La próxima semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dará un paso fundamental en la ruta de la Reforma Judicial, al iniciar la revisión del proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá en el que se propone invalidar la parte más importante de la legislación: la elección popular de jueces y magistrados federales.
El Pleno de la SCJN revisará el proyecto de sentencia, para cuya aprobación se necesita la mayoría calificada de 8 votos.
La decisión se tomó horas después que el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena presentó su renuncia a la Corte y su declinación a participar en el proceso electoral judicial de 2025, mientras que se espera que otros ministros hagan lo mismo en las próximas horas.
Por su parte, morenistas en el Congreso amagaron con no aceptar las renuncias de los ministros para que –advirtieron– no se lleven los haberes económicos de esta decisión, que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó de "un montón de dinero".
El proyecto propone invalidar los transitorios que ordenan la remoción de jueces de Distrito, magistrados de Circuito y magistrados regionales del Tribunal Electoral e invalidar la elección popular de jueces de Distrito y magistrados de Circuito, pero mantiene subsistente la elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
También va por invalidar la reducción de remuneraciones para los actuales jueces de Distrito y magistrados de Circuito, aunque no aplica para quienes ingresen después.
Además, propone invalidar algunas facultades del Tribunal de Disciplina y el carácter inatacable de sus resoluciones, así como el régimen aplicable a las entidades federativas, que sólo habilitarían su órgano de administración y su tribunal de justicia.
El ministro plantea invalidar la figura de los “jueces sin rostro” y el método de selección de los Comités de Evaluación.
"No existe certeza para la ciudadanía sobre los perfiles que se le presentarán en una lista masiva y bajo un sistema que no ofrece, tampoco, garantías para que se emita un voto informado. En última instancia, no existe certeza para las personas sobre los perfiles de las personas juzgadoras que, el día de mañana, impartirán justicia y dirimirán conflictos sobre sus derechos, sus obligaciones y sus libertades", advierte.
En su proyecto de sentencia, el ministro Juan Luis González Alcántara incluso observa que, si se lleva a cabo la elección en los términos del decreto impugnado, en la Ciudad de México cada candidato tendría únicamente 2.5 segundos diarios para su promoción.
"No existe certeza para los aspirantes al cargo de las cualidades que resultarán, en última instancia, definitorias para alcanzar a ser incluido en las listas. No existe certeza para los candidatos sobre las maneras en que será equitativo hacer uso de los espacios públicos ni el tipo de contenido que podría ser objeto de promesa de campaña", agrega el proyecto.
Para algunos juzgadores y políticos, este proyecto ya cuestionado por Morena y sus aliados, es una especie de sacrificio del ministro para poner fin a la crisis derivada de la reforma judicial.
