El difícil plan de AMLO para comprar hospitales de asociación pública-privada

Y, aunque no ha presentado un plan claro para la transacción, ya firmó un decreto donde se ordena el traspaso de algunas de estas unidades médicas al organismo IMSS-Bienestar.

Sin embargo, expertos del sector consideran que sería difícil concretar la compra, al menos que el gobierno federal pague menos a las empresas, que les rescinda los contratos o que aplique recortes presupuestales a otros rubros.

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Los hospitales APP

Desde el sexenio del expresidente Vicente Fox se comenzaron a construir hospitales bajo el esquema APP. Este modelo implica diseñar, construir, operar y mantener los hospitales con dinero privado a cambio de que el gobierno federal pague un monto anual por entre 20 y 25 años para cubrir el costo.

Hay 12 hospitales que actualmente funcionan bajo este esquema, calificado como leonino por López Obrador:

"Son buenos negocios para estos empresarios, pero muy malos negocios para los mexicanos, porque se paga muchísimo", declaró el 13 de julio.

Tras presentar un avalúo, el presidente dijo que su gobierno podría comprar nueve de estos hospitales: tres pertenecen a la Secretaría de Salud, dos al IMSS y cuatro al ISSSTE. Se ubican en Chiapas, Nayarit, Yucatán, Ciudad de México, Tabasco, Tamaulipas, Guanajuato y Estado de México.

Cifras que el mandatario federal ha presentado en sus conferencias matutinas arrojan que por esos nueve hospitales se deben pagar 93 mil millones de pesos y, a la fecha, se han cubierto 23 mil millones.

La apuesta del gobierno es pagar un total de 5,600 millones de pesos a las empresas concesionadas, costo que se cubriría en un año. De seguir cubriendo el pago anual, de alrededor de 5,000 mil millones, el gobierno pagaría 16 veces más, calculó el mandatario federal.

Sin embargo, fuentes relacionadas con la construcción de infraestructura hospitalaria estiman que con esa cifra el gobierno pagaría menos de lo estipulado en los contratos y, en todo caso, tendría que anular los acuerdos.

Además, el presupuesto que el Ejecutivo propone para 2024 ha sido señalado por incluir una gran deuda que heredaría a su sucesor o sucesora. Con los hospitales APP pasaría algo similar: por los procesos legales, es probable que se tenga que resolver en el próximo gobierno.

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Administrar hospitales de especialidad

En un principio, los hospitales APP que se construyeron copiaron modelos de otros países, como de Reino Unido, donde este esquema ha funcionado, y con la premisa de que la industria privada tendría mayor capacidad de construir y equipar grandes hospitales en menor tiempo.

Aunque el gobierno federal no ha concretado la compra, ya publicó un decreto presidencial que ordena transferir seis hospitales federales de alta especialidad al IMSS-Bienestar. Tres de ellos fueron construidos como APP, que también establecía que estas unidades médicas APP serían organismos descentralizados de la Administración Pública Federal a cargo del gobierno, que puede disponer de ellas, siempre y cuando cumpla los contratos celebrados con los privados.

Uno de estos hospitales es el Regional de Alta Especialidad del Bajío, ubicado en León, Guanajuto. El contrato de esta unidad médica de 247 camas se asignó en 2005 y establece que el gobierno pagará por su mantenimiento y operación un monto anual de 354 millones de pesos durante 25 años. A la fecha, quedan siete años vigentes de ese acuerdo.

También se decreta el traspaso del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010", por el que el gobierno federal paga anualmente 531 millones de pesos desde 2007 y restan nueve años para concluir el contrato firmado por 25 años.

El otro hospital APP es el Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, con un costo al año de 622 millones de pesos. El contrato inició en 2009 y duraría 25 años.

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A decir de Carolina Gómez Vinales, consultora en salud pública, uno de los problemas de este traspaso es que IMSS-Bienestar no tiene experiencia en la gestión de hospitales de alta complejidad.

“Ellos estaban muy enfocados, y esa era la tarea esencial, en el primer nivel de atención preventiva. Y tenían hospitales rurales de especialidades básicas, pero no conocen la alta especialidad”, advierte.

Irregularidades

Anteriormente, en 2018, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) había documentado irregularidades en los contratos de los hospitales APP.

De los contratos firmados con el IMSS para el diseño, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento de dos Hospitales Generales de Zona: uno en Bahía de Banderas, Nayarit, y otro en Tapachula, Chiapas; así como dos Hospitales Generales Regionales, uno en García, Nuevo León, y otro en Tepotzotlán, Edomex, la información de los pagos no se encontraba disponible en los estados financieros del Seguro Social al 31 de diciembre de 2017.

Sobre la fiscalización de tres proyectos APP del ISSSTE, en la Ciudad de México, Tepic, Nayarit y Villahermosa, Tabasco, que implicarán un monto total de 36 mil 503 millones de pesos a pagar en más de dos décadas, la ASF reportó que hubo deficiencias del instituto en la evaluación de costos determinados por los inversionistas.

Y una investigación liderada por Mauricio Hernández Ávila, ex director del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), concluyó que esos hospitales eran subutilizados: hacían un estudio clínico al día, trabajaban al 8% de su capacidad, utilizaban menos de la mitad de sus quirófanos y realizaban 20% de sus consultas médicas proyectadas.

Por esas fallas, el gobierno podría pagar más de lo que estima. Al hacerse cargo de los hospitales, tendría que asumir la responsabilidad de mejorar sus servicios.

“IMSS-Bienestar fue creado para un objetivo muy distinto, que era atender y proteger a las personas que vivían en las zonas rurales y en las zonas marginadas de este país. Y ya con esto le cambiaron el sentido totalmente y lo convirtieron de la noche a la mañana en un organismo descentralizado que tiene que administrar miles de millones de recursos, que no tiene experiencia para ello”, subraya la especialista.