La aprobación del llamado "Plan B" del presidente Andrés Manuel López traerá importantes modificaciones a la tarea fiscalizadora del Instituto Nacional Electoral (INE), lo que ha dividido posiciones entre consejeros electorales y legisladores de Morena.
Y es que la fiscalización actual que realiza el Instituto asegura la equidad, la transparencia y la rendición de cuentas en los procesos electorales, federal o locales y evita que ingrese dinero indebido a las campañas electorales.
Sin embargo, para los consejeros Jaime Rivera y Dania Ravel, la aprobación del paquete de reformas busca debilitar o negar al INE los medios para realizar eficazmente esa función y en su caso, sancionar las infracciones en que incurran partidos y candidatos.
Contrario a ello, el senador César Cravioto (Morena) asegura en entrevista que el "Plan B" permitirá dejar atrás los “guardaditos” de los consejeros electorales, además el ingreso de dinero ilícito a las campañas, como ocurrió durante las administraciones priistas y panistas.
Mientras, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta, respalda las modificaciones que contempla la reforma electoral en materia de fiscalización tanto de partidos como de candidatos.
Incluso, explica que al igual que las instituciones públicas y privadas, los entes autónomos, como el INE, no están ajenos a la rendición de cuentas.
“Así que la fiscalización queda sin afectación. Un partido político en el ejercicio del gasto de sus prerrogativas, puede cualquier ciudadano exigir la rendición de cuentas y la transparencia. Si un ciudadano le solicita a un partido que rinda cuentas sobre las prerrogativas específicas de un año, el ente público que se encarga de la rendición de cuentas, tienen la obligación de rendirlo y la autoridad de fiscalizarlo”, acota.
Y, en el caso de detectar alguna irregularidad, debe investigar, sin menoscabo de la función que le compete a la función de los estados o de la Fiscalía General de la República en materia de delitos electorales.
“Así que no es un asunto de que con esta modificación a la ley (en materia de fiscalización), los partidos van a poder ejercer sus recursos públicos, sin ningún tipo de fiscalización. Eso no es así”, expresa.
Entre sus atribuciones, el INE tiene la facultad de revisar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos públicos que se entregan a los partidos políticos, para comprobar que sean utilizados de manera correcta y conforme a lo establecido por la normatividad. A ello se le denomina fiscalización.
Bajo ninguna circunstancia, los partidos políticos o candidatos podrán recibir aportaciones o donativos en dinero o en especie de Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial (local y federal), dependencias públicas, partidos políticos, iglesias, organizaciones civiles ni mercantiles; tampoco de personas físicas con actividad mercantil, personas morales, mexicanas o extranjeras, colectas públicas, ni de personas no identificadas.
Y durante las precampañas y campañas, los partidos deberán informar en tiempo, a través del Sistema de fiscalización, sus ingresos y gastos “en tiempo real”.
Quien incumpla con la medida, perderá su derecho a registrarse como candidato, tal y como ocurrió en marzo del 2021, en los casos de Guerrero y Michoacán, con los morenistas Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón Orozco, respectivamente.
El consejero electoral Jaime Rivera asegura que el "Plan B" establece que no pueda negarse ni cancelarse el registro de una candidatura a aquellos candidatos que incumplan con su informe de gastos de precampaña.
“Sinceramente, esperamos que el Poder Judicial declare la invalidez o inaplicación de alguna de estas normas porque debilita sustancialmente la capacidad fiscalizadora del INE y si esta se debilita, se abre la puerta, se abre más margen para que haya ingresos ilícitos, gastos fuera de control y ventajas indebidas en la competencia electoral”, dice a Expansión Política.
Su par, Dania Ravel Cuevas no solo coincide con Rivera sino advierte que el referido plan del presidente Andrés Manuel López Obrador contempla sanciones “al gusto”, dado que éstas tendrán como “tope” el 25% y no el 50% que actualmente establece la ley electoral.
El consejero Rivera destaca que otras afectaciones en materia fiscalizadora que conlleva la reforma electoral es el hecho de que restará autonomía técnica constitucional a la Unidad Técnica de Fiscalización al convertirla en una Dirección Ejecutiva.
