El camino legal
A partir de las tres vacantes, el INAI, así como el Consejo Consultivo y organizaciones de la sociedad civil han recurrido a las vías legales para buscar que se ordene al Senado designar a las vacantes, o al menos a una, para permitir que el órgano autónomo de transparencia pueda sesionar de forma legal.
El 27 de marzo, el INAI promovió una controversia constitucional en contra del Senado de la República, ante la falta de nombramientos de personas comisionadas para integrar el Pleno.
La finalidad del organismo garante nacional es estar en posibilidad de cumplir con su mandato constitucional y garantizar los derechos humanos de acceso a la información y de protección de datos personales, permitiéndole sesionar con los cuatro integrantes en funciones, hasta en tanto concluya el proceso de nombramiento por parte del Senado de la República.
En mayo, la Corte admitió a trámite el recurso de reclamación interpuesto por el Instituto contra la negativa a su solicitud para poder sesionar de manera legal con solamente cuatro de sus siete integrantes. El análisis y elaboración del proyecto de sentencia se turnó al ministro Javier Laynez Potisek.
Ello, luego de que la ministra Loretta Ortiz Ahlf negó al Instituto la medida cautelar solicitada. "Se niega la suspensión, en los términos precisados en el presente acuerdo", resolvió el pasado 24 de abril.
Para el mes de abril, con 48 votos en contra de Morena y sus aliados, el Senado rechazó realizar el nombramiento de las vacantes del INAI, pese a que a recibir dos apercibimientos de una jueza por la omisión. Por el incumplimiento podría recibir multas y sanciones por resolución judicial.
El pasado mes de junio, la Comisión Permanente notificó al juzgado 17 en materia administrativa que fue votado negativamente el dictaminen para solicitar un periodo extraordinario del Senado que abordara el tema de los referidos nombramientos.
El bloque opositor en la Cámara Alta advirtió a Morena y aliados que se colocaron en desacato al no convocar al periodo extraordinario y, obstruir que el Pleno de la Comisión Permanente discutiera y votara el dictamen.
