García Tobón señala que si bien se anunció un incremento presupuestal del 14% al combate a la corrupción es porque se incluyeron el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial, pero en los hechos el presupuesto real anticorrupción se dispersó de manera disfrazada a otras instancias: IMSS, Desarrollo Urbano, Cultura, entre otras.
A los problemas presupuestales se sumaron deficiencias operativas: desde marzo de 2025 en que desapareció el INAI oficialmente se reportaron problemas de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y luego siguió un “limbo” institucional, pues las solicitudes de transparencia en los tres poderes Ejecutivo, legislativo y Judicial, se suspendieron hasta junio, por la transición.
Prisión preventiva y el estado de Derecho
La renegociación del TMEC ocurre en un entorno de violencia generalizada en el país y que pone a prueba las condiciones de seguridad, legalidad y cumplimiento del Estado de Derecho. A esto se suman una serie de recomendaciones por parte de organismos internacionales en materia de derechos humanos que están pendientes de acatamiento y de las cuales no hay información que permita conocer su estatus.
“Eso me parece que eventualmente va a llevar a un problema: la responsabilidad internacional a México porque no sólo fue la prisión preventiva (oficiosa), la Guardia Nacional militarizada, leyes contra la independencia judicial que se constitucionalizaron, aun en contravención con decisiones internacionales, incluso sentencias contra México.
“Me parece que es clara la posición que van a tener negociadores del gobierno de Estados Unidos: ‘si uno de nuestros socios, México, Canadá, no garantiza condiciones de seguridad, de estado de derecho, de legalidad y lejos de eso, el sistema judicial está partidizado, está cooptado por intereses privados’ pues seguramente influirá en la toma de decisiones, considera, Hernández León.
En el caso de la prisión preventiva oficiosa, el abogado -quien fue uno de los litigantes en el caso de García Rodríguez y Reyes Alpízar, en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ordenó al Estado mexicano eliminar dicha figura del marco jurídico- advierte que lejos de acatarse, la figura se ha reforzado.
De los siete delitos que ameritan esa pena, desde el sexenio pasado se han incorporado 15 delitos más como susceptibles de esa sanción. Entre estos también se encuentran delitos de naturaleza fiscal, que si bien buscan combatir la evasión, su aplicación mediante prisión preventiva oficiosa abre riesgos.
