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De Embajadas a universidades: reforma judicial es rechazada en México y el mundo

Embajadores, estudiantes, empresarios, organizaciones y políticos han manifestado su preocupación por el contenido de la reforma al Poder Judicial, como laelección de ministros y jueces por voto.
mié 04 septiembre 2024 11:59 PM
La reforma judicial es rechazada en México y el mundo por embajadas y universidades
La reforma judicial ha provocado manifestaciones a nivel nacional.

La iniciativa de reforma al Poder Judicial con la que el presidente Andrés Manuel López Obrador busca que jueces, magistrados y ministros sean electos mediante el voto de ciudadanos acumula rechazos en México y a nivel mundial.

Embajadas, calificadoras, legisladores, organizaciones internacionales, bancos, cámaras de comercio y universidades han alertado de los riesgos para la justicia, democracia e inversiones que puede traer la transformación del Poder Judicial.

Aunque la iniciativa enviada por el presidente López Obrador no fue aprobada en la Cámara de Diputados con su contenido original, mantiene su esencia: que el Ejecutivo y el Legislativo ya no defina a los integrantes del Judicial, sino que en 2025 por primera vez los mexicanos voten por sus integrantes.

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¿Quiénes rechazan la reforma al Poder Judicial?

Tras elecciones del 2 de junio en las que Morena y aliados consiguieron mayoría calificada en la Cámara de Diputados y se quedaron cerca del Senado de la República, se alzó la voz desde varias partes del mundo. Ello porque es casi un hecho que la Reforma al Poder Judicial logre los votos necesarios y en 2025 inicie

Estados Unidos

Desde su residencia oficial en la Ciudad de México, el embajador Ken Salazar advirtió riesgos con la elección de jueces, magistrados y ministros y alertó que amenazaban la relación comercial bilateral.

''Creo, en mi opinión, que el debate sobre la elección directa de jueces, así como la política feroz si se aprueban las elecciones de jueces en el 2025 y 2027, amenazan la relación histórica comercial que hemos construido. Las elecciones directas pueden hacer más fácil que cárteles se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas", dijo el 22 agosto pasado.

Sus críticas generaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador enviara una nota de extrañamiento al gobierno de Estados Unidos y días después, una pausa en la relación con el funcionario del gobierno de Joe Biden.

Desde Estados Unidos otras voces también han alertado sobre los riesgos, entre ellas, las del representante del Departamento de Estado de EU, Brian A. Nichols, quien además respaldó la posición del embajador Salazar.

“Estados Unidos y México deben trabajar juntos como socios e iguales para promover la seguridad y la prosperidad en América del Norte. Como socios y amigos, compartimos nuestras preocupaciones sobre las reformas constitucionales propuestas”, escribió en sus redes sociales.

También un grupo de senadores manifestaron "profundamente preocupados" porque "socavarían la independencia judicial".

"Reconocemos la soberanía de cada país para actualizar su constitución y valoramos la robusta colaboración entre los Estados Unidos y México. Sin embargo, muchas de las reformas propuestas parecen poner en riesgo el acceso de inversionistas americanos a un contexto regulatorio estable, predecible y sin sesgos", han plantado legisladores estadounidenses.

El presidente de American Society of Mexico, Larry Rubin, pidió que la reforma al Poder Judicial no se discuta y apruebe aceleradamente , pues se trata de la transformación de “uno de los pilares fundamentales del Estado mexicano”.

“Pretender aprobar una reforma de esta envergadura en donde se modifica drásticamente el funcionar de uno de los tres poderes autónomos de la nación en tan solo tres días en la Cámara de Diputados es un acto que socava la calidad del proceso legislativo y pone en riesgo la estabilidad y la credibilidad del sistema judicial en México”, planteó.

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Canadá

El embajador de Canadá en México, Graeme C. Clark, manifestó la preocupación que inversionistas canadienses tienen entorno a la reforma al Poder Judicial.

“He escuchado esta mañana estas preocupaciones. Entonces, lo único que estoy haciendo es escuchar lo que dicen nuestros inversionistas al respecto y hay preocupación”, dijo el 22 de agosto.

