La decisión del juez de control Gerardo Genaro Alarcón se dio luego de escuchar a Lozoya y su madre Gilda Margarita Austin, también implicada en el caso, en la última audiencia intermedia, en la que la defensa del exdirector de Pemex y la Fiscalía General de la República (FGR) presentaron pruebas y alegatos.
Mientras que Lozoya lo hizo de forma presencial, su madre participó de manera virtual debido a su condición médica, considerada delicada. Dicha audiencia se llevó a cabo durante más de siete horas y se aplazó para un seguimiento hasta el próximo lunes en punto de las 14:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.
Lozoya todavía puede lograr el acuerdo pero por ahora no lo alcanzó por tiempo.
Durante la comparecencia de Lozoya frente al juez penitenciario del Reclusorio Norte, el juzgador descartó tres pruebas fundamentales de la FGR relacionadas con información de cuentas bancarias en paraísos fiscales en Suiza del exdirector de la petrolera mexicana, pues consideró que se violó el secreto bancario.
Con este pago, Lozoya y su equipo jurídico buscaban apegarse a un criterio de oportunidad y evitar los cargos penales por lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa en un juicio y una pena mínima de 39 años de prisión que solicita la FGR.
A la par, Lozoya enfrenta un segundo juicio por la compra a sobreprecio de la planta chatarra Agronitrogenados al empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), a cambio de sobornos.
La compra de Agronitrogenados -una planta que llevaba 14 años abandonada- costó al Gobierno en 2013 cerca de 650 millones de dólares en total, según datos de la Auditoría Superior de la Federación.
Por ambos casos, la Fiscalía mexicana pedía una condena de 54 años de prisión para el exfuncionario que encabezó a Pemex en la pasada administración. Sin embargo, la defensa legal de Lozoya plantea presentar un amparo para evitar que Pemex sea considerado como afectado y pueda evadir esta responsabilidad.
Lozoya, quien fue arrestado en España a principios de 2020 y extraditado a México a mediados de ese año, tiene dos casos abiertos ante la Justicia mexicana, ambos por corrupción y es el principal implicado del escándalo de sobornos de Odebrecht en México.
