados.

Algunas de ellas son Derechos Humanos y Litigio Estratégico, Impunidad Cero, Mexicanos Unidos Contra la Delincuencia (MUCD), el observatorio Designaciones Públicas, México Evalúa, Borde, Buscando Desaparecidos México, Centro de Investigación de Crímenes Atroces.

Acudirán integrantes de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas capítulo México; así como la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), que preside la jueza Juana Fuentes Velázquez.

También la Asociación Mexicana, de juzgadoras AC (AMJAC); el Colegio de Secretarios y Actuarios del Poder Judicial de la Federación, que encabeza Rosa Elena Alonzo, además de Víctor Manuel Rodríguez, representante del Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH).

Cada organización expondrá, desde diverso enfoque, cómo la Reforma Judicial implicará un retroceso y cómo vulnera las obligaciones que México asumió como firmante de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

Itzel Checa, del Observatorio Designaciones Públicas, pone el acento en la etapa actual de la reforma judicial: el proceso iniciado para preseleccionar a los aspirantes a jueces, magistrados y ministros de la SCJN, mismo que carece de estándares para asegurar los mejores perfiles.

Los evaluadores y las convocatorias que emitieron hace unos días, indica la especialista, confirman las alertas que dieron a la CIDH cuando los cambios constitucionales aún estaban en curso.

El 31 de octubre los Poderes de la Unión, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial conformaron los Comités de Evaluación que preseleccionarán a los perfiles que resultarán candidatos a jueces, magistrados y ministros, proceso que terminará en febrero.

“Hoy dos de estos tres Comités, el del Ejecutivo y el del Legislativo, que están integrados de forma parcial, hay personas con abierta cercanía con el gobierno y su partido”, indica.

La referencia es al exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, hoy funcionario subordinado a la presidenta Claudia Sheinbaum, y Andrés Norberto García Réper, representante de Morena ante el órgano electoral de Tamaulipas.

“Con esos responsables de preseleccionar a los que serán los candidatos, vemos que esto se encamina a ser la captura del Poder Judicial, y no hay indicios, ni por su perfiles, ni por las convocatorias emitidas, de que se tendrá a los mejores para desempeñarse como juzgadores”, anota.

Checa Gutiérrez, socia fundadora de la Academia Nacional de Evaluadores de México (ACEVAL), destaca además que con la salida masiva de jueces, magistrados y ministros “se echa por la borda toda la carrera judicial y el proceso que llevó décadas para la profesionalización del Poder Judicial”.

Ataque a la autonomía judicial

Otro objetivo de los promoventes es exponer cómo la reforma daña a la independencia judicial en diversos puntos: se remueve masivamente a los juzgadores, se viola la inamovilidad judicial y se instaura un Tribunal de Disciplina Judicial con facultades para sancionar a los juzgadores por sus criterios jurisdiccionales, pero sin garantías de debido proceso.

La reforma incluyó que las resoluciones de ese Tribunal -que al mismo tiempo investigará y sancionará- son inatacables, por lo que no habrá segunda instancia, y las irregularidades a sancionar son ambigüas, lo que, advierten, se podría prestar a la persecución.

"Se sancionarán (los) actos u omisiones contrarias a la ley, al interés público o a la adecuada administración de justicia, incluyendo aquellas vinculadas con hechos de corrupción, tráfico de influencias, nepotismo, complicidad o encubrimiento de presuntos delincuentes, o cuando sus determinaciones no se ajusten a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia, además de los asuntos que la ley determine”, indica la Reforma Judicial.

En su escrito inicial, los magistrados dejaron en claro que la Reforma Judicial busca "deshacerse" prácticamente de la totalidad de juzgadoras y juzgadores, que “tirará por la borda" más de treinta años de funcionamiento y eliminará toda expectativa de profesionalismo y meritocracia.

Además, acusan que la reforma no respeta la duración en el cargo de los juzgadores, que es una garantía de independencia que les permite trascender los contextos políticos, lo que traerá como consecuencia que sea más fácil ejercer presión, amenazas o represalias en su contra.

"Al debilitarse esos mecanismos se generarán incentivos perversos para esperar recompensa por decisiones (judiciales). Los nuevos jueces pasarán a pertenecer de facto a la presidencia”, alertan.

