Aunque se registraron 10 muertes violentas en Chiapas -menos que en Puebla- quizá es esa entidad del sureste en donde la violencia generalizada afecta al mayor número de habitantes de manera simultánea, pues esos homicidios dolosos se registraron en los municipios de La Concordia (5) y Pantelhó (5), pero en el ayuntamiento de Tila persiste el riesgo para más de 4,000 habitantes desplazados por el enfrentamiento entre grupos criminales.
En el caso de La Concordia, donde el 16 de mayo fue asesinada la candidata del Partido Popular Chiapaneco a la alcaldía, autoridades reportaron el viernes 14 el hallazgo de cinco cadáveres de hombres adultos asesinados con armas de fuego.
Elementos policiacos del estado y de la Guardia Nacional encontraron los cuerpos en la carretera entre las comunidades de Nuevo Paraíso e Independencia, así como un vehículo tipo Ranger abandonado y con impactos de arma fuego.
En Pantelhó cinco integrantes de una misma familia fueron masacrados también el día 14 por un grupo de hombres armados; el mismo día se reportaron enfrentamientos en la entrada principal de esa cabecera municipal.
La Fiscalía General del Estado reportó la detención de tres hombres, presuntos responsables, quienes fueron interceptados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Además de esos homicidios existe riesgo contra miles de pobladores de acuerdo a la alerta lanzada el lunes 10 de junio por la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (REDIAS), que denunció que en 10 ayuntamientos no sólo peligran adultos sino que está “en riesgo la vida de un aproximado de 200 mil niñas, niños y adolescentes”.
Estos son, de acuerdo a la organización, Tila, Acapetahua, Berriozábal, Chicomuselo, La Concordia, Oxchuc, Pantelhó, Rincón Chamula, San Fernando y Simojovel.
La alerta tiene que ver con la violencia que vivió el municipio de Tila el 4 de junio en que pobladores denunciaron un ataque masivo a la cabecera municipal, a manos de un grupo criminal.
El 8 de junio, la Fiscalía de Justicia de Chiapas reconoció haber realizado un “rescate” de 4 mil 187 habitantes de ese ayuntamiento chiapaneco, quienes desde el día 4 estaban escondidos “tras los actos de violencia suscitados en el lugar” y reportó que halló 17 inmuebles quemados y 21 vehículos incendiados y vandalizados.
Los habitantes fueron llevados a albergues temporales y este sábado 15 de junio aún permanecen ahí, aunque esta semana señalaron que la Secretaría del Bienestar buscaba que retornaran a sus viviendas con la promesa de que recibirían programas sociales.
Semana violenta
La semana inició con una masacre en León, Guanajuato, en donde un presunto grupo criminal asesinó a las 21:22 horas del domingo 9 de junio a seis personas, cuatro mujeres, un niño de dos años y un bebé de brazos.
El lunes, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez, pidió a la Fiscalía investigar “el actuar de los elementos de la Guardia (Nacional) en estos hechos tan lamentables. No puede ser que estén ingresando a los domicilios sin orden de cateo, si fuera el caso. Se debe revisar qué relación tienen con lo que pasa minutos después con el multihomicidio”.
El hecho llegó el martes 11 a la mañanera, la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, tras hacerse público el video en el que se apreciaba que a las 21:10, minutos antes del multihomicidio, elementos de la Guardia Nacional vestidos con ropa táctica y con las armas a la vista estuvieron en el domicilio de las víctimas durante siete minutos.
El mandatario dijo que los hechos no eran como se había señalado, aunque no dio más información ese día. El viernes 14 admitió que los elementos de la GN –mismos que fueron detenidos- serán investigados para saber si estuvieron implicados en la matanza.
De acuerdo con la grabación los elementos entraron a la vivienda ubicada en la calle Pénjamo, de la Colonia Industrial, con una bolsa negra vacía, tras permanecer unos minutos salieron con la bolsa llena y siete minutos después aparecieron los sicarios que asesinaron a las mujeres y los niños.
Sobrevivieron al ataque el padre de familia y su hijo, un adolescente, quienes se escondieron en la azotea. De acuerdo al primero, los elementos de la GN fueron a amenazar a su familia.