¿Por qué no fueron aceptados los cambios?
Tras la reforma a los estatutos del PRI se presentaron ante el INE tres escritos para invalidarla. Entre ellos, los de los senadores Miguel Ángel Osorio y la senadora Claudia Ruiz Massieu, además del exgobernador de Guerrero, Héctor Antonio Astudillo Flores.
El estatuto de ese partido ordena que las reformas estatutarias las debe hacer la Asamblea Nacional, o bien, el CPN si se dan tres excepciones: salvo que haya resolución de autoridades electorales, cuando por reforma legal se deban armonizar los estatutos o cuando haya un caso debidamente justificado, y con voto de dos terceras partes de sus integrantes.
El PRI alegó que el “caso debidamente justificado” es decretado por el mismo Consejo Político Nacional por lo que el INE se excedió al calificar qué está correctamente justificado o no.
Ninguna de ellas se acreditó, de acuerdo a la resolución del INE, pues el Plan B de reforma electoral no estaba vigente --y el 19 de diciembre ya había quedado congelado hasta febrero, de hecho se destrabó el miércoles pasado—además de que el contenido de esa reforma no obliga a realizar cambios a las normas internas del PRI.
“¿El punto es muy sencillo hay o no reforma legal?” expuso el consejero presidente, Lorenzo Córdova, al establecer que aún hoy, en que no sea promulgado, no hay reforma electoral, “los cambios los aprobaron cuando no había ley”.
Además “que hubiera elecciones locales no era impedimento legal” para convocar a Asamblea, mencionó.
El Plan B “era jurídicamente inexistente, incluso hoy mismo no se ha aplicado”, mencionó el consejero Jaime Rivera.
En maratónica sesión los consejeros resolvieron que el PRI incumplió el procedimiento estatutario para llevar a cabo su reforma estatutaria, pues “debió fundar y motivar su competencia en un caso debidamente justificado” lo que no ocurrió pues el Plan B no aplica.
Además, no se acreditó la competencia del CPN para llevar a cabo la aprobación de las enmiendas en LXII sesión extraordinaria pues “no fundó y motivó el caso debidamente justificado que le facultara para ello”.
