CNDH pide eliminar el Premio Nacional de DH
Este 8 de noviembre, la CNDH respondió a dicha solicitud y, a través de un comunicado, precisó que si bien el organismo coincide con la familia de las personas agraviadas en que dicho premio debería ser retirado, no se cuentan con herramientas ni mecanismos legales que le permitan dar marcha atrás en el otorgamiento de dicho galardón.
"La CNDH reconoce que el Premio Nacional de Derechos Humanos si bien en ocasiones ha sido entregado a personas de enorme valía y aportaciones reales a la defensa y promoción de los derechos humanos, que lo enaltecen, también fue usado, como en este caso, como un instrumento para intentar legitimar a personajes e instituciones serviles a las autoridades y los gobiernos en turno, que lo denigran, porque formaron parte del modelo de simulación de la defensa de los derechos humanos que desde un inicio fue esta Comisión Nacional", apuntó el organismo.
El organismo informó que Rosario Piedra Ibarra ya envió la solicitud a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, a fin de que el premio sea eliminado de manera definitiva.
Para ello, deberá reformarse la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, ya que "es necesario que existan otros mecanismos e instrumentos, con mucha mayor rigurosidad y que no se presten a negociaciones o acuerdos inconfesables que premien las simpatías o cercanías personales de quienes lo deciden", apuntó la CNDH.
El caso Wallace
En 2005, Isabel Miranda de Wallace denunció el secuestro de su hijo Hugo Alberto. El caso cobró notoriedad luego de que Miranda de Wallace investigó por su cuenta y dio con la banda que presuntamente secuestró y asesinó a su hijo. Desde entonces, el caso ha generado algunas polémicas por presuntas irregularidades en la investigación.
En 2015, la entonces Procuraduría General de la República (PGR, hoy FGR) informó que cuatro integrantes de la banda que secuestró a Hugo Alberto recibieron una sentencia condenatoria dentro de la causa penal 35/2006.
César Freyre Morales fue sentenciado a 131 años y seis meses de prisión, por delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, delincuencia organizada y portación de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
Juana Hilda González Lomelí también sentenciada a 78 años y nueve meses de prisión por delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, delincuencia organizada y portación de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
Tony Castillo Cruz y Alberto Castillo Cruz fueron condenados por su parte a 93 años y seis meses de prisión, respectivamente, por su responsabilidad en el delito de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro y delincuencia organizada. Además, todos recibieron una multa económica.
Brenda Queveado, detenida en 2007, está recluida actualmente en el penal de máxima seguridad El Rincón, en Tepic, Nayarit, en calidad de procesada. Lleva 15 años en prisión preventiva oficiosa y sin sentencia.