La FGR indaga los audios filtrados de Alejandro Moreno, líder del PRI

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, el funcionario afirmó: “nosotros en este momento no podemos afirmar, ni siquiera presumir, que hay una ilegalidad, simplemente estamos investigando hechos” ya que la intervención de comunicaciones privadas es un delito que se persigue de oficio.

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“En el hipotético caso, no aceptado por la Fiscalía, de que hubiese alguna ilicitud, el artículo 111 de la Constitución establece que se requeriría declaratoria de procedencia avalada por la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados para que pudiera comunicarse a la Legislatura local y esta fuera la que tomara en última instancia la decisión”, expuso.

Castillo explicó que se analizará técnicamente diversas circunstancias, si es un audio original o si es producto de la intervención de conversaciones privadas, pues por ahora sólo hay indicios de que pudiera serlo pero no se tiene certeza.

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Informó que Moreno Cárdenas, quien presuntamente fue objeto de las escuchas ilegales, no ha presentado denuncia ante la FGR, aunque lo había anunciado.

El funcionario fue cuestionado sobre la divulgación de audios del titular de la FGR, Alejandro Gertz, sobre el caso que litiga contra su exfamilia política y en el que por lo menos se confirmó que tuvo acceso al proyecto de sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), grabación por la que se indaga al periodista económico Mario Maldonado, por ser el primero que lo divulgó.

En ese caso “estamos con un buen avance, si, todavía nos faltan algunas cositas”.

“Quisiéramos mayor colaboración de dos empresas telefónicas, pero si no la aportan tenemos otras fuentes de información”, dijo Castillo.

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La información respecto a que se investiga la filtración de los audios de Moreno Cárdenas no impidió que horas más tarde la gobernadora Layda Sansores anunciara que mañana habrá un “nuevo audio de Alito” durante la emisión 28 de su programa.

Según el funcionario de la FGR aun no se confirma que se haya cometido un delito, pero el Código Penal Federal sanciona la difusión de intervenciones privadas.

La semana pasada, el Instituto Nacional Electoral (INE) abrió una investigación sobre el presunto financiamiento irregular que habría tenido el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las campañas de Campeche en 2021, caso detonado a raíz de los audios filtrados en los que el líder de ese partido, Alejandro Moreno Cárdenas, admitió el “pase de charola” con empresarios.

En el primer audio filtrado, el priista aludió el supuesto pago de 5 millones de dólares al estratega electoral español Antonio Solá para campañas durante el proceso electoral de 2021 en Campeche, entidad que gobernó Moreno Cárdenas y ganó Sansores.

En la segunda grabación, el líder tricolor presuntamente habla de aportaciones privadas al PRI por 25 millones de pesos de la empresa Cinépolis –firma que negó rotundamente esos donativos-, y en la tercera, difundida el martes 24 de mayo, se revelaron expresiones que el líder del tricolor habría realizado en contra de periodistas.

“A los periodistas no hay que matarlos a balazos, hay que matarlos de hambre”, se escuchó presuntamente decir a Moreno Cárdenas, también diputado federal, quien rechazó haber realizado esas expresiones que desataron la polémica.

Fue a raíz de este último audio que el dirigente del PRI salió a defenderse pues, aseguró, sí hay espionaje en su contra, pero los audios fueron “truqueados” con el objetivo de minar la alianza electoral del PRI, Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).