La cantidad representa un aumento de 9% en términos nominales –4.9% en términos reales– con respecto a su presupuesto este año. El monto final deberá ser avalado por la Cámara de Diputados, dominado por Morena y aliados, por lo que es previsible que la cifra sea ajustada, sobre todo ante el gasto que representará la elección de jueces, magistrados y ministros.
El Consejo anunció su intención de mantener los salarios del personal judicial con el argumento de que la propia reforma constitucional ordena abstenerse de realizar ajustes presupuestarios que impacten negativamente en las remuneraciones de las personas servidoras públicas.
"Para 2025 se destinarán ocho de cada 10 pesos solicitados para el rubro de servicios personales, pues el capital humano es el factor clave de la impartición de justicia, y por ello, del total de 50,081 plazas vigentes, casi nueve de 10 (87%) corresponden a personas servidoras públicas, que se desempeñan directamente en labores jurisdiccionales y de apoyo a la función jurisdiccional", explicó el CJF.
"Se consideró que existen diversas suspensiones derivadas de los juicios de amparo promovidos en contra de la reforma Constitucional que, entre otras acciones, ordenan al Consejo abstenerse de realizar ajustes presupuestarios que impacten negativamente en las remuneraciones de las personas servidoras públicas. Estableciendo que deberán mantenerse conforme a los montos actuales", añadió.
