La iniciativa de reforma en materia de salud, propuesta recientemente por el presidente Andrés Manuel López Obrador, busca ampliar los servicios de salud que el Estado debe otorgar.
Sin embargo, especialistas del sector apuntan que no se acompaña de una estrategia real que permita financiar la atención médica gratuita a 64.7 millones de personas sin seguridad social.
El proyecto del Ejecutivo federal, que se entregó a la Cámara de Diputados el 5 de febrero, contempla modificar el párrafo del artículo 4 de la Constitución referente al derecho que tiene cualquier persona a la protección de la salud.
El texto vigente establece que “la Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general”.
Este párrafo fue agregado a la Constitución en una reforma de 2020 y considera, además, la creación de un sistema de salud para el bienestar que otorgue atención integral y gratuita a quienes no estén afiliados a la seguridad social.
Cuatro años después, López Obrador busca cambiar nuevamente la redacción de este artículo, a fin de que establezca la obligatoriedad del Estado a garantizar atención médica integral, universal y gratuita, incluyendo estudios médicos, intervenciones quirúrgicas y los medicamentos necesarios.
Aunque especialistas reconocen la necesidad de alcanzar en México una cobertura universal de salud, como recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuestionan la eficacia de la reforma sin recursos específicos para aplicarla.
El cambio constitucional que propone el presidente se relaciona con el nuevo modelo de salud que ha impulsado su gobierno, en el que el organismo IMSS-Bienestar está a cargo de los servicios médicos, las nóminas y recursos del personal sanitario, y de los hospitales y clínicas de 23 estados del país.
El año pasado se reformó la Ley General de Salud para legalizar la nueva centralización de los servicios de salud y el gobierno federal ha explicado que será el IMSS-Bienestar quien financie, con recursos estatales y federales, esta obligación.
Pero, a decir de Éctor Jaime Ramírez, legislador federal e integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, la reforma en salud será “puro humo” sin recursos suficientes para implementarla.
¿Qué tan relevante es la reforma Constitucional del Presidente en materia de salud?
— Dr. Éctor Jaime (@ectorjaime) February 7, 2024
SHCP dice que ⬇️
NO genera gastos
NO tiene impacto en los programas
NO tiene destino específico de gasto
NO genera atribuciones
¡En conclusión, la reforma es puro #Humo, NO sirve de nada! https://t.co/qfG31AkpmK pic.twitter.com/926eLue6cr
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) resolvió que esta iniciativa no tendrá un impacto presupuestario ni considerará mayores recursos, según un documento difundido por el diputado del PAN.
Sin embargo, acusa, los cambios en el sistema de salud ya han pasado factura a otras áreas. Es cierto que el IMSS-Bienestar ha recibido más presupuesto federal para operar, pero ha sido una reasignación de los recursos del sector.
Para 2024 la Secretaría de Salud contará con un gasto menor y el año pasado, según el diputado Ramírez, subejerció 60,000 millones de pesos en programas de atención a la salud, medicamentos y vacunación.
“¡No necesitamos reformas electoreras, necesitamos servicios de salud de calidad!”, afirmó en redes sociales el diputado y médico de formación.
A decir del doctor Gilberto Castañeda, investigador titular en el departamento de farmacología del Centro de Investigación en Estudios Avanzados (Cinvestav), las consecuencias de hacer grandes cambios sin recursos ya son conocidas, pues, sostiene, eso fue lo que hundió al sistema de salud: la poca inversión en el sector, que trajo consigo un déficit de personal e infraestructura.
La medicina que México necesita es fortalecer nuestro sistema de salud público con recursos suficientes",
Si, incluso, esta iniciativa considerara, como en el caso de la propuesta en materia de Bienestar y programas sociales, la obligación constitucional del Estado para que cada año disponga más recursos al sector salud, es poco el margen de maniobra que tiene el gobierno con los recursos públicos y una baja recaudación de impuestos.
“Si es un gobierno que está ya totalmente rebasado por las necesidades y el poco presupuesto que tiene, no hay forma de cubrir las necesidades fuertes que tiene este país”, explica Raúl Rodríguez, investigador de la Escuela de Negocios del ITESO.
En la iniciativa de reforma se plantea el fortalecimiento de la atención primaria en salud, es decir, resolver el 80% de los problemas médicos en clínicas y unidades del primer nivel de atención. La propuesta es una acción que ya se ha puesto en marcha y que también recomienda la OMS; pues disminuiría los costos al evitar que las personas lleguen más enfermas a los servicios de especialidad.
No obstante, se han descuidado los recursos destinados a las enfermedades costosas y de alta especialidad, de acuerdo con la Red por la Atención Integral de las Enfermedades Crónicas.
El fideicomiso destinado a estos graves problemas de salud, llamado Fondo de Salud para el Bienestar, ya no recibe recursos por obligación, como se hacía cuando operaba el Seguro Popular.
Por lo que aquella organización ha pedido al gobierno federal que destine 3% del PIB a la atención de las enfermedades crónicas y ha llamado a un diálogo a las candidatas y candidato a la presidencia de la República.
“Nuestra salud y atención tanto física como emocional debe ser la prioridad número uno para toda persona que aspire a ocupar un cargo público”, apuntan en la solicitud.
