Alejandro Gertz Manero ha mantenido sin publicar la información relacionada con su patrimonio y posibles conflictos de interés en los tres años que lleva al frente de la Fiscalía General de la República (FGR).
Gertz Manero solo tiene colocado en los mecanismos de transparencia un documento limitado a un resumen curricular, según constató Expansión Política en Declaranet y la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
En las declaraciones de Alejandro Gertz Manero —correspondientes a 2019, 2020 y 2021— solo se encuentra su paso por la administración pública y la academia, pero no hay un solo dato que refiera la evolución de su patrimonio.
Especialistas consultados por Expansión Política coinciden en que, si bien el fiscal Gertz Manero no incurre en ninguna ilegalidad al mantener oculta su información patrimonial, sí manda un mensaje negativo en materia de transparencia y rendición de cuentas.
En la actualidad, Gertz Manero mantiene disputas legales personales con su familia política y una universidad. Además, de acuerdo con el diario El Universal, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) estaría tras la pista de transferencias millonarias relacionadas con la Inmobiliaria Algerman, cuyos socios son el fiscal general de la República y su yerno, José Antonio Martí Munain.
Según el medio, la UIF estaba investigando la riqueza del fiscal, quien entre 2013 y 2021 habría obtenido recursos que le permitieron gastar 109 millones de pesos en la compra de vehículos de lujo y realizar transferencias bancarias a países como Estados Unidos y España.
En marzo de este año, el diario El País dio a conocer que Alejandro Gertz Manero supuestamente tenía cuatro viviendas de lujo en España, las cuales valen, en total, más de 5 millones de euros.
Gertz Manero también enfrenta una denuncia presentada por Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, quien lo acusa de tráfico de influencias, coalición de servidores públicos, asociación delictuosa y "lo que resulte". Respecto a las supuestas investigaciones y demandas en su contra, el fiscal general no se ha pronunciado públicamente.
Otra polémica en torno al fiscal de la nación es sobre las actas en las que consta su cumplimiento de los requisitos para ser admitido en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
En 2019, la Procuraduría General de la República (PGR) fue sometida a una legislación que la transformó en Fiscalía General de la República, lo que le dio carácter de autónoma después de una década de lucha de organizaciones de la sociedad civil.
Para el nombramiento del fiscal, los senadores votaron por primera vez, a través de una cédula secreta, una terna propuesta por el presidente López Obrador en la que estaban Bernardo Bátiz, Eva Verónica de Gyves Zárate y Alejandro Gertz Manero, quien resultó electo por 99 de los 100 votos emitidos.
En lo que la FGR se consolidaba como organismo autónomo y recibía las oficinas de la antigua instancia de procuración de justicia, el presidente López Obrador nombró a Gertz Manero como subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, lo que lo obligó a presentar su declaración patrimonial ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
En la plataforma de Declaranet (de la SFP), Alejandro Gertz tiene una declaración correspondiente a su cargo como subprocurador. Con el cambio de puesto a fiscal general, no tuvo que presentar una nueva, en todo caso se vio en la posibilidad de actualizar o agregar datos si así lo deseaba.
El marco jurídico de la declaración patrimonial le permite a los funcionarios presentar su fortuna de manera pública, con parcialidad en ciertos datos o cerrada por completo. En este último caso, el servidor público debe suscribir que no está de acuerdo que sus bienes o conflictos de interés sean públicos.
"Todos los servidores y servidoras públicas tienen esa obligación constitucional (artículo 108), y contenida en una ley (General de Responsabilidades Administrativas, artículo 29), de forzosamente presentar su declaración (patrimonial, fiscal y de intereses). Pero hay una excepción en los lineamientos que emitió el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) para que, en algunos casos, no se publicite esa información", señala Janet Oropeza, investigadora en el programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la organización Fundar.
En 2019, López Obrador le pidió a todos los miembros de su gabinete entregar sus declaraciones de manera pública. "Lo más abierta posible", exigió el Ejecutivo federal, pero Gertz se convirtó en fiscal autónomo el 18 de enero de ese año.
Así, la declaración patrimonial de Gertz Manero, archivada en la SFP, es el resumen de su historial académico y laboral, pero no de sus bienes ni de sus ahorros, tampoco de sus posibles conflictos de interés.
Lo único que informa Gertz Manero en sus declaraciones patrimoniales ante los ciudadanos es que tiene tres grados de doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la de las Américas (UDLA) y el Mount Union College Alliance, de Ohio. También reporta que fue diputado federal (2009-2012), secretario de Seguridad Pública en dos periodos (1998-2000 y 2000-2004) y rector de la UDLA (1995-2018), además de otros cargos en la administración pública desde 1971.
El que no los dé a conocer (los bienes), alegando que la ley no se lo exige, no va a poder desempeñarse en este gobierno.
Al final del documento que el fiscal general presentó a la Función Pública aparecen las leyendas "el servidor público no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales" y "no estoy de acuerdo en hacer público mi posible conflicto de interés".
"Con esto, Gertz Manero ya está incurriendo en una omisión. Hace unos años se justificaba dado que no estaban todavía los formatos de la declaración y los campos que debían llenarse, pero una vez que se aprobaron estos campos a finales de 2019, ya no hubo excusa para fallar en la publicación", explica Fernanda Avendaño, coordinadora de Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
En 2020, el órgano de control de la fiscalía publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para inaugurar el portal DeclaraFGR y cumplir con los lineamientos del SNA. De esa forma, asumió el control de las declaraciones patrimoniales de sus funcionarios que antes, como PGR, le correspondió a la Función Pública.
