Como antecedente de la sesión de este martes están los desacatos a más de un centenar de órdenes de suspensión dictadas por jueces en los que han incurrido desde el Ejecutivo, el Senado y la Cámara de Diputados, hasta los congresos estatales; también la advertencia de la presidenta Claudia Sheinbaum de que, con el sólo el análisis de la Reforma Judicial, es decir, aún sin una sentencia, la SCJN actúa ilegalmente.
Además, los ministros en sus cartas de renuncia presentadas entre los días 29 y 31 de octubre -con efectos a agosto 2025-, expusieron su desacuerdo en que los integrantes del Poder Judicial se sometan a elección, razón por la cual dimitieron y no se someterán a las urnas el próximo año.
“Llegaremos a una situación límite que prácticamente llevaría a un barranco sin salida, es la que obligaría a tomar una decisión de respetar la sentencia o dialogar para evitar la incertidumbre y el conflicto permanente”, estimó Arturo Ramos Sobarzo, de la Barra Mexicana de Abogados"
En este contexto, también ministros han advertido de una crisis constitucional previo a la discusión del proyecto.
El ministro Juan Luis González Alcántara declaró que "ya estamos en una crisis" porque no existe certeza de cuál es el Derecho vigente, mientra que la ministra Yasmín Esquivel -quien fue nominada por AMLO- llamó a los ministros a la prudencia y a evitar un enfrentamiento de poderes que ocasionaría una crisis constitucional con afectaciones políticas y económicas.
"Yo no veo la posibilidad de que los otros Poderes la puedan respetar, (...) no creo que sea una decisión que se vaya acatar", adelantó Esquivel el fin de semana ante la eventual invalidación del corazón de la Reforma Judicial.
¿Qué discutirán los ministros de la SJCN?
En la sesión de este martes, el pleno de la SCJN comenzará a discutir un proyecto de sentencia para resolver cinco acciones de inconstitucionalidad en contra de la Reforma Judicial, que contempla el cese de jueces, ministros y magistrados, y la sustitución de sus integrantes en elecciones en urnas en junio de 2025.
El proyecto a discusión fue elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca y propone confirmar una parte de la reforma judicial, en lo que toca a someter a elección a una parte de los integrantes de ese Poder Judicial de la Federación, pero no a los jueces de Distrito ni a los magistrados de Circuito.
También plantea que quienes sí serían removidos y sus sustitutos sujetos a elección, serían los ministros de la SCJN, así como los magistrados de las salas Superior y Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y mantiene la conformación del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
"De aprobarse esa sentencia los efectos serán expansivos, pues deberían en teoría acatarlo todos los poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el resto del entramado del Estado mexicano, como el Instituto Nacional Electoral que es autónomo”, expuso Ramos.
El experto sostuvo que, si todos acatan lo dictado por la Corte, se podría fin a la problemática, se mandaría un mensaje de respeto al Estado de Derecho, “se daría un cerrojazo” al tema, se reafirmaría la expectativa de los inversionistas en el país y sólo se transformaría el órgano cúspide del Poder Judicial que es la SCJN; entonces, estimó, la discusión se trasladaría a las reformas secundarias.
En cambio, si se desacata la sentencia, llevaría al efecto contrario: “el desacato sería también expansivo, se ahondaría la crisis constitucional, la tensión entre un poder que mandata y otros dos que desacatan, porque después de la SCJN ya no hay ninguna instancia más a la cual recurrir”, dijo Ramos.
“Se agravaría lo que ya consideramos que es de crisis constitucional, que se entiende como aquella circunstancia en la cual hay un conflicto entre dos o más poderes y que no encuentra solución, ni vía jurídica constitucional, que pueda resolver. Es decir, cada poder alega el ejercicio de sus facultades y esas son desconocidas por el otro”, advirtió.
Ramos Sobarzo consideró que la eventual aprobación de este proyecto de sentencia provocaría un "punto de confrontación" entre todos los Poderes de la Unión y, aunque ve una SCJN muy debilitada, enfatizó que no deja de ser un Poder que está ejerciendo sus funciones.
"Me parece que no habría otra salida más que dialogar”, añadió el especialista, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó en su conferencia de ayer que no está dispuesta a negociar en este tema.
El experto consideró que la propuesta de sentencia del ministro González Alcántara es “salomónica” y permitiría que Morena y sus aliados consigan lo que quieren, pero sin que se quebrante del todo el orden constitucional.
