Con o sin decreto, el Congreso quedó excluido de información sobre Tren Maya

Baile de las cifras y sobrecostos

Lo más importante, el costo del proyecto y de la obra, ha ido cambiando constantemente y, paradójicamente, ha habido más “datos” en las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador que semanalmente trata el tema –entrega numeralias, videos y presentaciones en PowerPoint– que información o documentos entregados oficialmente ante el Congreso de la Unión, lo que ha impedido que los legisladores revisen la toma de decisiones o evalúen el ejercicio del gasto.

La evidencia es que domina la desinformación ante el Congreso, particularmente en materia de recursos. En 2018, se anunció que se destinarían 120,000 millones de pesos para la obra. Después la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) corrigió y dijo que serían 167,341 millones de pesos.

En octubre de 2021, el entonces responsable de la obra, Rogelio Jiménez Pons, ahora extitular del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), reveló en el Senado que el costo sería de 230,000 millones de pesos.

Pero en el último informe de avance trimestral 2022 de la SHCP se reporta que ya llevan invertidos 225,476 millones de pesos, a lo que se sumarán otros 143,073 millones de pesos más aprobados en el presupuesto 2023.

“Esto podría tener un costo de 368,549 millones de pesos”, advierte en entrevista el diputado Héctor Saúl Téllez, integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados.

“Es decir hoy la obra tiene un sobre costo de 248,549 millones de pesos en caso de que se concluya en tiempo. Ha habido una opacidad, un desorden administrativo y una danza de cifras de modo que ni siquiera se ha informado al Congreso sobre el estado real de la inversión y del avance de las obras lo cual es irregular”, afirma el legislador del PAN.

Así, no sólo vía decretos el presidente Andrés Manuel López Obrador ha logrado mantener reservada información sobre esa y otras megaobras, sino que sin necesidad de esa declaratoria –ahora invalidada totalmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)– se ha marginado al Congreso de cualquier participación y conocimiento certero de la situación de la obra.

Bloqueos de comparecencias

En el Senado han sido bloqueadas al menos cinco solicitudes de comparecencia específicamente sobre el Tren Maya; también se han negado aprobar las peticiones para realizar visitas de inspección, o realizar requerimientos de datos sobre impacto ambiental del tramo 5 del Tren Maya y medidas de protección de la Selva de Quintana Roo y su biodiversidad.

Sólo ha habido una comparecencia, en 2021, la del extitular de Fonatur, Jiménez Pons.

Y ante la Cámara de Diputados incidentalmente ha habido reuniones con los titulares de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco; la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores, y el exsecretario de Comunicaciones, Jorge Arganis, pero para tratar otros temas.

No han aportado mayor información sobre la nueva infraestructura ferroviaria, por no ser los responsables directos de la ejecución de la obra.

Es la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) la que tiene a su cargo la información y el pulso de los trabajos, y con el general secretario Luis Cresencio Sandoval hay diálogo, pero no hay información, afirma el diputado Sergio Barrera, de Movimiento Ciudadano.

“Es muy desafortunado, por más que hemos insistido en un formato de comparecencia, o visita de revisión a las obras del Tren Maya para conocer el estatus de este y del aeropuerto de Tulum no se ha dado; desafortunadamente, nos cancelaron la última semana de abril, y así ya van tres años en opacidad", expuso Barrera, secretario de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados.

Frente al Congreso, el gobierno federal ha mantenido, según Barrera, “una secrecía total sobre el gasto, el impacto ambiental, los proyectos, el avance, todo desde la concepción, los permisos que no hubo, el daño a la selva”.

“El presidente no tiene un respeto por los demás poderes y la opacidad genera suspicacia más frente a informaciones sobre enriquecimiento de funcionarios”, destaca el legislador de MC.

Podría estar para 2024

En entrevista, el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del PAN, afirma que prevalece la incertidumbre sobre la conclusión de los trabajos y la puesta en marcha de la infraestructura.

