Por Jean Luis Arce
La muerte de 39 migrantes en un centro de detención de Ciudad Juárez es la más reciente tragedia de una crisis agravada por la presión de Estados Unidos sobre México para contener masivos flujos de indocumentados.
Las circunstancias del incendio del lunes pasado evidencian los costos que México asumió para aplicar las políticas que Washington impuso durante el gobierno de Donald Trump (2017-2021) y que persisten bajo el de Joe Biden.
"Lo que pasó en Ciudad Juárez es la olla de presión de las políticas de Estados Unidos", dijo a la AFP Eunice Rendón, especialista en migración.
Se refiere a la acumulación de decenas de miles de extranjeros en la frontera como consecuencia de los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP o "Quédate en México") y el Título 42, decretos de la era Trump.
Como parte de esas medidas, México recibe a las personas rechazadas por autoridades estadounidenses o que aguardan sus audiencias.
El Título 42, que expira en mayo, autoriza las expulsiones exprés bajo la excusa de la pandemia, mientras el MPP –ya desactivado– obligaba a los migrantes a esperar en México respuesta a sus solicitudes de asilo o refugio.
Como excepción al Título 42, Biden activó una aplicación móvil –CBP One– para pedir citas de asilo, que según los migrantes está saturada.
Solo en el año fiscal 2022 se contabilizaron 2.3 millones de arrestos y expulsiones, cinco veces más que en 2020.
Los migrantes permanecen en las ciudades fronterizas sin empleo ni recursos, lo que incluso ha "dañado" su salud mental, advierte Rendón.
Los albergues están desbordados y muchos viven en la calle, poniendo una presión en localidades como Ciudad Juárez o Matamoros. Aun así, prefieren esperar en la frontera por una respuesta o para intentar un cruce ilegal.
Días antes de la catástrofe, que dejó además 27 heridos graves, el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, advirtió que la "paciencia" hacia los migrantes se estaba "agotando".
Un informe de la Organización Internacional para las Migraciones señala que desde 2014 unas 4,400 personas han muerto o desaparecido en esta frontera de 3,180 kilómetros.
Desde 2019, el gobierno mexicano desplegó más de 20,000 militares en sus fronteras, bajo la amenaza de sanciones comerciales del gobierno de Trump. Así buscaba contener el ingreso de migrantes desde Centroamérica y que se repitieran caravanas como las de 2018.
"Las autoridades mexicanas siguieron colaborando con las estadounidenses para impedir que personas de otros países buscaran seguridad en Estados Unidos", señaló Amnistía Internacional en su informe anual sobre los derechos humanos publicado esta semana.
Según esa organización, agentes mexicanos recluyeron al menos a 281,149 personas en "centros de detención migratoria masificados" y expulsaron a unas 98.299, mayoritariamente centroamericanos. Entre estos había "miles" de menores no acompañados.
A México "le está tocando ese papel de hacer el trabajo sucio", dice Rendón, quien reconoce, no obstante, que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha intentado una política "más humanista" hacia los migrantes, como en el otorgamiento de asilo.
También financia programas sociales en países centroamericanos y ha apoyado planes estadounidenses para admitir a miles de venezolanos.
La tragedia en Ciudad Juárez puede ser un punto de quiebre para que México renegocie los términos de la cooperación migratoria y exija más apoyo a Washington, coinciden analistas.
"Otros países que han tenido que hacerle el trabajo sucio a sus vecinos más poderosos (...) negocian de un modo que les permite desempeñar ese amargo papel de una manera mínimamente digna", declaró el analista político Carlos Bravo Regidor al canal ForoTV.
Los expertos consideran, no obstante, que López Obrador ha sabido rentabilizar ese papel en coyunturas como la pandemia, cuando recibió vacunas de Estados Unidos, y negociaciones internacionales sobre reducción de cuotas petroleras, que le eran desfavorables.
Pero "lo más importante en este caso no debería ser el gobierno, sino los propios migrantes que son los que terminan pagando todo el costo de esa mala negociación mexicana", apunta Bravo Regidor.
Rendón sugiere, por su parte, que mecanismos de cooperación vigentes como el "acuerdo bicentenario" –enfocado en combatir el tráfico de drogas y armas– debería traducirse en "recursos" para gobiernos locales, oenegés que apoyan a migrantes y el propio gobierno federal.
El gobierno "está rebasado en su capacidad para atender los flujos" migratorios, sostiene la experta.
De hecho, López Obrador ha sido particularmente crítico frente a la negativa del Congreso estadounidense de otorgar recursos a Biden para enfrentar la crisis.