El embajador aclaró que la intención no era intervenir en un asunto que corresponde a México.

“Como diplomático, soy muy sensible a cualquier comentario que podría ser visto como una injerencia en los asuntos de México y ciertamente no es el propósito”, destacó Clark.

El sector económico también ha manifestado su preocupación por los cambios que se proponen al Poder Judicial y han alertado que están en riesgo las inversiones.

El banco estadounidense Morgan Stanley degradó la recomendación para invertir en México.

Citibanamex alertó sobre el impacto económico que podría tener la aprobación del Poder Judicial, así como la mayoría de Morena y aliados en el Poder Legislativo.

El banco estadounidense Bank of America calificó de “muy alto riesgo” la reforma al poder judicial en un análisis que difundió a sus clientes. Alertó que tiene “enormes implicaciones para la democracia de México.

“La reforma más preocupante y consecuente presentada en el Plan C es la constitucional para revisar el sistema judicial, con el objetivo de eliminar a los 7,293 jueces en funciones en México, así como a los 11 jueces de la Corte Suprema. El objetivo principal de AMLO es que todos los jueces de México sean elegidos por voto popular”, dice el análisis.

El Banco Morgan Stanley recomendó a sus clientes no invertir en algunas empresas en México o reducir su participación en otras, porque aumentará ''las primas de riesgo en México”.

El banco suizo UBS alertó que las reformas que en México se analizan y están por ser discutidas en el pleno de la Cámara de Diputados contradicen las obligaciones de México con el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá, lo que provocará MEC inestabilidad del peso.

La calificadora Fitch Ratings alertó que la aprobación de la reforma judicial podría impactar negativamente el “apetito inversor” en México.

“La reforma judicial propuesta más significativa reemplazaría la selección presidencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces de distrito locales por la elección mediante voto popular. Sin embargo, las modificaciones al método de selección de los jueces han generado preocupación entre los inversionistas sobre la imparcialidad judicial para resolver conflictos entre autoridades gubernamentales y empresas”, advirtió.

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Gobiernos y organizaciones

Organizaciones internacionales y gobiernos del mundo también han manifestado su incertidumbre y rechazo hacia la reforma judicial, en particular porque consideran que representa afectaciones para la independencia de ese poder.

Margaret Satterthwaite, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), manifestó su preocupación por las implicaciones que tendrá la reforma para la independencia de los jueces y abogados, y pidió que se reconsidere la propuesta.

“Insto a las autoridades a reconsiderar detenidamente la propuesta, dando el peso adecuado a la garantía de derechos humanos de la independencia judicial”, pidió.

Jueces y magistrados recurrieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para intervenga a fin de que se suspenda la reforma judicial por posibles violaciones a derechos humanos.

“No quieren jueces que limiten las arbitrariedades, quieren perdonas que simulen ser jueces y que avalen todas las acciones de los gobernantes en turno. Pretenden un modelo de acceso que garantice lealtad al partido en el poder en lugar de lealtad a los derechos de las personas", dijo el magistrado Juan José Olvera López.

Hace unos días, Amnistía Internacional envió una carta a la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, para manifestar su preocupación por la Reforma Judicial.

"La elección de jueces y magistrados federales por elección popular, incluyendo la incorporación de la figura de “jueces sin rostro”, que posibilita que se lleven a cabo juicios de delincuencia organizada sin que se conozca la identidad de la persona juzgadora. Estas propuestas irían en contra de la independencia judicial, así como en contra del derecho al debido proceso y las garantías judiciales ya que impide ejercer la defensa ante un tribunal independiente e imparcial", dice la organización.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York también manifestó su preocupación porque con los cambios propuestos se genere un efecto adverso y dañar la independencia judicial.

“El Colegio de Abogados de la Ciudad exhorta al presidente López Obrador y a la presidenta electa Claudia Sheinbaum a reconocer la importancia de un poder judicial independiente para el Estado de derecho y a respetar la independencia judicial de conformidad con el derecho internacional y los compromisos internacionales de México", expone el Colegio.

En México, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) expuso en un mensaje que la Reforma al Poder Judicial no garantiza una mejor impartición de justicia.

