Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad

Isabel Miranda de Wallace denuncia a Arturo Zaldívar ante la FGR

La activista informó que la querella en contra del ministro presidente de la Corte es por "amenazas y ejercicio indebido de funciones".
mié 10 agosto 2022 04:02 PM
(Isabel Miranda de Wallace, durante conferencia de prensa para dar detalles del proceso del caso de su hijo Hugo Alberto Wallace)
Miranda de Wallace dijo que fue enterada de que el presidente de la Corte tuvo ofertas de dinero a cambio de la orden para liberar a Juana Hilda González, una de las presuntas responsables del secuestro de su hijo.

La activista Isabel Miranda de Wallace anunció este miércoles que presentó una denuncia en contra de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por la presunta comisión de los delitos de corrupción, tráfico de influencias, amenazas y ejercicio indebido de funciones, vinculado al caso del secuestro de su hijo, Hugo Alberto Wallace Miranda.

En conferencia de prensa, la presidenta de la asociación Alto al Secuestro, acusó que existe un interés personal y económico del ministro presidente de la SCJN de resolver a favor el amparo que fue tramitado por Juana Hilda González Lomelí— acusada de participar en el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace —, el cual se encuentra en la Primera Sala del máximo tribunal del país.

Publicidad

"Quiero hacer del conocimiento de todos ustedes que vía correo electrónico se me hizo llegar información de la cual se desprende que diversos personajes tales como Ricardo Raphael, Irma Eréndira y Netzaí, ambos de apellidos Sandoval Ballesteros, propusieron a Arturo Zaldívar liberar en primer término a Juana Hilda González Lomelí a cambio de fuertes sumas de dinero para lo cual lo pusieron en contacto con una persona interesada en liberar a toda la banda de secuestradores de mi hijo, ya que formaron parte de una de las células del cártel", aseguró.

La activista insistió en que es inadmisible y reprochable que quien encabeza uno de los Poderes de la Unión, "presumiblemente se encuentre coludido con el crimen organizado y que pueda intervenir directamente en los asuntos que se tramitan en cada una de las salas que integran la SCJN".

Además llamó a la FGR a que ante la denuncia interpuesta se actúe con la debida diligencia para resolver la carpeta de investigación que se inició en contra del ministro presidente de la SCJN, así como de las personas involucradas y aquellas que resulten responsables.

Esta denuncia es presentada luego de que el pasado 25 de mayo, la Suprema Corte aceptó ejercer su facultad de atracción para revisar un juicio de amparo presentado por Juana Hilda González Lomelí.

La resolución fue aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte con cuatro votos a favor de las ministras Norma Lucía Piña Hernández, Margarita Ríos Farjat y los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá.

Esto pese a que Miranda de Wallace pidió a los ministros ponerse del lado de la justicia y rechazar las "presiones" de su presidente, Arturo Zaldívar, para atraer el caso de su hijo secuestrado en 2005. Tras el fallo, la activista acusó que la decisión ya estaba pactada.

 

El caso Wallace

En 2005 Isabel Miranda de Wallace denunció el secuestro de su hijo Hugo Alberto.

El caso cobró notoriedad luego de que Miranda de Wallace investigó por su cuenta y dio con la banda que presuntamente secuestró y asesinó a Hugo Alberto. Sin embargo, este asunto también ha generado algunas polémicas por presuntas irregularidades en la investigación.

En 2020, expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas concluyeron que Brenda Quevedo Cruz, detenida en 2007 y procesada por el secuestro de Hugo Alberto, fue torturada y se encuentra detenida de manera arbitraria, pues lleva 15 años sin recibir sentencia de primera instancia. La ONU pidió su liberación inmediata.

"Tras pasar más de una década en prisión preventiva, la señora Brenda Quevedo Cruz debe ser liberada, con garantías de acceso a una reparación integral", indicaron los expertos en octubre del 2020.

Sobre este caso también se ha pronunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se comprometió a cumplir con esta recomendación.

"El Estado mexicano tiene que reparar los daños y tiene que cumplir con las recomendaciones de organismos internacionales", expuso.

 

En 2015, la entonces Procuraduría General de la República (PGR, hoy FGR) informó en un comunicado que cuatro integrantes de la banda que secuestró a Hugo Alberto recibieron sentencia condenatoria dentro de la causa penal 35/2006.

César Freyre Morales, quien fue sentenciado a 131 años y seis meses de prisión, por delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, delincuencia organizada y portación de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

Juana Hilda González Lomelí, sentenciada a 78 años, nueve meses de prisión por delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, delincuencia organizada y portación de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

Tony Castillo Cruz y Alberto Castillo Cruz fueron condenados por su parte a 93 años y seis meses de prisión, respectivamente, por su responsabilidad en el delito de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro y delincuencia organizada. Además, todos recibieron una multa económica.

Publicidad
Publicidad