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Militares "no distintos a los del pasado" controlarán la Guardia Nacional

La GN y la Secretaría de la Defensa Nacional acumulan más de 500 quejas por violación a derechos humanos en 2022 y el Ejército no ha sido juzgado por los hechos del pasado, asegura experto.
vie 26 agosto 2022 04:16 PM
Guardia-Nacional
Tanto la Guardia Nacional como la Sedena acumulan quejas por violaciones a Derechos Humanos que van desde tortura, privación de la libertad, hasta trato inhumano contra las víctimas.

“Si el gobierno sigue con su camino de entregarle la Guardia Nacional a la Sedena, ya sea mediante un acuerdo, un decreto o incluso reformando la ley de la Guardia Nacional, va a violar la Constitución”, aseguró el experto en Derechos Humanos Luis Eliud Tapia, profesor de la Universidad Iberoamericana.

La Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional acumulan más de 500 quejas de violaciones a los derechos humanos en lo que va del año y, además, no se ha hecho justicia real en el caso de la participación de militares en casos como los de Tlatlaya o Ayotzinapa. Aún así, el gobierno argumenta que el Ejército actual es distinto al de los años autoritarios del 'viejo régimen'.

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Esta semana, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, anunció que el 1 de septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará al Congreso de la Unión la iniciativa preferente de reforma de la Guardia Nacional , para que pase a depender administrativa y operativamente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Esta decisión causa controversia por tres razones: en primer lugar, contraviene la promesa del propio presidente Andrés Manuel López Obrador de que la Guardia Nacional tenga un mando estrictamente civil.

Por otro lado, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, argumenta que “este es un ejército profesional que respeta los derechos humanos, basta revisar el índice de letalidad para comprobar que no mentimos. ¿Por qué el Ejército o GN tiene que estar dentro de (la Sedena)? Porque no hay institución tan profesional y honesta como esa”, no obstante, algunos datos siguen señalando a ambas instituciones como responsables de violaciones de Derechos Humanos.

Tan solo entre enero y julio de este año la Guardia Nacional ha recibido 276 quejas por violaciones a los derechos humanos y la Secretaría de la Defensa Nacional otras 241, según datos del Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos .

“Decir que este Ejército es diferente, solo por la palabra de un funcionario, sin tener ningún argumento para hacer que rindan cuentas esos mismos militares, es un discurso vacío”.
Luis Tapia, experto en Derechos Humanos y profesor de la Universidad Iberoamericana

Incluso, de 32 quejas por actos de tortura, 11 señalan a elementos de la Guardia Nacional como responsables y 2 a la Secretaría de la Defensa Nacional.

En tercer lugar, esta medida, tal como está planteada por el gobierno federal, contravendría a la propia Constitución Mexicana, así lo señala Eliud Tapia, abogado, consultor en Derechos Humanos y profesor de la Universidad Iberoamericana campus Torreón.

 

La diferencia entre el pasado y el presente debe ser la justicia

El experto opina que, para afirmar que el Ejército actual es distinto, tendría que haber evidencia y rendición de cuentas de parte de los militares, además de justicia y sentencias sobre hechos relativamente recientes de violación a los derechos humanos por parte de los cuerpos castrenses.

“La diferencia entre el pasado y el presente debe ser la justicia. Entonces, revisemos cómo ha tratado el gobierno las graves violaciones a DH cometidas por el ejército. ¿Han sido castigadas? No. Entonces no hay ninguna razón para pensar que este ejército es diferente”, argumenta el investigador, quien también indica que aún no han sido castigados los grandes casos de violaciones de parte de elementos del Ejército Mexicano, como Tlatlaya, donde mataron a 22 civiles y la fiscalía y la CNDH probaron que básicamente pusieron en pelotón de fusilamiento a personas que habían sido privadas de la libertad.

En este sentido, se esperaría que “la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los partidos políticos o personas en lo particular presentasen acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales o incluso amparos contra la ley, aduciendo que se están violando los DH contenidos en la Constitución”.

 

El problema es que regularmente estas acciones no tienen el poder inmediato de suspender el ejercicio de una ley como la que plantea el presidente López Obrador. “Entonces, estaríamos entrando en un terreno en el que una ley que viola Derechos Humanos estaría vigente hasta en tanto no se resuelvan los casos por la Suprema Corte”, indica Luis Tapia.

“Decir que este Ejército es diferente, solo por la palabra de un funcionario, sin tener ningún argumento para hacer que rindan cuentas esos mismos militares, es un discurso vacío”.

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