"La propuesta de reforma impulsada por el Ejecutivo no responde a una revisión integral del sistema judicial, ni garantiza una mejor y más cualificada impartición de justicia, más aún, afecta la autonomía del Poder Judicial y pone en entredicho la división de poderes que establece nuestra Constitución (…) Por tal motivo pedimos que se escuche el punto de vista de los integrantes del Poder Judicial de la Federación, a los Jueces y Magistrados, ministros y ministras".

Las Mujeres Abogadas de México se pronunciaron en contra de la reforma al Poder Judicial porque consideran que implica un retroceso para la igualdad de género.

“La propuesta de reforma judicial implica un retroceso en la igualdad de género considerando el avance logrado por aquellas juezas y magistradas que lograron romper el techo de cristal, pues ese logro se verá destruido con su remoción del cargo, desconociendo una lucha que se ha venido gestando en las últimas décadas”, alertaron.

Organizaciones como México Unido Contra la Delincuencia sostuvo que lejos de atender las causas estructurales de la impunidad y las fallas en la justicia, hará más caro, lento y complejo el funcionamiento del Poder Judicial.

“La reforma afectará directamente a la ciudadanía e impondrá nuevas barreras al acceso a la justicia: alentará los procesos; retrasará o incluso reiniciará juicios enteros y limitará la capacidad de las personas a defenderse de leyes que violen los derechos humanos", destacó.

México Evalúa consideró que de aprobarse la reforma, se profundizará la percepción de corrupción e impunidad, pues hay riesgo de que las decisiones judiciales se politicen.

“La reforma tendrá impactos económicos que no han sido dimensionados, y por la incertidumbre jurídica que implica el debilitamiento de los poderes judiciales, podrían colocarnos como país de riesgo para la inversión", planteó.

Cámaras

El sector privado tanto de México como internacional han pedido a las autoridades mexicanas reconsiderar las implicaciones que podría traer la reforma judicial.

En México, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) planteó que la reforma judicial, de aprobarse, podría generar caída en inversiones y tener un impacto negativo de 0.3 puntos porcentuales en el PIB.

“En materia de empleo esto tendría un impacto importante. La sola reducción en la inversión implicaría dejar de crear poco más de 60 mil empleos. El menor avance del PIB total en un punto porcentual representaría dejar de crear 200 mil nuevos puestos de trabajo”, planteó el organismo.

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) también levantó la voz por la reforma judicial,la cual considera que tendrá un impacto en el desarrollo económico del país.

“Prestamos especial atención a la reforma al poder Judicial, debido a los impactos que tendrá en el desarrollo económico y escalamiento productivo de las micro, pequeñas y medianas empresas que mayoritariamente representamos”, dijo la presidente mando de Esperanza Ortega Azar.

La American Chamber of Commerce of Mexico (Amcham) manifestó su coincidencia con las declaraciones del embajador Ken Salazar y se pronunció a favor del diálogo para evaluar los impactos del cambio constitucional.

“Hacemos un llamado a continuar el diálogo para evaluar cuidadosamente las potenciales consecuencias de esta reforma y otras, y reafirmamos nuestro compromiso de colaborar en la creación de políticas públicas que fortalezcan la seguridad jurídica y la competitividad de México”, manifestó el organismo.

El Consejo de Empresas Globales pidió ajustes de aspectos que puedan afectar las inversiones en México.

“El actual proyecto de reforma contiene algunos aspectos críticos que deben ser ajustados para asegurar la certeza jurídica y evitar que se desincentiven las inversiones”, planteó en un comunicado.

Universidades

El rechazo a la reforma judicial también llegó a los salones de clase. Estudiantes de diversas universidades públicas y privadas han manifestado su preocupación por la reforma judicial y algunos de ellos salieron a las calles como los de la UNAM.

En la llamada marcha “En defensa del Derecho", estudiantes y académicos exigieron no desmantelar el Poder Judicial. Mientras caminaban gritaron consignas como ¡Si el pueblo se informa, no pasa la reforma!", "¡El Poder Judicial no se vende, se defiende!" y “México, aguanta, la UNAM se levanta”.

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La marcha de los estudiantes partió del Águila de la Facultad de Derecho de la UNAM hacia la sede del Consejo de la Judicatura Federal.