Además, dice, se restringirá la posibilidad de fiscalizar actividades irregulares que los sujetos realicen o que no estén previstos en los supuestos establecidos en la ley, dado que las modificaciones legales impedirán al Instituto cancelar candidaturas a quienes no cumplen con transparentar sus ingresos y gastos.
“La reforma propone que la violación de no entregar informes de ingresos y gastos de precampaña deje de ser sancionada de manera severa y establece una ampliación de los plazos en los cuales los partidos están obligados a reportar en el Sistema Integral de Fiscalización las operaciones de ingresos y gastos, lo que abre la oportunidad de simulaciones y ocultamientos de operaciones”, indica el consejero,
Ravel Cuevas lo resume: “Hay una cosa que es preocupante que tiene que ver con el hecho de que nosotros (el INE) no podamos establecer como sanción, ante el hecho de que no se presenten informes de gastos de campaña”.
Por ejemplo, que haya un rebase de tope de gastos de campaña, que no se puede establecer como sanción la pérdida del registro de la candidatura o la cancelación del registro la candidatura.
“Creo que esta es una de las situaciones más preocupantes en materia de fiscalización, porque no se va a inhibir este tipo de conductas. Entonces, podemos nosotros tener a un aspirante a una candidatura que no podamos comprobar los recursos que recibe, la procedencia de estos recursos, porque simplemente no presentó un informe de gastos de precampaña”, establece.
De acuerdo con Dania Ravel, otro riesgo que conlleva el "Plan B" es el hecho del monto máximo que el INE podrá cobrar a los partidos políticos derivado de sanciones, multas o descuentos por infracciones electorales, se reduce del 50% a 25%.
“Ahora, con la reforma, puede ser máximo el 25% de este financiamiento público. Esto que quiere decir que, de nueva cuenta, la facultad sancionatoria que tiene el INE se va a ver mermada, porque realmente no vamos a poder tener sanciones tan altas o por lo menos que tengan un impacto tan fuerte como las sanciones que actualmente imponemos”, explica.
Para impedir el mal uso de los recursos, desde 2015 los partidos están obligados a devolver a la Tesorería de la Federación (Tesofe) el financiamiento de campaña que no hayan ejercido, y a partir del 2018 estaban obligados a regresar los recursos públicos que cada año reciben para actividades ordinarias y específicas pero que no emplearan en el año en el que lo recibieron, así como todo monto de recurso cuyo gasto no comprobaran.
Tanto Jaime rivera como Dania Ravel destacan la posibilidad que les otorgará el "Plan B" a los partidos de poder generar ahorros en tiempos ordinarios.
“Lo que dice ahora la reforma es que pueden generar ahorros en periodos ordinarios para que después los puedan, a la mejor gastar en periodos de campaña. Entonces, ello puede ser algo que rompa la equidad de la contienda”, advierte Ravel.
Desde su óptica, la aprobación de esa medida traería una nueva “motivación” a los partidos que es la de “guardar ese dinero para utilizarlo en procesos electorales, cuando la ley establece que los gastos de los partidos deben corresponder a los fines para los cuales fueron destinados”.
Para el senador Cravioto Romero, el "Plan B" de AMLO permitirá dejar atrás los “guardaditos”, pero no de los partidios, sino de los consejeros electorales, además permitirá mejorar el ingreso de los recursos a candidatos y partidos, para evitar se repitan los casos Pemexgate, Amigos de Fox y Monex, entre otros.
“Se acaban los guardaditos del INE que es lo que menos les gusta. La reforma establece que cualquier ahorro que tenga el Instituto, ya no lo podrán utilizar en un fideicomiso para después, poder repartirlo discrecionalmente. Ese es uno de los temas que más les duele, por lo cual están llamando a la movilización del domingo”, plantea.
Pero, ¿se abre la puerta a dinero ilícito? -se le cuestiona.
-Bueno, dinero ilícito es precisamente parte de lo que no ha resuelto el INE, parte de sus deficiencias.
