Un grupo de niños y niñas juegan fútbol con un balón, imaginando las porterías entre los lazos que sostienen las lonas del campamento que mantiene la comunidad indígena frente al inmueble de Roma 18 en la Colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.
Los pequeños de origen otomí han hecho amistad con los hijos e hijas de migrantes provenientes de Haití y Honduras principalmente, unidos por el juego incluso cuando no comparten un mismo idioma.
Decenas de tiendas de campaña llenan la Plaza Giordano Bruno, espacio que migrantes –principalmente de Haití y Honduras– han convertido en un albergue improvisado a tan solo unos pasos de las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en la Ciudad de México.
Georgina Zepeda lleva sólo cinco días en una de esas tiendas de campaña con tres de sus hijos: una adolescente de 16 años, una niña de tres y un niño de dos años.
Madre soltera, salió hace tres meses de Tegucigalpa, Honduras, después de ser expulsada por una banda de Maras de su casa, desde donde vendía tortillas para mantener a su familia.
“Me pedían el impuesto de guerra, 200 lempiras diarias. A veces no vendía tortillas y no podía pagar, entonces me tocaba llevar a mis hijos a recoger leña para poder pagar y a mis hijos les daba tortillas nada más, me cansé”, cuenta Georgina.
Sus dos pequeños hijos juegan entre las tiendas de campaña, trepan en biciestacionamientos y jardineras, pierden sus sandalias mientras corren para mostrar a su madre una flor que acaban de cortar y sonríen cuando una persona se acerca para darles un dulce.
“No entienden que estamos migrando, para ellos todo es nuevo pero sé que esto les va a marcar la vida a ellos”, afirma su madre.
En cambio, su hija adolescente fija la mirada en el piso, habla poco con personas que no son de su familia y es precavida con los extraños.
La familia pasó Noche Buena y Navidad detenidos en una estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) y el 31 diciembre no contaban con dinero suficiente para hacer una llamada a Honduras.
“Hemos aguantado hambre, hemos dormido en el monte, en la calle, en parques y lo que más he temido es por mis niños, pero gracias a Dios cosas como una violación no hemos vivido”, dice Georgina.
Su objetivo era llegar a Estados Unidos, pero ha decidido pedir refugio en México para evitar viajar a la frontera norte, donde la presencia de grupos del crimen organizado hacen el trayecto más arriesgado, en especial para sus hijos.
Georgina sueña con poder enviar dinero a sus dos hijos que aún viven en Honduras, de 12 y 14 años; desea en un futuro cercano regularizar su situación migratoria para traerlos a México de forma segura.
A unos metros está la tienda de campaña donde Stephanie, 25 años, vive junto a su esposo y sus dos hijos, de siete y cuatro años, acompañada también de su suegra y una cuñada.
La familia salió hace dos meses de Choluteca, Honduras, con la mirada puesta en cruzar la frontera de México hacia Estados Unidos con su familia.
“Quiero tener una mejor vida para mis hijos, no hay trabajo en Honduras y la situación de las Maras está bastante peligrosa. El camino es lo más difícil pero estamos a la voluntad de Dios, echándole ganas”, cuenta.
Stephanie lleva tres semanas en el campamento de la Colonia Juárez y ha logrado sostenerse gracias a la ayuda de la gente, pues en Navidad y Año Nuevo le han regalado a sus hijos juguetes, ropa, alimento y dulces.
“Los niños se aguantan el sol, si tenemos que comer comen y si no no, pero la comida gracias a Dios no nos desampara, vienen aquí a regalar comidita y ropita para los niños”, explica.
Su hijo de siete años juega sobre la calle Roma con una patineta, mientras el pequeño de cuatro arma una retroexcavadora y un camión amarillos, juguetes que se han convertido en sus favoritos y lleva con él incluso a la hora de dormir. “A lo mejor va a ser ingeniero”, dice Stephanie.
Muchos de los regalos quedarán atrás cuando la familia reciba respuesta de la Comar a su solicitud de refugio y siga su camino hacia la frontera de México con Estados Unidos.
Al oriente de la ciudad se ha creado otra “pequeña Haití” junto al Bosque de Tláhuac, donde en diciembre el Gobierno capitalino confirmó el cierre del albergue para migrantes.