Además de la UNAM, otras universidades se han sumado al rechazo como la Universidad Iberoamericana, el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Universidad Panamericana (UP), Universidad La Salle México, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), ITESO Universidad Jesuita de Guadalajara, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), la Universidad Autónoma del Estado de México y la Escuela Libre de Derecho.

La Escuela Libre de Derecho manifestó su respaldo a los juzgadores en la defensa del Poder Judicial.

“No se debe tolerar la retórica de apoyar el proceso de reformas al Poder Judicial en una alegada democracia, cuando la consecuencia es socavar precisamente los pilares que la sustentan", expuso en un comunicado.

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales planteó que la reforma planteada no busca mejorar los procesos judiciales ni el fortalecimiento de la justicia local.

“La reforma no parte de un diagnóstico serio y basado en evidencia sobre las problemáticas reales que existen en materia de acceso a la justicia; no considera a otras instancias fundamentales para la atención de dichas problemáticas y su proceso de implementación ocasionara enormes costos económicos, una parálisis en la atención a casos y la inestabilidad en las instituciones judiciales", expusieron en un comunicado.

La Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac manifestó su respaldo a la defensa del Poder Judicial y de la división de poderes.

“La Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac México apoya firmemente la defensa de un órgano jurisdiccional independiente, imparcial y bien capacitado, en línea con los principios de ética y legalidad. … esencial para mantener una sana división de poderes en un estado constitucional y democrático de derecho”, dice en un breve posicionamiento.

Medios internacionales

El Financial Times, en su edición de este miércoles 4 de septiembre, incluyó en un artículo que aborda el panorama que se podría tener en México al aprobarse la reforma judicial.

El artículo escrito por Michael Stott, editor de América Latina del Financial Times, señala las múltiples preocupaciones que ha generado en el sector empresarial la reforma judicial propuesta por el presidente López Obrador, y avalada ya por los diputados.

Detaca que si bien el sistema jurídico en México necesita un cambio, ya que varios delitos quedan impunes y la corrupción es un gran problema, el temor entre los empresarios es porque los ajustes planteados por López Obrador empeoren las cosas al politizar la justicia.

"Imagina que eres el gerente de país para una empresa multinacional, luchando contra un competidor estatal que está compitiendo de manera desleal. Tus abogados dicen que tienes un caso sólido, pero el juez es un aliado del partido gobernante, el regulador es un funcionario del ministerio que posee a tu competidor, y la autoridad fiscal te está amenazando con encarcelarte mientras verifica si tus facturas podrían ser fraudulentas".

"Pesadillas como esta podrían ocurrir en Rusia, pero no es lo que esperarías en una nación norteamericana que es el mayor socio comercial de Estados Unidos. De ahí la alarma de los líderes empresariales sobre los planes de México para reescribir su constitución durante el próximo mes, para que los votantes elijan a todos los jueces (incluyendo la Corte Suprema), abolir reguladores autónomos y una serie de otras medidas", se lee en el artículo.

¿Qué dice el presidente?

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido que es necesario reformar al Poder Judicial, el cual, afirma, está marcado por la corrupción y defiende intereses de élite y no el de los mexicanos.

Con la aprobación de la elección de jueces, magistrados y ministros por voto, considera, los integrantes del Poder Judicial solo deberán responder al pueblo de México, pues no le deberán a nadie su cargo.

“Consiste fundamentalmente en que sea el pueblo el que elija a los jueces, a los magistrados y a los ministros... es para que los jueces y los magistrados y los ministros sepan que se deben a la voluntad del pueblo, que no le deben el favor a ningún partido, a ningún político, al presidente, a los senadores”, dijo el jueves 29 de agosto.

Sobre las críticas desde el exterior por la reforma, ha defendido que es un asunto que solo le corresponde a los mexicanos definir y lo está haciendo a través de procesos legales.

Por mayoría calificada de 357 votos a favor, 130 en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles 4 de septiembre en lo particular, con cambios, el dictamen que modifica diversos artículos de la Constitución Política, relativos al Poder Judicial. El dictamen fue turnado ya al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

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