Este lunes 6 de septiembre, el mandatario federal dijo que se construirán 38 cuarteles de la Guardia Nacional en Acapulco y explicó que en las nuevas instalaciones trabajarán de forma permanente 10,000 agentes de la Guardia, quienes actualmente fueron desplegados para atender la emergencia generada por Otis.
Luego de que Otis azotó Guerrero, el clima de inseguridad se exacerbó: en tiendas, casas, hoteles y negocios se registraron varios saqueos y robos, por lo que, con los escombros que el huracán dejó, los habitantes se vieron orillados a crear barricadas y se armaron con machetes, palos y piedras.
Aunque al día de hoy la seguridad en Acapulco ya fue reforzada, a 12 días de que el huracán tocó tierra, en Guerrero se siguen contabilizan homicidios dolosos, al menos 21 homicidios, según información de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).
El día más violento se registró el pasado 2 de noviembre, en plena celebración del Día de Muertos, mientras que se mantuvo un saldo blanco el 28 y 29 de octubre. Durante los demás días los homicidios oscilaron de uno a tres casos.
"El desastre no debe ser pretexto para militarización"
La organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) alzó la voz el pasado 1 de noviembre e hizo un llamado para que, ante la situación de emergencia en distintos municipios costeros de Guerrero por el paso del huracán Otis, "los gobiernos federal, estatal y municipal presenten públicamente una estrategia de seguridad ciudadana integral de corto, mediano y largo plazo, distinta a la del despliegue indiscriminado de fuerzas militares y del establecimiento de cuarteles militares de la Guardia Nacional".
"Es apremiante atender en el corto plazo la seguridad de las familias afectadas, pues reportes de prensa y habitantes destacan que a la carencia de insumos y servicios básicos se suma una profunda preocupación por su integridad y seguridad, por ejemplo, ante el aumento de intentos de robos a casa habitación, pero esto no debe ser un pretexto para profundizar la militarización de la entidad", apuntó la organización.
México Unido Contra la Delincuencia hizo hincapié en que esta estrategia integral de seguridad para Guerrero debe incluir a todos los actores sociales civiles, pues "la seguridad pública está constitucionalmente a cargo de policías y fiscalías".
"La intervención militar debe estar coordinada por autoridades civiles y centrada en tareas de auxilio, atención a daños, salvamento, aprovisionamiento y servicios estratégicos como restablecimiento de infraestructura y de seguridad extraordinaria y temporalmente –por ejemplo, en áreas rurales afectadas–, pero sin excluir con esto la participación de otros actores sociales que puedan prestar auxilio social".
"La respuesta no puede ser sólo militar y muchísimo menos pretender que la solución será la presencia indiscriminada de militares y cuarteles de la Guardia Nacional –un cuerpo de seguridad militarizado– sin definir temporalidad y objetivos", apuntó.
México Unido Contra la Delincuencia destacó que importante el restablecimiento de servicios de infraestructura, refugio, víveres, salud y alimentos, además de la protección a la seguridad e integridad de las familias.
Con información de Lidia Arista.