El desmantelamiento del INE
Los consejeros indicaron que eliminar la estructura permanente subdelegacional del INE y reducir al mínimo el Servicio Profesional Electoral (SPE) impediría contar con personal calificado como lo ordena la Constitución.
Ello, dado que la reforma contempla eliminar el 84.6% de las plazas que hoy integran dicho servicio civil de carrera, lo que implicaría dejar sin empleo a cerca de 13 mil personas.
“Esta medida pone en riesgo la eficacia y eficiencia con que se desarrollan los procesos electorales y la atención en los módulos donde se tramita la Credencial para Votar con Fotografía”, resaltaron.
“La cuestión no solo es cuantitativa, sino cualitativa”, comentó a su vez el consejero José Roberto Ruiz, quien pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pensar que de un día para otro les dijeran que un 84% de jueces de distrito, que son sus jueces de batalla, se van o, que de un día para otro, les desaparezcan el Consejo de la Judicatura Federal (CJF)”, explicó.
Por su parte, el consejero Ciro Murayama destacó que la actualización del padrón electoral se realiza de manera constante en todo el país, a través de 900 módulos, donde diariamente acuden 125 mil personas, lo que supone el trabajo de gente profesional.
“No vayamos a volver a la época en donde los operadores políticos del gobierno, acaban instalando las casillas”, expresó.
Sobre el cese de Edmundo Jacobo, contemplado en el Plan B de la reforma electoral, Murayama mencionó que la Constitución establece su designación, además de que la Corte ya se pronunció al respecto.
“Ahora llega un transitorio y los legisladores se dan la potestad de remover un cargo que no les corresponde. Yo confío en la Corte y también en el Tribunal Electoral (del Poder Judicial de la Federación)”, planteó.
La reforma también incluye la compactación de calendarios y la alteración de procedimientos, algunos de ellos en temas altamente sensibles, como es la selección de los funcionarios de Mesa Directiva de Casilla que reciben y cuentan los votos.
“Esa alteración conlleva una afectación a las garantías orgánicas y procedimentales básicas que, hasta ahora, han permitido elecciones libres y auténticas”, plantearon los consejeros en su pronunciamiento.
