"Cada día que se sigue limitando el funcionamiento de un instituto que vigila la rendición de cuentas en temas de información se atenta con los logros de más de 20 años a favor de la transparencia que permite un mejor Gobierno”, señalan las organizaciones firmantes.
De acuerdo con el INAI, hasta la fecha se han acumulado 6,764 recursos de revisión que no ha podido resolver por la falta de quórum legal.
“Perder al INAI o dejar que muera es renunciar a nuestra democracia, a nuestros valores que, como mexicanas y mexicanos, hemos tratado de construir y defender; son ustedes, somos nosotros, es México. No hay democracia que pueda vivir sin transparencia”, dijo hoy Blanca Lilia Ibarra, presidenta del INAI.
“Este gobierno quiere que permanezca inoperante el INAI para poder ocultar todas sus corruptelas. ¿Dónde quedó la promesa del combate a la corrupción? Respaldamos la petición de más de 100 ONGs a la SCJN para votar en contra de la propuesta de la Ministra Loretta Ortiz. Exigimos transparencia YA”, señaló el presidente del PAN, Marko Cortés.
Loretta Ortiz, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), propone al Pleno declarar infundada la controversia constitucional mediante la cual se busca designar a los comisionados faltantes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
El proyecto de 98 fojas que será discutido la próxima semana, refiere:
“PRIMERO. Es parcialmente procedente, pero infundada la presente controversia constitucional. SEGUNDO. Se sobresee respecto de la alegada omisión vinculada a la vacante que generó el ex comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, en términos del apartado VIII de esta resolución”.
Y es que el pasado 27 de marzo, el INAI presentó una controversia constitucional ante la Corte mediante la cual busca que se designe a los integrantes faltantes del Pleno.
Lo anterior, anticipándose a la salida del Acuña Llamas, prevista para el 31 de marzo, por lo que a partir del 1 de abril, el Instituto dejó de sesionar y no fue sino hasta el pasado 5 de junio cuando retomó sus labores, pero solo para atender casos del 2021 y 2022, derivado de tres resoluciones judiciales.
El Senado de la República se ha negado a nombrar las tres vacantes pese a que ha recibido apercibimientos por parte de otras autoridades.