"Por un lado hay una atención humanitaria para los migrantes, por eso se puso un albergue en Tláhuac, aunque dicho albergue en este momento ya no está y ha habido la atención humanitaria para los migrantes que han llegado a la Ciudad de México”, dijo el jefe de Gobierno, Martí Batres, el pasado 12 de diciembre en conferencia de prensa al ser cuestionado sobre el tema.
Pese al cierre de dicho albergue, sobre la calle Heberto Castillo se mantienen un centenar de casas de campaña habitadas por migrantes originarios de Haití.
Shamai, de 36 años, viaja junto a su esposa y su hijo de dos años seis meses. Nació en Les Gonaïves, migró a Brasil donde nació su hijo, sin embargo decidió migrar de nuevo hace cinco meses con el objetivo de llegar a Estados Unidos y lleva tres meses en México.
Su pequeño llora sobre los brazos de su madre, quien lo sostiene para evitar que corra a jugar con otros niños sobre los carriles de la avenida ante el riesgo por el paso de los autos y camiones.
“Lo difícil es estar con el nene y mi esposa aquí en la calle, no tener un techo, no tener dinero, estar buscando qué comer”, cuenta Shamai.
Al estar en una alcaldía más lejana del centro de la Ciudad de México, la ayuda que llega a los migrantes de Haití que se mantienen alrededor del Bosque de Tláhuac es más escasa.
A la tienda de campaña de la familia de Shamai no han llegado regalos o donaciones para su hijo y el hablar poco español junto a la carencia de documentos que le permitan trabajar de forma legal, han hecho difícil conseguir recursos para mantener a su familia.
La situación se ha complicado desde el cierre del albergue donde contaban con dormitorios y áreas seguras para casas de campaña, alimentación, atención médica y módulos para trámites ante el Instituto Nacional de Migración (INM) así como la Comar.
“Del Gobierno no consigues nada, ya no ayudan en nada”, afirma Shamai, quien también espera la respuesta a su solicitud de estatus de refugio y conseguir recursos para seguir el camino con su familia hacia la frontera norte.
“Voy a Estados Unidos, aquí no tengo nada que hacer, no hay nada para mí, para mi hijo”.
La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) recibió en 2023 la solicitud de 140,982 personas para ser reconocidas en condición de refugio, ocupando el segundo lugar su oficina en la Ciudad de México con 30,872 peticiones, después de la sede en Tapachula, Chiapas, con 77,450 solicitudes.
El principal país de origen de las personas que solicitan refugio en México es Haití, con 44,239 peticiones, seguido de Honduras con 41,935 y Cuba con 18,386.
Cerramos el #2023 con 140,982 solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado en México, el mayor número registrado en la historia de la #COMAR 📊 pic.twitter.com/gviDrUHA9x
— Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (@comar_sg) January 3, 2024
De las personas migrantes en la Ciudad de México alrededor del 31% son menores de edad: 13% tienen de 0 a 6 años, 13% de 7 a 12 años y 5% de 13 a 17 años, de acuerdo con la Matriz de Seguimiento de Desplazamiento (DTM, por sus siglas en inglés) realizada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) con corte a noviembre de 2023.
La organización Save The Children revela al entrevistar a 600 personas de Haití en tránsito por México que 9 de cada 10 padece hambre durante su trayecto, 81.1% ha vivido en condición de calle, 63.3% no ha contado con acceso a sanitarios, 43.3% ha padecido alguna enfermedad y 77% ha sido víctima de algún delito.
“Las niñas, niños y adolescentes han tenido un impacto en su salud mental y emocional, el sentimiento más recurrente ha sido la tristeza, además 4 de cada 10 personas entrevistadas informaron que sus hijas/os presentan estrés y dificultad para dormir; 1 de cada 3 tiene falta de apetito y el 40% de niñas y niños no asiste a la escuela”, indica la organización en el estudio.
Save The Children ha llamado a las autoridades mexicanas a proteger el interés superior de la niñez establecido en la Constitución mexicana, sin importar su estatus migratorio, con acciones como acercar servicios de salud, alimentación y albergue, tener programas de reinserción escolar, acompañamiento en su lengua materna, apoyo psicológico y proteger la unidad familiar.
