"Quiero hacer del conocimiento de todos ustedes que vía correo electrónico se me hizo llegar información de la cual se desprende que diversos personajes tales como Ricardo Raphael, Irma Eréndira y Netzaí, ambos de apellidos Sandoval Ballesteros, propusieron a Arturo Zaldívar liberar en primer término a Juana Hilda González Lomelí a cambio de fuertes sumas de dinero para lo cual lo pusieron en contacto con una persona interesada en liberar a toda la banda de secuestradores de mi hijo, ya que formaron parte de una de las células del cártel", aseguró.
La activista insistió en que es inadmisible y reprochable que quien encabeza uno de los Poderes de la Unión, "presumiblemente se encuentre coludido con el crimen organizado y que pueda intervenir directamente en los asuntos que se tramitan en cada una de las salas que integran la SCJN".
Además llamó a la FGR a que ante la denuncia interpuesta se actúe con la debida diligencia para resolver la carpeta de investigación que se inició en contra del ministro presidente de la SCJN, así como de las personas involucradas y aquellas que resulten responsables.
Esta denuncia es presentada luego de que el pasado 25 de mayo, la Suprema Corte aceptó ejercer su facultad de atracción para revisar un juicio de amparo presentado por Juana Hilda González Lomelí.
La resolución fue aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte con cuatro votos a favor de las ministras Norma Lucía Piña Hernández, Margarita Ríos Farjat y los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá.
Esto pese a que Miranda de Wallace pidió a los ministros ponerse del lado de la justicia y rechazar las "presiones" de su presidente, Arturo Zaldívar, para atraer el caso de su hijo secuestrado en 2005. Tras el fallo, la activista acusó que la decisión ya estaba pactada.