Hemos tenido campañas tras campañas con dinero ilícito. Nada más hay que acordarse del Pemexgate, de acordarnos de los Amigos de Fox, de Monex, de cómo llegó Samuel García a la gubernatura de Nuevo León. Entonces, es algo que no han resuelto los del INE y es parte de lo que va a mejorar ahora con el Plan B.
Además, destaca la importancia de que el INE deberá liquidar y reintegrar en el erario los recursos provenientes de los dos fideicomisos que constituyó para retener recursos públicos y destinarlos a su personal.
Para la revisión de ingresos y gastos de los partidos el INE cuenta con el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), una plataforma informática “muy robusta” que permite que los partidos reporten todas sus operaciones, sean de ingresos o gastos, en un plazo de tres días después de que los utilizaron, dice Jaime Rivera.
Ello, detalla, permite a los partidos llevar una contabilidad inteligente de sus ingresos y gastos, en tanto que la autoridad podrá dar un seguimiento más riguroso de los mismos.
“Pero, si un partido no reporta una operación dentro de los tres días siguientes a esta, incurre en una falta extemporánea que puede ser sancionada en forma leve o grave dependiendo del monto y la sistematicidad del retardo y, eventualmente del dolo que puede haber, al ocultar una operación”, resalta.
Los partidos, además de reportar ingresos y gastos ordinario, deben reportar gastos de precampaña y campaña.
En particular, hay una disposición en la ley, el artículo 221 de la Legipe, que obliga a los precandidatos a reportar su informe de gastos de precampaña. Esto se hace para que no haya ventajas indebidas, por lo que, si no entrega su informe de gastos de precampaña, pierde el derecho a ser registrado como candidato.
El consejero Rivera menciona que con el llamado Plan B, “desaparece la sanción”, pues el plazo para reportar sus informes de gastos se amplía de tres a 10 días sean de precampaña o campaña y a 20 días, para gasto ordinario.
“Ampliar el plazo a 10 días, significa que la Unidad de Fiscalización no podrá fiscalizar debidamente por lo que plazos de campaña son muy breves y se tiene que dictaminar pronto. Si los partidos reportan sus ingresos con 10 días posteriores a la operación de campaña y el INE solo cuenta con 45 días después de la jornada electoral para revisar y dictaminar todos los gastos, eso va a ser eventualmente imposible”, asegura.
Por otra parte, anota el hecho de que si un partido o candidato se tarda muchos días en reportar una operación “le da margen” para alterar, simular u ocultar alguna de estas operaciones y esto debilita a la fiscalización.
Además, asegura que el Plan B establece que el INE no podrá realizar investigación, fiscalización de actividades que no estén previstas expresamente como gasto ordinario y como gastos de campaña.
“Es decir, si eximen al INE de esa facultad, le impediría, por ejemplo, fiscalizar gastos que no son regulados, como por ejemplo en el caso de la revocación de mandato y que el INE no pueda fiscalizar los ingresos y gastos, aunque hubo un gran ocultamiento”, advierte.
- ¿Se abre la puerta a ingresos ilícitos? -se le pregunta.
-Sinceramente, esperamos que el Poder Judicial declare la invalidez o inaplicación de alguna de estas normas porque debilita sustancialmente la capacidad fiscalizadora del INE y si esta se debilita se abre la puerta, se abre más margen para que haya ingresos ilícitos, gastos fuera de control y ventajas indebidas en la competencia electoral.
Ello, al recordar que el árbitro electoral presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional en contra del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022.
En tanto que está a la espera de que se apruebe el segundo paquete de reformas del Plan B, para acudir ante la Corte.
INE se extralimitó, plantea Morena
Sobre los casos Michoacán y Guerrero, el senador Alejandro Armenta considera que en ambos casos, el INE se extralimitó al cancelar la posibilidad de que tanto Salgado Macedonio como Morón Orozco, al negarles en su momento, su derecho de registrarse como candidatos.
“Puede haber posiciones a favor o en contra, pero se extralimitó. El órgano electoral violentó el derecho de un candidato por circunstancias que con criterio no correspondían a la sustitución de una candidatura”, argumenta.