Con todo ello –según los juzgadores- el Estado Mexicano afectaría la separación de poderes y la independencia judicial que se comprometió a respetar al adherirse a la Convención y a la Carta Democrática Interamericana, aprobada en 2001 por la OEA.

La jueza Juana Fuentes, dirigente de la JUFED, expuso su confianza de que el caso mexicano sea admitido ante la CIDH y se emita una postura del organismo interamericano, como ya ha pasado en otros asuntos.

“Hay criterios de la CIDH que dejan una clara muestra de que no puede haber despidos masivos de juzgadores”, dijo en un foro al explicar por qué acuden a la CIDH.

"En las instancias internacionales ya hay criterios, tampoco es algo inédito. Ha pasado en otros países, a lo mejor no de la forma en la que pasa en México, pero sí hay criterios y son justo los precedentes que nosotros invocamos para poder llevar a cabo estas acciones”, aseguró.

Un antecedente de ello ocurrió en 2021, cuando la CIDH condenó la destitución de magistrados en El Salvador y expuso que el principio de la inamovilidad de jueces en sus cargos es fundamental para la independencia judicial.

“La separación anticipada del cargo de una persona magistrada debe obedecer exclusivamente a las causales previamente establecidas, en un proceso que respete el debido proceso y las garantías judiciales y cualquier decisión debe estar debidamente motivada” planteó la CIDH en ese caso.

Sin embargo, por ahora, la CIDH sólo ha iniciado una audiencia y esta no va a ser vinculante, recuerda Checa Gutiérrez.

"Porque pues no estamos en un proceso, o sea, apenas está iniciando la discusión, pero sí será relevante el pronunciamiento que pueda hacer la Comisión al Estado mexicano y saber también cuál va a ser la postura de éste ante la CIDH", apunta.

El litigante Raúl Andrade considera que la audiencia de este martes será como de conciliación, pues si bien México está adherido a las convenciones internacionales en materia de Derechos Humanos, el Estado tiene la oportunidad de defender la reforma.

Andrade, quien como representante jurídico de la Fundación Iris en Defensa de los derechos Humanos, y promotor de uno de los amparos contra la Reforma Judicial, también acudirá a la audiencia, dijo que lo que se espera es que haya un atisbo de solución.

"Podría ocurrir también una conciliación: que no se van todos los jueces o en caso extremo es que nos escuchen y recapaciten”, agrega.

¿Qué pasará con la justicia en 2025?

Cristina Reyes, de MUCD, expone que esta organización pondrá el acento en el efecto de la reforma en el sistema de justicia y cómo no se introdujo ningún elemento de mejora, pues se dejó fuera a las fiscalías.

“Esta reforma judicial afectará el acceso a la justicia de toda la ciudadanía porque la selección de juzgadores no atiende ninguna de las necesidades ni de las víctimas, ni de las personas sujetas a proceso”, expuso.

"Con la llegada de nuevos juzgadores electos en urnas y con débiles evaluaciones, no hay garantía de que sean los más capaces para ejercer de jueces y magistrados. Los problemas que arrastra la justicia son investigaciones deficientes o no existe solución adecuada a los delitos y muchas de esas deficiencias vienen de una falta profesionalización de la fiscalías; falta de voluntad política para tener un plan de seguridad efectivo; abandono total de las defensorías públicas; la apuesta por un sistema punitivo y déficit presupuestal al sistema de justicia”.

Nada de eso se incluyó en la reforma, alerta, ni se modificará con ella, pues sólo se creó un sistema de elección de juzgadores.

A todo ello se agrega, indica Reyes, que debido a que la reforma constitucional fue apresurada, no se previó qué pasará con los procesos abiertos y el resultado será la indefensión de las personas.

"Ahora habrá juzgadores sustituidos y corremos el riesgo de que muchos de estos juicios se han interrumpidos o que sean aplazados de manera innecesaria. Se afecta a las personas en espera de una sentencia y probablemente privadas de su libertad, a las víctimas del delito si sus juicios son reiniciados y con ello habrá una revictimización”, añade.

Este periodo de cambio de integrantes del Poder Judicial, coincide, no sólo alienta las presiones, sino que pone en riesgo a testigos en del acceso a la justicia.