Suprema Corte: un poder que el presidente considera incómodo para su gobierno

Es por ello que ven las acusaciones de altos sueldos en la Corte y de una presunta defensa a los intereses de grupos de élite como un pretexto para atacar a los ministros ante el freno que le han puesto a dos de sus proyectos clave: la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y la invalidez de la primera parte del llamado “Plan B” electoral.

¿Cómo es la relación del presidente con otros poderes?

En la primera mitad de su gobierno, López Obrador logró 55 cambios a la Constitución, sin embargo, en 2021, su partido perdió la mayoría calificada, por lo que sus iniciativas de reforma no han logrado quedar plasmadas en la Constitución y cuando han sido aprobadas por mayorías absolutas en el Congreso, han llegado a la Suprema Corte para definir su constitucionalidad. Ese fue el caso de la Guardia Nacional y su adscripción a la Sedena y el llamado “Plan B” electoral.

Al igual que otros expresidentes, a López Obrador le ha correspondido proponer algunos perfiles para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuatro para ser exactos: Juan Luis González Alcántara (2018), Margarita Ríos-Farjat (2019), Yasmín Esquivel (2019) y Loretta Ortiz Ahlf (2021).

El politólogo y académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Gustavo López Montiel, explica que quizá por tener un 36.6% de la Corte, el presidente López Obrador pensaba que sus proyectos no serían declarados inconstitucionales, sin embargo, al no suceder eso, la molestia del mandatario federal se ha acentuado.

“Normalmente, los ministros son más apegados a los Ejecutivos que los proponen, eso pasa en Estados Unidos o en otros países con regímenes presidencialistas. En México, los ministros propuestos por el presidente, son más proclives a votar en la línea del presidente. Lo hemos visto con las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, que han votado por los temas que al presidente le interesan”, explica.

Los votos de los cuatro ministros que fueron propuestos por López Obrador no han estado siempre a favor de su proyecto. En la votación para declarar la invalidez del Poder Judicial Juan Luis González Alcántara y Margarita Ríos-Farjat fueron dos de los ocho votos con los que se declaró la nulidad de la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas del llamado “Plan B” electoral.

Ello ha llevado al presidente a asegurar que se equivocó con los perfiles que nombró en la Corte.

“Me equivoqué, porque hice propuestas, pero ya una vez que propuse, ya por el cargo o porque cambiaron de parecer, ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia, ya actúan más en función de los mecanismos jurídicos. Y yo respeto eso, porque pues yo propongo, pero yo no quiero tener incondicionales, yo quiero que haya mujeres y hombres libres, conscientes y que al momento de tomar decisiones cada quien asuma su responsabilidad”, dijo el 2 de septiembre de 2022.

Esa “libertad” con la que han votado los ministros es algo que ha contribuido a la molestia del presidente.

López Montiel explica que al estar ya en la función, los ministros van mostrando cierta independencia de quien los propuso.

“Estos ministros y ministros comienzan a ser un poco más independientes en términos de la forma en la que votan y comienzan a configurar bloques distintos dependiendo de los contextos políticos que enfrentan porque al final las decisiones que toman en la Suprema Corte de Justicia son decisiones políticas no son únicamente legales”, sostiene.

Amenazas y presión a la Corte, aumentarán

La molestia del presidente Andrés Manuel López Obrador se tradujo en una embestida. Desde el Ejecutivo y Legislativo se propuso que los ministros sean electos por voto, que se revise el presupuesto que anualmente se les asigna e incluso se habló de un juicio político contra los integrantes de la Corte.

“En septiembre, antes de que yo termine, voy a enviar tres, cuando menos tres reformas hasta ahora, pero vienen otras sociales, voy a enviar tres reformas constitucionales: la del Poder Judicial, para que el pueblo elija a los ministros, como lo establecía la Constitución Liberal de 1857, en la época del presidente Juárez, que los ministros los elegía el pueblo”, lanzó López Obrador .

Para cambiar la forma en que los ministros se eligen, deberá reformarse el artículo 96 de la Constitución que establece que “para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado”.

Esa propuesta del presidente fue respaldada por el presidente del Senado, Alejandro Armenta, por el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier y por los gobernadores morenistas y aliados.

