La COPPPAL, conformada por dirigentes de partidos políticos de 10 países, destaca que si bien en México todos los sectores coinciden en la necesidad de realizar una profunda reforma al Poder Judicial, ''se requiere un amplio proceso de discusión, debate y construcción de consensos, algo que no ha existido en la recién aprobada Reforma Judicial''.
''El oficialismo ha aprovechado su mayoría legislativa para aprobar la reforma en el Congreso de la Unión'', apunta.
La Conferencia señala que el proceso para aprobar la Reforma Judicial está en entredicho por las ''innumerables denuncias de coacción y amenaza a senadores de oposición.
''No es compatible con el fortalecimiento del Estado de Derecho una Reforma Judicial acontecida mediante mecanismos que lindan con lo ilegal'', agrega.
El documento entregado a los organismos internacionales precisa que los partidos Movimiento Ciudadano (MC), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Acción Nacional (PAN) han denunciado presiones por parte del Estado mexicano para la aprobación de la Reforma Judicial.
La Cámara de Senadores de México aprobó el jueves una iniciativa de la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, para regular el proceso de elección de juzgadores, como parte de la polémica Reforma Judicial aprobada recientemente.
La propuesta, aprobada con 81 votos a favor de los 128 posibles, debe ser discutida ahora en la Cámara de Diputados, donde el oficialista Morena y sus aliados tienen amplia mayoría. Antes del 16 de octubre el Senado debe convocar a la elección extraordinaria que se celebrará a mediados de 2025 para elegir a los impartidores de justicia.
En septiembre, el Congreso, de mayoría oficialista, aprobó una amplia reforma al sistema de justicia que, entre otras cosas, establece la elección por voto popular de los juzgadores. Los cambios constitucionales han golpeado a los mercados locales y asustado a inversionistas.
El 1 de junio del próximo año se realizará la elección para reemplazar a todos los ministros de la Suprema Corte -que pasará de 11 a nueve integrantes-, miembros del Tribunal de Disciplina, vacantes en la Sala Superior, la totalidad de las salas regionales del Tribunal Electoral y a la mitad de los magistrados y jueces de distrito del país.
En 2027 serán elegidos los cargos restantes.
El oficialismo sostiene que es necesaria una transformación al sistema de justicia porque "no está al servicio del pueblo" y "responde a intereses de la delincuencia organizada".
Los críticos, sin embargo, aseguran que la reforma no afectará a las fiscalías, la policía y los ministerios públicos, a los que consideran los verdaderos culpables de la elevada impunidad y la extendida corrupción en el país latinoamericano.
-Con información de la agencia Reuters.
