Este miércoles, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, externó su rechazo a la iniciativa de ley antimigrante SB4, aprobada por el Congreso de Texas.
El gobierno de México señaló en un comunicado que esta ley pretende detener el flujo de personas migrantes, mediante su "criminalización", lo que resultará en la separación de familias, discriminación y perfilamiento racial.
"El Gobierno de México reconoce el derecho soberano de cualquier país de decidir las políticas públicas que deben ejecutarse en su territorio. No obstante, respetuosamente externa su derecho legítimo de proteger los derechos de sus nacionales en los Estados Unidos, así como el de establecer sus propias políticas de internación a su territorio. En ese sentido, el gobierno de México rechaza tajantemente cualquier medida que permita a autoridades estatales o locales detener y retornar a personas nacionales o extranjeras a territorio mexicano", se lee en el comunicado.
Aunque el gobierno mexicano reconoció la importancia de una política uniforme y consistente en materia migratoria, además de manifestar su respaldo al trabajo conjunto con el gobierno de Estados Unidos para buscar que la migración suceda de manera ordenada, segura, ordenada, regular y con respeto a los derechos humanos de las personas en situación de movilidad, expresó también su preocupación ante el paquete de medidas legislativas que la Cámara de Representantes del Texas aprobó.
"Afectará los derechos humanos de más de 10 millones de personas de origen mexicano que residen en Texas", señaló la SRE.
El gobierno mexicano advirtió que las medidas pueden propiciar ambientes hostiles y derivar en actos o crímenes de odio en contra de las comunidades migrantes.
"El Gobierno de México reitera su rechazo a cualquier medida que contemple el retorno involuntario de personas migrantes sin respeto al debido proceso", se apunta en el documento.
Además, se informó que, ante estas medidas, la Cancillería –a través de la Unidad para América del Norte y de la Dirección General de Protección Consular y Planeación Estratégica– instruyó a las once representaciones consulares en Texas aumentar sus encuentros con autoridades, aliadas, legisladores y agrupaciones de derechos civiles para reforzar la presencia en el estado, así como realizar jornadas informativas sobre dichas medidas legislativas.
Adicionalmente se informó que se programó una reunión de trabajo entre la Dirección General de Protección Consular y Planeación Estratégica y las personas encargadas de la Protección en Dallas, de las 11 representaciones mexicanas en ese estado.
El encuentro se realizará los días 16 y 17 de noviembre y tendrá como objetivo delinear las acciones adicionales y reforzar las acciones de asistencia y protección consular de la población.
El gobierno de México fijó su postura luego de que este martes la Cámara de Representantes de Texas dio luz verde a dos proyectos de ley fronterizos: el SB3, que destina más de 1,500 millones de dólares para muros y barreras, y el SB4, que vuelve un delito estatal ingresar ilegalmente al estado, le da a las autoridades locales la facultad de arrestar a los migrantes y empodera a los jueces para emitir órdenes de expulsión.
Si el extranjero no cumple con la orden del juez o tiene antecedentes criminales, se advierte en la iniciativa, el delito se convierte en grave y conlleva una pena de hasta 20 años de prisión.
