Un juez estadounidense ordenó hoy que el juicio contra Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, sea aplazado hasta enero de 2023.
La decisión fue tomada después de que César de Castro, abogado del exfuncionario mexicano, solicitara más tiempo para revisar a las evidencias que fiscales presentaron contra su cliente.
Fiscales federales de Estados Unidos han entregado hasta este día más de un millón de páginas de supuestas evidencias contra el que estuvo encargado de la seguridad en México en la administración de Calderón Hinojosa.
El juicio que iba a iniciar en octubre de este año, tendrá que empezar hasta el 9 de enero de 2023.
En junio, autoridades de Nueva York señalaron que García Luna había hablado sobre atacar y manipular a los que fueran a testificar contra él en el juicio.
A principios de ese mismo mes, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, solicitó al Gobierno de Estados Unidos que acelerara el proceso contra García Luna, quien fue detenido en diciembre de 2019, acusado de cinco delitos por conspirar para traficar drogas.
García Luna fue aprehendido en Dallas, Texas, y recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York.
El 16 de junio, la Fiscalía General de la República informó que ha obtenido tres órdenes de aprehensión en contra de García Luna.
“La primera, por los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, y asociación delictuosa en el caso ‘Ceferesos’. La segunda, por enriquecimiento ilícito. La tercera, por introducción ilegal de armamento en el caso ‘Rápido y Furioso’”, detalló la autoridad en un comunicado.
La FGR señaló que, además, se encuentran diversas investigaciones en trámite de las que se espera el cumplimiento de solicitudes de asistencia jurídica internacional, frente a los Estados Unidos.
“Conforme las diligencias pendientes puedan darse a conocer en versión pública, se hará de inmediato”, expuso.
Ese día, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Fiscalía de Estados Unidos revelar los audios en los que presuntamente el exsecretario de Seguridad Pública confiesa haber ofrecido entre 2009 y 2010 sobornos a periodistas para evitar la publicación de notas en su contra.