Si la relación entre ambos poderes ya es tensa, en el cierre del sexenio lo será aún más, advierten expertos, quienes explican que al presidente le molesta la autonomía de la Corte.

“Es el mismo discurso: son instituciones onerosas, que gastan mucho, que no tienen resultados en fin, es un poco como una obra de teatro que ya vimos y le resuena a su base electoral. Refleja la misma lógica: concentrar el poder”, refiere Fernando Nieto del Colmex.

En su columna "La SCJN, el asedio presidencial y las elecciones de 2024" ,el consultor de Integralia, Juan Manuel Ureiro Cueto, afirma que el presidente de la República intentará capturar a la Corte por la vía política.

"De ahí el anuncio del “Plan C”: además de retener la Presidencia de la República, buscará las mayorías calificadas en el Congreso para —a un mes de su salida del poder— reformar la Constitución y modificar la organización y funcionamiento del Poder Judicial de la Federación, con la SCJN incluida. De aquí lo extraordinario de las votaciones de 2024: los tres Poderes de la Unión estarán en juego", sostiene.

Una relación incómoda

Para los analistas, es importante recordar que desde que inició su gobierno, no hay semana en que el presidente de la República no haya dejado de criticar al Poder Judicial; a los ministros los ha acusado de “corruptos”, “alcahuetes”; los llama “su alteza serenísima”, hasta de funcionarios “maiceados”. A la institución, la ha cuestionado de ser la Suprema Corte del Derecho y no de Justicia, de ser un Poder Judicial podrido.

Destaca que bajo la presidencia de Arturo Zaldívar, la relación entre el presidente y la Corte gozó de cierta calma, sin embargo, con la llegada de la ministra Norma Piña a la presidencia del Poder Judicial, intensificó los ataques.

El “quiebre” del presidente López Obrador se dio cuando el máximo Tribunal de Justicia del país declaró inconstitucional la adhesión de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas.

“Ocho ministros de la Suprema Corte, con excepción de tres, actuaron de manera facciosa el día de ayer, y no con criterio jurídico, sino político, defendiendo las antiguas prácticas del régimen autoritario y corrupto caracterizadas por la injusticia, el contubernio y la subordinación de las autoridades a la delincuencia organizada y a la delincuencia de cuello blanco”, dijo el 19 de abril.

Días después, el presidente acusó a los ministros de intentar negociar la fecha para que la Guardia Nacional vuelva a ser administrada por la Secretaría de Seguridad Pública y reveló que dio la instrucción a su gabinete de no tomarle la llamada a nadie del edificio vecino.

“Empezaron ahí hasta mandándonos a decir que por qué no se negociaba para que entrara en vigor después. No, le dije al secretario de Gobernación y a la secretaria de Seguridad Pública: No, nada de negociación, esto tiene que ver con la dignidad, nosotros no hacemos acuerdos en lo oscurito”, dijo sobre el supuesto mensaje que envió la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña y otros ministros.

Cuando nueve ministros de 11 declararon la invalidez de la primera parte del Plan B, el presidente tronó contra el Poder Judicial y afirmó que está podrido.

Al igual que en su momento lo hizo con el Instituto Nacional Electoral, y con los autónomos, el presidente de la República ve hoy en la Corte un enemigo a su proyecto de transformación.

Los votos de 2024 determinarán qué tanto puede incidir el presidente en la configuración de la Suprema Corte. Si los ciudadanos le conceden la mayoría calificada en ambas Cámaras, entonces el Poder Judicial será tocado por el Ejecutivo y Legislativo.

"Desde 1994, que se dio la última reforma importante al Poder Judicial, se plantearon mecanismos que garantizarían autonomía o independencia del poder judicial con respecto a nosotros poderes, sino también la imposibilidad de nosotros poderes de poder,incidir en el Poder Judicial a partir de la configuración un órgano colegiado fuerte como lo es la Suprema Corte de Justicia", explica López Montiel.

Este jueves 18 de mayo podría darse un nuevo fallo adverso al presidente, cuando se analice el decreto mediante el cual declaró de interés público y seguridad nacional todos los proyectos y obras de su gobierno.