El Instituto Nacional Electoral (INE) reiteró que el Fondo para Atender el Pasivo Laboral y el Fondo para el cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria, que en conjunto tienen un saldo de 1,353.09 millones de pesos, se encuentran amparados en la ley, en su autonomía y con transparencia en su operación.
Además, del monto total, sólo 626.15 millones de pesos se encuentran disponibles, pero no pueden usarse para otros fines que los especificados.
Ello, en respuesta a los señalamientos del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Pablo Gómez, quien cuestionó la escasa instalación de casillas para el ejercicio de revocación de mandato celebrado el 10 de abril.
“La Constitución (35.I) señala obligatorio el voto en la revocación de mandato. La autoridad electoral nunca lo dio a conocer a la ciudadanía porque estaba en contra del procedimiento. No hubo todas las casillas porque el INE retuvo 1,360 millones en sus ilegales fideicomisos”, tuiteó el experredista el pasado 12 de abril.
El INE aclaró en un comunicado esta tarde de jueves 14 que el objetivo del Fondo para Atender el Pasivo Laboral es la protección de los derechos de las y los trabajadores.
Mientras que el fondo para el cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del INE, que también incluye el Fondo para la Atención Ciudadana y mejoramiento de módulos del INE, tienen funcionamiento diferente; es decir, destino u objeto, fuente de financiamiento, comité, reglas de operación, cuenta bancaria, entre otros.
De tal suerte que los recursos con que se cuenta en dichos instrumentos no pueden utilizarse para un fin distinto al que fueron creados, debido a que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece en su artículo 11 lo siguiente:
“… La unidad responsable de la dependencia o entidad con cargo a cuyo presupuesto se hayan otorgado los recursos, o que coordine su operación, será responsable de que se apliquen a los fines para los cuales fue constituido el fideicomiso”.
“Los fideicomisos no son ilegales. Se encuentran sustentados desde la Constitución Política que determina que el INE contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio de su función”, anotó el órgano electoral autónomo.
“En conjunto, los fideicomisos tienen un saldo de 1,353.09 millones de pesos, de los cuales sólo 626.15 millones de pesos se encuentran disponibles, pero no pueden usarse para otros fines que los especificados”, remarcó.
Uno de los debates en torno a los fideicomisos del INE surgió en medio del recorte a su presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2022 que aprobó la Cámara de Diputados por casi 5,000 millones de pesos y la negativa de otorgarle los 3,800 millones de pesos que solicitó de manera precautoria para realizar el ejercicio revocatorio.
En enero de este año, el gobierno federal presentó un plan de austeridad para el INE. En ese marco, Thalía Lagunas Aragón, oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, explicó que el saldo estimado de ambos fideicomisos asciende a 1,360 millones de pesos, de los cuales –dijo– se pueden disponer poco más de 868.7 millones de pesos.
Antes, en noviembre de 2021, Adán Augusto López, secretario de Gobernación, afirmó que pese al recorte de unos 5,000 millones de pesos que tendrá el presupuesto del INE para 2022, el organismo electoral podría organizar la revocación de mandato porque contaba con recursos económicos de fideicomisos.
“La Cámara de Diputados, tengo entendido que señala que el instituto sí dispone de ese dinero y que lo tiene en algunos fondos, en algunos fideicomisos. La situación es que el recorte o el no crecimiento presupuestal es del orden de los 5,000 millones de pesos”, explicó en aquella ocasión.
