Eliminación del fuero queda fuera de la propuesta electoral de Sheinbaum

Este miércoles, durante la conferencia de prensa informó que aunque no está de acuerdo en mantener dicha protección, fue la Comisión Presidencial, la que decidió mantener el fuero sin cambios dentro de la propuesta.

Alfonso Ramírez Cuellar, vicecoordinador de los diputados de Morena, uno de los personajes que ha impulsado la desaparición de esta figura desde al año pasado, calificó como “lamentable” que en la reforma no se toque esta figura.

“Pues lamentable que no hayan puesto la decisión de erradicar el fuero. Creo que una de las luchas más importantes que tenemos que dar es la lucha contra la impunidad, la lucha contra los privilegios. Es una vergüenza nacional seguir teniendo ese privilegio absurdo”, comentó el legislador.

Agregó que eliminar esta protección constitucional es un recamo ciudadano y una deuda histórica en la lucha contra la impunidad.

¿Qué es el fuero?

Es fuero es una protección constitucional que tienen los diputados y senadores con el fin de impedir que sean detenidos o juzgados por delitos. Esta inmunidad procesal surgió para proteger la libertad de expresión de los legisladores y así evitar que sufrieran de persecuciones políticas.

El retiro de esta protección es un acto exclusivo de la Cámara de Diputados. Es un proceso que puede durar semanas o hasta meses, pues va a depender de la disposición política de los legisladores. En algunos casos, las peticiones para retirar el fuero, quedan archivadas.

El proceso comienza cuando un ciudadano o el Ministerio Público solicita el retiro de esta protección de algún legislador que es investigado por un delito. El caso se estudia en la Sección Instructora y después pasa al pleno de la Cámara de Diputados.

La Cámara de Diputados retira el fuero, pero no le corresponde juzgar. Solo quita la protección al legislador que es señalado de algún delito, para que posteriormente el servidor público pueda ser juzgado por las autoridades judiciales.

Legisladores con señalamientos

En las bancadas de Morena del Senado y de la Cámara de Diputados, hay legisladores que han sido señalados de algún delito, como en el caso de Cuauhtémoc Blanco, a quien su hermana lo acusó de intento de abuso sexual.

Desde 2024, su hermana Nidia Fabiola Blanco, lo señaló de intentar abusar de ella afínales de 2023 en la residencia oficial del gobierno de Cuernavaca, cuando el exfutbolita la encabezaba. Ella señaló que al principio guardo silencia por miedo.

Pese a que la Fiscalía de Morelos pidió en 2025 que le retiraran la protección constitucional, para que fuera investigado, la Cámara de Diputados decidió rechazar la petición al argumentar que la carpeta de investigación no estaba bien integrada. Con esta decisión finalizó el caso.

Mientras, el morenista continúa en su cargo como legislador y ha negado las acusaciones en su contra al afirma que se trata de una “guerra sucia” en su contra.

También está el caso de Adán Augusto López, quien era coordinador de los senadores. Él ha sido señalado de proteger al grupo criminal “La Barredora”, el cual estaba dedicado al narcotráfico y al huachicol en el estado de Tabasco.

Este grupo, que es célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), estuvo presuntamente encabezada por Hernán Bermúdez Requena, quien fue secretario de Seguridad durante el gobierno de Adán Augusto López, en dicha entdiad.

El senador morenista ha negado vínculo con dicho grupo criminal y ha asegurado que nunca sospechó de los nexos Bermúdez Requena con La Barredora.

“Si hubiese yo sospechado de él, pues inmediatamente lo hubiésemos separado del encargo”, declaró en julio de 2025.

Mientras, la presidente Claudia Sheinbaum ha asegurado que no existen investigaciones contra el senador desde la Fiscalía General de la República (FGR) o en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

También está el senador Carlos Lomelí, quien ha sido señalado de posibles delitos de cohecho, conflicto de interés, enriquecimiento oculto y tráfico de influencias.

Según una publicación de Latinus, el morenista vendió precursores químicos al Cártel de Sinaloa y entregó bienes al gobierno de Estados Unidos por 2.7 millones de dólares para librarse de los cargos.