Por la vía del amparo, buscan regresar decisión sobre Reforma Judicial a la SCJN

El litigante Raúl Andrade, quien promovió uno de los amparos contra la Reforma Judicial y logró que el Instituto Nacional Electoral (INE) detuviera toda actividad tendiente a la organización o realización de la elección de jueces, ministros y magistrados, dice que ese estado debe mantenerse, precisamente hasta que se resuelvan de fondo los amparos.

Por tanto, “la batalla jurídica no ha terminado” ya que la Suprema Corte lo único que hizo fue considerar que no se puede revisar la Constitución a través de Acciones de Inconstitucionalidad y por tanto desestimó las que promovieron los partidos políticos, explica.

“Lo que ayer sucedió en principio no tiene incidencia en los amparos, se quedó todo igual, ¿por qué? Porque no fue declarada constitucional la reforma, simplemente no se entró al fondo y ya. Los amparos tienen que seguir porque no hay una decisión en cuanto a si la reforma es constitucional, pero siempre y cuando no se les aplique la reforma de inimpugnabilidad”, plantea.

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Advierte que algunos amparos podrían ser sobreseídos –es decir desechados sin análisis- debido a esa segunda reforma constitucional exprés avalada por Morena la semana pasada para blindar sus enmiendas a la Constitución ante cualquier recurso jurídico, y conocida como cambios en materia de “inimpugnabilidad” o de “supremacía constitucional”.

Por eso ahora lo que sigue es impugnar ese decreto. “Si no se hace, todos los amparos, controversias constitucionales que hay en trámite deberían sobreseerse con base en esa reforma”, plantea el experto.

“Lo que buscó Morena al aprobar fast track esa reforma es dejar sin materia todos los amparos, controversias y acciones de inconstitucionalidad. Los amparos no podrían seguir teniendo vida si no se amplía la demanda en contra de ese decreto de inimpugnabilidad”, abunda.

En esa ruta coinciden los magistrados Juan José Olvera López y Edna Lorena Hernández, integrantes de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), quienes explican que todos los recursos de amparo siguen vivos, pero están en riesgo por esa reforma de “supremacía”.

Hernández recalca que lo ocurrido ayer en la SCJN no es la última palabra: la acción de inconstitucionalidad que se analizó fue presentada por partidos políticos, en cambio, “los juicios de amparo los que estamos presentando algunos quejosos que somos parte del Poder Judicial de la Federación (son) dos vías diferentes que van a tener resultados esperemos que también diferentes”.

Olvera López detalla que aunque la Corte no llegó a analizar si es válida o no la reforma, “los siete (ministros) que hablaron de procedencia dejaron muy claro que la reformas a la Constitución sí pueden ser materia de análisis jurisdiccional”.

Por tanto, eso implicará que por la vía de amparo sí puede regresar el caso de la Reforma Judicial a la Suprema Corte.

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La decisión de la SCJN “es firme hoy y debe ser acatar acatada por los actores, pero también dejamos claro para los juicios de amparo que están en curso en múltiples Tribunales de la República y por tratarse de una cuestión de constitucionalidad inédita, inevitablemente terminarán en la Suprema Corte”.

Recuerda que al resolver amparos la SCJN requerirá menos votos, por lo que la posibilidad de invalidar la reforma judicial, persiste.

“Queremos decir que se perdió por los actores esta Acción de Inconstitucionalidad (ayer), pero están presentes decenas o centenas de juicios de amparo en los que se hace el mismo planteamiento, para los que se requieren seis votos y siete ya dijeron que se puede hacer ese examen por la vía de los tribunales constitucionales”.

El mismo experto precisa que si bien los amparos son improcedentes ante leyes electorales, en este caso la SCJN definió que la Reforma Judicial “tiene contenido electoral”, pero no es completamente de ese carácter.

Jueces se inhiben, siguen presiones

Andrade, litigante de la Fundación Iris en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, confirma que el sábado ya promovió ante un juez una ampliación a su demanda, para que se declare la invalidez del artículo segundo transitorio de la reforma de “inimpugnabilidad” para que no le aplique al juicio de amparo que promovió.

Ese transitorio establece que deben dejarse sin materia o sobreseerse los casos en trámite en los que se impugnen reformas constitucionales, pero esto –argumenta- afecta la seguridad jurídica de los promoventes, pues el amparo se promovió con las reglas anteriores, por lo que la aplicación retroactiva de ese blindaje es violatorio de derechos fundamentales.

Sin embargo alerta que se observa ya un cambio en los jueces, que se han negado a darle trámite a ampliaciones de demanda sobre ese tema.

“Ahora vamos a tener ese problema, que muchos jueces, derivado de tantas amenazas que han tenido de que los van a someter a juicio político o se abrirán carpetas de investigación” han descartado atender la petición de suspensión, por lo que ahora seguirá recurrir a Tribunales Colegiados, explica.

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Eso podría alargar aún más los amparos tramitados originalmente contra la Reforma Judicial, y que podrían desahogarse quizá “al menos en seis meses”, dice.

El magistrado Olvera también informó que la JUFED ya amplió sus demandas de amparo para incluir el rechazo a la aplicación de la reforma de “supremacía constitucional”.

Por lo pronto vio que la siguiente fase en la resolución de los amparos serán las audiencias constitucionales, en las que se hace el examen de constitucionalidad de la reforma impugnada.

Para las decenas de juicios de amparo “hay diferentes grados de avance en todo el país, pero están en trámite. Me parece que la expectativa procesal es justamente que se llegue al dictado de la sentencia, en la que los jueces podrían sobreseer o hacer el estudio de fondo. Ésas son las alternativas y en tiempos procesales es una cuestión de meses”, señala.

Sin embargo –insiste el magistrado- todos esos casos “terminarán inevitablemente en la Suprema Corte”.