"El gobierno ya no quiere que Emilio Lozoya hable y pide 30 mdd", acusa defensa

De acuerdo con el defensor del exdirector de Pemex, en abril de 2022, se había pactado con las autoridades el monto de 10.7 millones de dólares como reparación del daño. Sin embargo, durante la última audiencia esta cifra ascendió hasta los 30 millones de dólares, equivalentes a más de 500 millones de pesos mexicanos.

"No tiene justificación alguna, es una solicitud ilegítima", dijo el abogado en entrevista con Ciro Gómez Leyva. "La postura de la administración de Pemex, la respuesta frente al Juez de Control, es que era una instrucción institucional", agregó.

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Cabe recordar que el pasado 21 de julio, la UIF informó que durante la última audiencia llevada a cabo el 18 de julio, Lozoya afirmó que a su parecer, el monto de 30 millones de dólares planteado para una posible reparación del daño generado en los casos de Agronitrogenados y de Odebrecht, “raya en la extorsión” y contravenía los intereses del exfuncionario y las tres personas de su familia que se encuentran vinculadas a los casos.

La UIF precisó que Lozoya, siendo director de Petróleos Mexicanos, compró con sobreprecio la empresa Agronitrogenados y "causó graves daños al patrimonio de esta entidad pública y, por ende, a la Nación", además le acusó de haber recibido también una "mordida" por parte de Alonso Ancira.

"El 29 de enero de 2014, Pemex erogó 275 millones de dólares en la compra de una infraestructura industrial (Agronitrogenados) que no estaba en operación desde 1999. El sobreprecio de esta compra fue de 216 millones de dólares, es decir, Lozoya compró por 275 mdd algo que en realidad valía 58 mdd. En los años sucesivos, Pemex siguió haciendo gastos de rehabilitación de la infraestructura adquirida ilegalmente. Así, la operación fraudulenta de Lozoya, solamente en el caso de Agronitrogenados, le ha costado a México 760 millones de dólares", informó la dependencia.

"En esa operación de compra por parte de Pemex, Lozoya recibió como “mordida” de parte del vendedor Altos Hornos de México, representado por Alonso Ancira, una cantidad de al menos 8.4 millones de dólares a través de triangulaciones internacionales de lavado de dinero", agregó la dependencia.

De acuerdo con la UIF, el gobierno de México ha logrado recuperar de Alonso Ancira Elizondo, como reparación del daño, el sobreprecio de 216 millones de dólares, de los cuales ya se han pagado 104 mdd y Ancira tendrá que entregar a Pemex los 112 mdd restantes antes del 1 de diciembre de 2023.

Al respecto, Miguel Ontiveros insistió en que los 30 millones de dólares que se piden como pago de reparación de daño no tiene justificación alguna, pues insistió es una solicitud ilegitima.

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“Él se siente claramente engañado, decepcionado de las instituciones de la República. Renunció a su defensa en España confiando en la política anticorrupción del presidente de la República, vino, renunció, aportó elementos y colaboró constantemente incluso desde prisión con las instituciones”, dijo.

El abogado apuntó además que la "mordida" que acusa Emilio Lozoya recibió no aparece en ningún momento ni en ninguna parte de las carpetas de investigación, por lo que dijo es difícil que Lozoya y su defensa puedan llegar a un acuerdo para el pago de reparación de daños.

"El gobierno de México ya no quiere que Emilio Lozoya hable y por eso se le impone un monto de 30 millones de dólares que saben perfectamente no puede ni siquiera asumirlo por tratarse de un abuso de la autoridad, entonces nuestra postura es clara, dejamos una puerta abierta todavía ante la posibilidad de un acuerdo pero sabemos que el gobierno de México no quiere que Emilio Lozoya hable en relación a los hechos de corrupción del sexenio pasado y la forma de que no hable es ponerle una garantía impagable, por eso creemos que va a ser muy difícil llegar a un acuerdo", dijo el defensor.

Lozoya fue detenido en España en febrero de 2020, a petición del gobierno de México, extraditado en julio de ese mismo año, luego de que aceptó someterse a un proceso penal en territorio mexicano y colaborar con las autoridades.

Desde hace más de un año, Lozoya permanece en prisión preventiva por el caso Odebrecht, toda vez que de acueerdo con el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, subsiste el riesgo de fuga por parte del exdirector de Pemex.