Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán , es señalado por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura.
Un juez concedió este viernes a la Fiscalía de Michoacán 16 órdenes de captura en contra de funcionarios y exfuncionarios vinculados al asesinato de cuatro personas en la localidad de Arantepacua, municipio de Nahuatzen. Ahí iba incluida la orden contra Silvano.
Entre los señalados también está el entonces secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, acusado por los mismos delitos que Silvano Aureoles.
Las otras órdenes giradas son para detener a 14 policías involucrados en el caso.
El 5 de abril de 2017 en Arantepacua, en el municipio de Nahuatzen, Michoacán, se registró un enfrentamiento armado entre elementos de seguridad pública de la entidad y comuneros de aquella demarcación.
En el enfrentamiento que duró más de una hora, en principio arribaron alrededor de 200 policías estatales y ministeriales con el objetivo de recuperar camionetas, camiones y tráileres. Posteriormente solicitaron refuerzos, por lo que llegaron a sumar 400 efectivos, además contaron con respaldo de dos helicópteros de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad, hasta que finalmente replegaron al grupo de comuneros, detuvieron a varios de ellos y les decomisaron armas de fuego.
El mismo día de los hechos, la Secretaría de Seguridad Pública estatal señaló que se quedaron aseguradas 15 armas de fuego (entre cortas y largas), que estaban en poder de los comuneros, y 10 personas fueron detenidas.
En ese momento, la SSP estatal manifestó que siete policías resultaron heridos (tres de ellos de gravedad) y que ingresaron desarmados a la comunidad y fueron agredidos con disparos de armas de fuego, accionadas desde diferentes puntos del cerro y del caserío.
Habitantes de la comunidad señalaron que los hechos no ocurrieron así, expresaron su inconformidad y exigieron la salida del Gobernador Silvano Aureoles Conejo debido a que el enfrentamiento generó un alto número de lesionados, así como al menos cuatro decesos y el reporte de 13 personas desaparecidas.
Además rechazaron que las armas decomisadas fueran de su propiedad, acusando que les fueron sembradas.
En su momento, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) inició de oficio una queja y solicitó la información correspondiente a las autoridades involucradas en los acontecimientos.
En marzo de 2025, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla aseguró que Silvano Aureoles es acusado por el delito de peculado por 3,400 millones de pesos.
Además se le acusa de haber ocasionado un desfalco de más de 30,000 millones de pesos al erario federal, de acuerdo con las fiscalizaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La Fiscalía General de la República (FGR) busca aprehender al exgobernador por presuntamente contratar con sobreprecios de 5,186 millones de pesos el arrendamiento y la construcción de cuarteles de la Policía estatal.
El exsenador Antonio García Conejo, hermano del exgobernador de Michoacán, asegura que la polémica se trata de una “persecución política”, ya que desde hace cuatro años el exmandatario estatal ha sido objeto de acusaciones sin pruebas.
También en marzo de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum precisó que la carpeta de investigación en contra del exgobernador de Michoacán es por una denuncia que se tiene desde hace varios años.
En 2024, Silvano Aureoles intentó buscar la candidatura presidencial de la oposición, sin embargo, el PRD -su partido- se quedó sin voz ni voto en la alianza con el PAN y el PRI.
