Al ordenar modificar la respuesta de la FGR, el INAI apuntó que el delito atribuido a Pío López "tiene implicaciones directas con la vida política del país, pues a través de las conductas que encuadran el tipo penal de referencia, se podría beneficiar de manera indebida y/o ilícita a un precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política, en detrimento de otro u otros partidos o asociaciones políticas y, consecuentemente, de los gobernados".
"Este organismo considera que se encuentra justificado el que se privilegie el derecho de acceso a la información en virtud del interés público de conocer si efectivamente se investigan las denuncias presentadas en contra de Pío López Obrador. En el mismo sentido, la difusión de la información requerida reviste un claro interés público, puesto que existe una necesidad colectiva de conocer y evaluar qué sucedió con las supuestas aportaciones a un partido en específico", apuntó el INAI.
Ya en abril de 2022, una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) había frenado la orden girada a la FGR para que entregara al Instituto Nacional Electoral (INE) copias de la carpeta de investigación abierta por la difusión de un video donde se observó a Pío López Obrador recibir recursos de David León, entonces operador del gobierno de Chiapas, a cargo de Manuel Velasco.
La resolución del INAI se da también luego de que agosto de 2022, el presidente López Obrador anunció que enviaría una carta a la FGR solicitando informar lo que sabe del caso de su hermano Pío López Obrador.
Ocurre también después de que la FGR determinara que no citaría a comparecer al presidente López Obrador por el caso, al considerar que, por la investidura que representa, esto no procedía.