Con ello, jueces y juezas, cuya identidad no podrá ser conocida por ninguna de las partes, serán quienes decidan en delitos de trata de personas, tráfico de drogas y armas, entre otros.
No obstante, pese a plantearse como una solución ante el riesgo de amenazas y presiones que puedan comprometer las decisiones de las personas juzgadoras en casos de delincuencia de alto perfil, organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) se han pronunciado en contra de su implementación.
Sergio Salgado Román, abogado constitucionalista, advierte que además de ir en contra de recomendaciones de organismos internacionales, esta figura falla en su propósito de atacar el problema de la delincuencia organizada.
El experto considera que la reforma da por cierto que el problema está en los jueces y los jueces que liberan delincuentes o los que están siendo objeto de terrorismo por parte de la delincuencia, por lo que se oculta su identidad en los procesos para protegerlos, cuando no necesariamente es así.
"El problema no es que los jueces liberen a personas vinculadas con delincuencia organizada porque sean víctimas de amenazas o terrorismo sino por la debilidad de las carpetas de investigación armadas por las propias fiscalías", afirma en entrevista.
Los riesgos de jueces sin rostro
La adhesión de esta figura fue sumada por Ricardo Monreal, actual coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, a partir de una ‘sugerencia’ hecha por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no la incluyó en la versión original de su iniciativa.
"Hay algo que debe tener la reforma, una especie de protección para jueces que tienen que resolver sobre delincuencia organizada, cómo protegerlos. Un mecanismo en donde resuelvan autoridades sin que se conozca, buscar una forma que se pueda hacer porque muchos están sometidos a amenazas, a presiones”, sostuvo el presidente desde su conferencia matutina el pasado 20 de agosto.
Pero el no poder conocer la identidad de la persona que juzga compromete la posibilidad de la persona acusada a un debido proceso y a un juicio justo.
"Quien está siendo juzgado puede percibirse como 'un criminal que no merece nada', pero también podría ser inocente. Es posible que una persona inocente sea juzgada por alguien con un conflicto de interés. ¿Qué ocurre si el juez es un enemigo del acusado, o, por el contrario, si una persona culpable es juzgada por alguien con quien tiene un vínculo y es absuelto? Eso no lo podremos saber", advierte José María Soberanes Díez, doctor en Derecho y académico de la Universidad Panamericana.