“Es como las guerras, alguien podrá criticar mi analogía, pero cuando un país le gana a otro, llega un momento en que si unos ya se rinden buscan negociar la paz, y pesar de que hay un país que perdió, puede alcanzar unas cosas, creo que algo así podría pasar”, declaró.
Crisis constitucional por desacato
El constitucionalista Javier Martín Reyes planteó que en la discusión hay tres alternativas: por un lado, que las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Lorreta Ortiz adopten una posición de que la SCJN no puede hace nada contra reformas constitucionales; la segunda, en donde los ministros estén a favor de que se invalide toda la reforma judicial; y la tercera, el respaldó al proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
Consideró que el proyecto de sentencia es una “solución intermedia”, ya que sólo avala algunos aspectos de la reforma judicial, como la elección de ministros, la extinción de los fideicomisos y la creación del Tribunal de Disciplina, pero plantea anular la elección de jueces y ministros, y, en los hechos, le da "concesiones" a Morena.
“Es una posición donde se sacrifica a la Corte, pero no a todo el sistema de justicia; es una posición que le permitiría a Morena y aliados decir que la reforma sigue, que habrá elección popular de ministros, pero que nos evita esa alternativa de esa bomba nuclear de desaparecer de un golpe a todos los sistemas judiciales que es una locura, pero es lo que aprobaron”, recordó.
El también investigador señaló que, si bien hoy el país se encuentra en una crisis constitucional, ya que el Poder Ejecutivo y Legislativo han desacatado las órdenes de los jueces en la aplicación de la Reforma Judicial, desobedecer una sentencia de la SCJN sería “gravísimo”, pues llevaría a una ruptura constitucional y se colocaría al país en un escenario donde ya no estamos en Estado de Derecho, sino en "Estado de hecho”.
“Ya estamos en crisis constitucional. Es como un partido de fútbol: los árbitros están marcando faltas y uno de los equipos nos están cumpliendo; eso pasa con las suspensiones, que el Ejecutivo, el Legislativo ni el Consejo de la Judicatura ni el Instituto Nacional Electoral (INE) las están cumpliendo. Eso me parece gravísimo, pero una cosa es desacatar suspensiones dictadas por jueces de Distrito, pero lo que sería absolutamente más grave”, enfatizó.
Sobre esta crisis, el constitucionalista Sergio Salgado explicó que ésta no se dará por la decisión que tomen los ministros de la SCJN, sino por la respuesta de los otros Poderes de la Unión al no acatar la sentencia del máximo tribunal de justicia.
“No es la decisión de la Corte lo que no lleve a la crisis, creo que más bien es cómo responda y reaccione los Poderes Legislativo y Ejecutivo lo que eventualmente podría llevar a una crisis constitucional", declaró el abogado.
"Y esto ya lo han anunciado los actores políticos que están como portavoces de estos procesos de reforma en el sentido de querer enjuiciar políticamente a los ministros o, inclusive, denunciarlos penalmente por abusos de autoridad”, añadió.
Asimismo, recordó que en la Constitución y la Ley de Amparo se establece que, quien incumpla con una sentencia del Poder Judicial Federal, deberá ser destituido de su cargo. Sin embargo, cuestionó quien removerá a la presidenta o a los legisladores.
“¿Qué implicaría que el congreso y la presidencia desatienden o incumplan una sentencia de la Corte? Ahí estaría la crisis constitucional. ¿Quién va a destituir a la presidenta? y el Congreso no se va a destituir asimismo. El gran problema de esto es que la sentencia quizá se quede sólo en papel y eso demeritaría el papel de la Corte como tribunal constitucional”, comentó.
En sus escenarios de Riesgo Político en México para noviembre, la consultora Integralia, que encabeza el politólogo Luis Carlos Ugalde, también ve como latente la probabilidad de una crisis constitucional.
Esta se detonaría tras la declaratoria de invalidez total o parcial de la reforma constitucional en materia judicial, frente a lo que “es muy probable que el Ejecutivo y Morena no acaten la resolución arguyendo que la Corte no tiene facultades, (y) que la recién aprobada reforma de ‘supremacía constitucional’ brinda la reforma “.
“La Corte estaría facultada para ordenar la remoción y llevar a proceso judicial a la presidenta, diputados y senadores ‘en rebeldía’“. Ese escenario impactaría en la disyuntiva de lino sobre avanzado no en el proceso electoral “ definiendo si prevalece la decisión del oficialismo o la del Poder Judicial “. También vio como muy alta la probabilidad de que haya un impacto negativo en el entorno de negocios y en la confianza de inversionistas nacionales e internacionales, además de creciente incertidumbre jurídica para el país.
