Las fallas de la Usicamm
La Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros es un órgano desconcentrado de la SEP que se encarga de la contratación y promoción de los docentes de educación básica y media superior.
Nació en 2019, tras la entrada en vigor de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, que establece los criterios para la contratación del magisterio.
Sin embargo, ha sido señalada por docentes de operar con irregularidades. Alfonso Cepeda Salas, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), ha declarado que la Usicamm ha operado con violaciones a los derechos laborales y salariales, por lo que considera necesaria una nueva ley que regule la asignación de plazas.
En agosto pasado organizó una consulta entre los agremiados para construir una propuesta legislativa. Durante una reunión de las secciones sindicales, el líder expuso que distintos docentes han señalado la opacidad con la que funciona Usicamm.
“Ocultan las plazas y las vacantes para cambios de centro de trabajo; a discreción deciden quiénes tienen derecho y quiénes no a participar en los procesos”, afirmó.
Un posicionamiento similar mantiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) al asegurar que no ha cumplido con la mejora educativa ni con la revalorización del magisterio.
Por ello, este sindicato disidente ha demandado acabar con esta Unidad e implementar un plan nacional de entrega de plazas que considere la antigüedad de los docentes.
La Usicamm ha lacerado gravemente la estabilidad del magisterio”,
CNTE
La Usicamm también ha sido señalada por no blindar el proceso de asignación de plazas, debido a que en redes sociales se han vendido las respuestas de los exámenes que aplica.
Incluso, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó diversas irregularidades en la operación de la Usicamm. Detectó que en 2019 pagó 18.9 millones de pesos a voluntarios que participaron en el proceso de evaluación de docentes.
Sin embargo, estos perfiles no cumplieron los “criterios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas que rigen el gasto público”.
Además, los pagos se regularon mediante un instructivo, que ni estaba aprobado ni contenía los elementos de selección de voluntarios, de quienes no hay evidencia de las actividades que realizaron.