Aunque la mayoría de las agresiones a periodistas se atribuyen a la delincuencia, el 61.3% de los que han solicitado y conseguido resguardo oficial para conservar su vida y la de sus familias se dedica a la cobertura de información política y no a la nota roja.
Además, entre el 40 y 45% de los agresores de comunicadores son autoridades municipales, reveló Enrique Irazoque, titular del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
Sin embargo, el funcionario desestimó que las expresiones del presidente Andrés Manuel López Obrador en sus conferencias matutinas tengan alguna incidencia en la situación de vulnerabilidad con las que trabaja ese gremio en todo el país.
Ante diputados, con los que se reunió el 7 de marzo pasado, Irazoque, pidió “no politizar” el tema, delineó el plan del gobierno federal para atajar la violencia que viven periodistas y defensores de derechos humanos y, sobre todo, alertó que sin recursos aportados por las entidades y los municipios el mecanismo con un modelo federal y no nacional, es insostenible.
Durante la 49 sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), el 8 de marzo, y en el Parlamento Europeo dos días después, México fue señalado como un país con niveles alarmantes de violencia contra periodistas y de vivir un clima en el que se denigra su trabajo.
A pesar de estos señalamientos, para la Secretaría de Gobernación los niveles de agresión a periodistas son menores que en otros sexenios. Durante todo el de Felipe Calderón de 2006 a 2012 fueron 101 los periodistas ultimados y durante el de Enrique Peña Nieto, de 2012 a 2018, ascendieron a 96.
Las cifras oficiales desde 2018 a enero de 2022 sumaban 55 –hoy alcanzan los 57- comunicadores asesinados, según datos del Mecanismo que, a juzgar por la tendencia, indican que en 2024 al concluir el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador la cifra de víctimas podría ser igual, o superior a la mayor registrada en un sexenio.
Por eso, a través de la Secretaría Gobernación, a cuyo cargo está el Mecanismo, Irazoque anunció que el gobierno federal alista una iniciativa de reforma constitucional para incluir que en materia de protección de defensores y periodistas el Congreso deberá emitir una Ley General de protección, y no una Federal.
El objetivo es que haya corresponsabilidad de estados y municipios en las políticas de protección a ambos sectores.
“Hay que hacer conciencia de que estamos en un país federal y que hay otros dos órdenes de gobierno que tienen que asumir sus obligaciones en materia de derechos humanos”, expuso el funcionario en entrevista, tras la reunión con los diputados.
El objetivo sería crear un Sistema Nacional de prevención y protección de agresiones hacia defensores de derechos humanos y periodistas, emitir un Plan Nacional de prevención y generar un Protocolo de actuación de todas las autoridades, según delineó su esquema.
“El Mecanismo con lo que más trabaja es con dinero y esto no se va a resolver con dinero. Si seguimos con este modelo federal en el que el Mecanismo es el único actor y no tiene cooperación de los demás órganos de gobierno, no habrá presupuesto que alcance”, sostuvo.
La propuesta sería enviada a la Cámara de Diputados a fines de este mes, lo que aún no ha ocurrido hasta este 24 de marzo.
Sin embargo, para la diputada Sue Ellen Bernal Bolnilk, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) e integrante de la Comisión de Derechos Humanos, una reforma legal o incluso el aumento de recursos destinados al mecanismo de protección no da garantías para que los comunicadores puedan ejercer su trabajo.
Así lo hizo saber a Irazoque durante la reunión, y fue la única que le cuestionó respecto a si las expresiones del presidente Andrés Manuel López Obrador en sus conferencias matutinas tienen incidencia en la situación de vulnerabilidad que vive ese gremio.
“El titular del Ejecutivo ataca diariamente a los periodistas a ciertos medios de comunicación en las mañaneras y eso es muy importante porque genera una postura de odio hacia ciertos periodistas y medios. ¿Cuál es la postura que tiene que tomar el Mecanismo? Es contradictorio que el Mecanismo tenga que cuidar a los periodistas y esta parte de la administración (el presidente) está golpeándolos”, cuestionó.
