La iniciativa es del diputado José Antonio García García, exregidor de Huixquilucan, Estado de México, y de prosperar se crearía el tipo penal de robo de agua, mismo que no existe en la legislación vigente.
Actualmente la Ley de Aguas Nacionales establece que esa conducta es una falta administrativa que amerita sanciones de ese mismo orden.
Tampoco está previsto que una autoridad judicial puede conocer de este tipo de casos. Por eso en el documento se busca reformar el artículo 368 Sextus del Código Penal Federal, y el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en su fracción 1 inciso ñ).
Con esos cambios, los jueces y magistrados federales tendrán la atribución para conocer ese tipo de ilícitos, aunque el régimen de gestión del agua es una función concurrente entre los distintos niveles de gobierno.
La redacción propuesta establece que “se sancionará con pena de tres a ocho años de prisión y de cincuenta a quinientos días multa a quien con fines de lucro, sustraiga, explote, transporte o comercialice agua potable de la infraestructura hidráulica federal, sin contar con título de concesión o autorización de las autoridades y leyes correspondientes”.
Pero si el delito es cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, o si en ese robo de agua se daña la infraestructura hidráulica de una red que abastezca, en todo o en parte, a un centro de población, la pena aumentará hasta una mitad, es decir, año y medio o hasta cuatro años adicionales, con lo que la pena más grave sería de 12 años en total.
Además del daño social, pues se deja sin agua a comunidades enteras, el legislador planteó pérdidas millonarias. “El robo y venta del agua de manera ilegal, se ha convertido para miles de personas en una forma de lucrar para generar su mina de oro, generando pérdidas millonarias al erario público, y afectando y dejando sin agua a millones de personas”, dijo.
Sólo en tres entidades se estiman pérdidas anuales por 3 mil millones de pesos: Tamaulipas 700,000 000 de pesos; Estado de México, 1,000 millones de pesos, y en Baja California, 1,234 millones de pesos, pero “a nivel nacional se estima que las pérdidas millonarias por el huachicoleo de agua puedan oscilar hasta 10 o 20 veces más”.
De acuerdo al panista, en los últimos años esa conducta se ha incrementado y se sabe que en estados como Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas “las tomas clandestinas del líquido aumentaron entre 70 y 110 por ciento en 2021, cuando más de la mitad del territorio nacional fue declarado en situación de sequía extrema”.
El legislador informó que dependencias responsables del agua en diversas entidades han registrado que en Hidalgo en lo que va de este 2022 se han detectado 1, 800 tomas clandestinas; en el municipio de Monterrey, Nuevo León, más de 3,000, y en Coahuila, 918 tomas irregulares, e incluso en Ecatepec se estima el robo de más de un millón de litros al día para venderla de manera ilegal.
A ese panorama se suman cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), según las cuales “sólo la tercera parte de las viviendas en nuestro país –unas 471, 226-- reciben agua a diario; 302, 709 cada tercer día; 259, 200, dos veces por semana, 222, 851, una vez por semana; 92,005 de vez en cuando y más de 170, 352 hogares no reciben agua”.