Gertz Manero entregó de la misma manera la declaración de su patrimonio, según puede verse en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). El documento de 2020 vuelve a ser el resumen curricular de su paso por la administración pública y académica, igual que el de 2021.
En mayo de este año, Gertz Manero el fiscal está obligado, por el acuerdo emitido por la propia FGR, a presentar su tercera declaración patrimonial al órgano interno de control y colocarla en DeclaraFGR.
El fiscal Gertz Manero ha justificado en diversas ocasiones que no hace pública su información patrimonial y de intereses por "motivos de seguridad" debido a su cargo, un argumento válido y aceptado por la ley, de acuerdo con las especialistas.
"Gertz Manero aduce que por su cargo de fiscal de la República hay una situación de seguridad y por eso no quiere hacer público sus bienes. Sí existe esa excepción en la ley, y se está valiendo de eso para no publicitar su declaración", comenta Janet Oropeza.
La investigadora de Fundar se refiere a una cláusula de excepción emitida por el Comité Coordinador del SNA, que la FGR estaría usando para justificar que Gertz Manero no publicite su información.
Sin embargo, la resolución que emitió el Comité de Transparencia para permitirle a Gertz Manero no hacer pública su declaración patrimonial, es decir, las "razones de seguridad" que él argumenta, sí debería darse a conocer para saber qué fue lo que se valoró.
La clasificación de la información que hizo el Comité de Transparencia de la declaración de Gertz debería ser pública.
Fernanda Avendaño abunda que usualmente la información clasificada como "confidencial" por carácter de "seguridad" tiene que ver con datos de cónyuges o con dependientes económicos, pues así se definió en los acuerdos del Comité Coordinador del SNA.
"En estricto sentido, casi todos los campos de estas declaraciones son públicos, sin embargo, hay ciertas excepciones, sobre todo cuando se trata de datos personales, como nombres (de familiares), CURP, RFC, direcciones, teléfono o correo electrónico, que es lo que puede poner en riesgo la información personal", indica Avendaño.
Es el mismo fiscal quien no considera necesario que se publique su información patrimonial, porque dice que su seguridad podría estar en riesgo.
Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, considera que no hay excepciones. Incluso, refiere, aunque hay servidores públicos que han promovido amparos para evadir esta responsabilidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sido categórica:
"La ley3de3 es constitucional y los servidores públicos, todos, están sujetos a un régimen de exigencia mayor que los ciudadanos. Los formatos aprobados por el SNA, además, protegen la información sensible en la versión pública", puntualiza.
La autoridad encargada de sancionar a los servidores públicos en caso de no presentar su declaración, u obligarlos a hacerlo, es la Función Pública.
En el caso de Gertz Manero, lo que se sabe es que cumplió en 2019, antes de asumir la titularidad de la FGR, con la presentación de la declaración patrimonial, fiscal y de intereses ante la SFP, que es la obligatoriedad que marca la ley, aunque se desconoce si la información está completa.
De cualquier manera, los especialistas descartan que pueda haber una sanción contra el fiscal general. En todo caso, señalan, se haría un llamamiento para que publicite su información, pero esto le correspondería al Comité Coordinador del SNA.
"La posible sanción o el mecanismo para obligar al fiscal a hacer pública toda su declaración no es claro, dado que está (cumplida) su responsabilidad ante la Función Pública (como PGR). Lo que tampoco está claro es si la presentó completa, y en caso de que no sea así la misma secretaría debe fijar un plazo de unos días para que el fiscal la presente", indica Fernanda Avendaño.
Eduardo Bohórquez agrega que, en este caso, la autoridad que podría ser omisa ante la obligación de presentar y publicar la declaración patrimonial y de intereses es el órgano interno de control de la propia FGR, y ello sí incurriría en un incumplimiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
"Esto seguramente será tema a investigar ante un eventual cambio de mandos en la fiscalía general. Da la impresión de que el fiscal general considera que existe un régimen legal para el resto de los servidores públicos y otro para su caso. Esto va en contra de la idea reiterada por esta administración: nadie puede estar por encima de la ley", expresa.
Janet Oropeza aclara que, aunque los ciudadanos no conozcan la declaración patrimonial y de intereses del fiscal general, no quiere decir que no existan actores que sí la puedan revisar. Por ejemplo, el propio Sistema Nacional Anticorrupción.
"Su declaración para muchas instancias de control y fiscalización sí es conocida. En el escrutinio público hay dudas de que Gertz Manero esté ocultando un posible enriquecimiento ilícito y que por eso no está publicitando sus bienes, pero existen actores que sí tienen acceso a sus declaraciones y pueden investigar", agrega la investigadora de Fundar.
Tanto Avendaño como Oropeza consideran que, independientemente de la legalidad o las fallas en la reservación de la información, el hecho de que el patrimonio del fiscal general de la República no sea público manda un mensaje negativo sobre la transparencia, las buenas prácticas y la lucha anticorrupción.
No porque sea legal (el hecho de no publicitar sus bienes) quiere decir que esté bien. No es una buena práctica.