De acuerdo con la SHCP, actualmente llevan 58% de avance físico de la obra, y ya llevan 200% más de sobre costo, “es decir que seguramente el costo va a seguir creciendo”, indica el panista.

Todo esto lo que revela, de acuerdo al legislador, es que “el Poder Ejecutivo ha hecho a un lado al Poder Legislativo; primero, a la hora que se forma el presupuesto, pues los diputados de Morena únicamente reciben instrucción de aprobar el presupuesto como como está planeado por el Poder Ejecutivo y les prohíben cambiarle hasta una coma, entonces desde ahí empezamos mal”.

Tampoco se permite a la Cámara ejercer su facultad de fiscalización, pues aunque la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realice su tarea, los legisladores no cuentan con respuesta a sus peticiones de información, de comparecencias o puntos de acuerdo, y por Morena “no transita ni siquiera un punto de acuerdo”, establece el diputado Téllez.

Y con el Ejército a cargo de la ejecución de obra el Ejecutivo cumplió con su propósito: “mantener oculto todo lo relacionado a obras civiles que por ese carácter no ameritaría que se consideren un asunto de seguridad nacional”, dice el legislador.

Ignorados

En suma, el Poder Legislativo ha sido ignorado en su demanda para conocer detalles sobre esa obra insignia del sexenio, al grado que el Instituto Belisario Domínguez del Senado elaboró un estudio para fundamentar que esa Cámara del Congreso sí tiene facultades para revisar las megaobras, realizar una evaluación de impacto y proponer modificaciones.

Los artículos 73 y 93 de la Constitución son el “fundamento constitucional de la participación de las y los senadores para solicitar información respecto de la construcción del Tren Maya (pues) radica en que es una vía general de comunicación en la que concurren los tres órdenes de gobierno en materia de asentamientos humanos; además, porque se refiere a una obra que detonará acciones de orden económico, de abasto de bienes y servicios social y nacionalmente necesarios”, se lee en el reporte.

En el documento "La información para evaluar el impacto del Tren Maya en el Senado de la República”, del investigador Cornelio Martínez, se concluyó que el Senado no sólo tiene facultades para expedir leyes en materia de asentamientos humanos, medio ambiente, economía, producción y abasto de bienes y servicios, sino que puede "en cualquier momento requerir información al Poder Ejecutivo y a los titulares de dependencias de la administración pública sobre esos asuntos de su competencia".

En contraste con las dependencias públicas mexicanas, evidenció además que ha sido la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Hábitat –con colaboración de Fonatur que tampoco ha aportado datos al Congreso–, la instancia que más datos ha dado sobre los impactos sociales y en infraestructura de esa megaobra, en un estudio realizado antes de que iniciaran trabajos del Tren y por ende, con conclusiones preliminares.

De acuerdo al documento Sistema de evaluación exante de los impactos generados por la estrategia de desarrollo integral de la región sureste de ONU-Hábitat 2020, las necesidades de equipamiento en salud derivado de la operación del Tren Maya se incrementarán en 25.4% y para satisfacer la demanda en atención a la salud serán necesarios alrededor de 8,000 establecimientos adicionales a los 31,567 existentes en la región.

El equipamiento educativo deberá aumentar un 29.4 % (4,200 unidades adicionales a las 14,334 existentes).

Para el año 2030, los turistas nacionales e internacionales que arribarán a la región serán cerca de 34.3 millones, según el documento.

Por otro lado, prevé disminución de pobreza y crecimiento de empleos, pero reducción de hablantes de lenguas indígenas.

Estos impactos, de acuerdo al estudio, serían también materia en la que el Congreso debe tener información para la toma de decisiones legislativas o presupuestales.

Pero conforme a lo programado por el gobierno del presidente López Obrador, en poco más de medio año se concluirá el Tren Maya y comenzaría a operar sin que se haya autorizado un presupuesto o realizado inversiones en esa infraestructura o se haya decidido un programa para reducir los impactos en el medio ambiente o en la población indígena, derivado de la mayor presencia turística, mayor demanda de servicios educativos y sanitarios.

El Congreso ha sido el gran ausente, por no contar con información.