Irazoque deslindó el actuar presidencial del impacto en la labor de los periodistas, y pidió a diputados federales “no politizar”.
“No tiene nada que ver las reflexiones discusiones o mensajes que se mandan en el gobierno de México con la situación de vulnerabilidad que viven periodistas y defensores de derechos humanos”, aseguró.
Esto es porque los más vulnerables no son los periodistas ni las personas que ejercen esa profesión desde las grandes ciudades, sino los que están en Guerrero, Chiapas, Tamaulipas en la cobertura de situaciones complejas, según su conclusión.
Lo cierto es que datos del Mecanismo de Protección indican, y el mismo funcionario lo reportó, que entre el 40 y 45% de los ataques que viven los comunicadores son por autoridades municipales. Y en México más del 95% de las autoridades en ese nivel de gobierno están vinculadas a los partidos, es decir, las agresiones ya tienen un cariz político.
Los gráficos presentados en el encuentro dan cuenta que del total de periodistas bajo la protección del Mecanismo 61.3% se dedican (aunque no de forma exclusiva) a cobertura de información política –es decir, a reportear actividades de gobierno, legislativa o electoral– a reportar nota roja o policiaca 46.5% y a información de sociales 2.4% en tanto que a los sectores deportivo y cultural 2.2%, a información diversa 1.9% y científica 0.8%.
Más aun, el funcionario reconoció que hay presidentes municipales en investigación por presunta desaparición forzada, casos en los que no entró en detalles.
El Mecanismo identifica cinco factores que generan agresiones contra periodistas y defensores y los primeros cuatro son: "el crimen organizado; la impunidad; la corrupción y colusión entre autoridades y grupos delictivos y el incumplimiento de las obligaciones que tienen municipios y estados en la materia”.
En el quinto sitio ubica la “falta de cultura sobre la importancia que tiene la labor de periodistas y personas defensoras de derechos humanos”, aunque la responsabilidad sobre ello no se establece.
En México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha expresado en comunicados de prensa su “repudio” o sus condolencias cuando ha habido asesinatos de periodistas, pero ninguna recomendación sobre las circunstancias en las que trabaja ese gremio en todo el país.
Desde el exterior, aunque impulsado por la oposición y “los conservadores” según ha expresado el presidente, si han observado ese escenario.
Fue el caso del pronunciamiento del 8 de marzo de la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, quien sostuvo que “desafortunadamente, en ocasiones, funcionarios (en México) han contribuido al clima de miedo en el que trabajan al denigrar a los periodistas”, mismo clima advertido por el Parlamento Europeo, dos días después.
Por eso, la diputada Bernal expone que se requiere es un cambio de discurso y acciones, en pro de valorar y proteger el ejercicio del periodismo.
A su juicio, no se ha valorado el impacto de los dichos del presidente, pues “afectan no a uno o a varios comunicadores, sino al ejercicio en general del periodismo, pues efectivamente generar aversión contra comunicadores y un clima de polarización no da condiciones de libertad y seguridad para su trabajo”.
Destacó incluso que aumentar los recursos no será suficiente si estos se incrementan durante el ejercicio fiscal en detrimento de otras partidas, pero sin planeación.
Esto porque de acuerdo al Mecanismo este 2022 inició con un presupuesto de 388 millones de pesos, pero “la instrucción es no escatimar y el presidente ha sido claro: este tema como otros tiene prioridad y no tienen techo presupuestal”, según Irazoque.
Es por eso que reportó que en lo que va del sexenio se han incrementado en 95% los beneficiarios de la protección a cargo del Mecanismo y en la presente administración se ha erogado recursos por más de 1,200 millones de pesos.
Por eso actualmente hay más de 60 servicios de escolta pagados por el mecanismo, lo que involucra a más de 260 elementos de seguridad, y en el 90% de los escoltas y personal de seguridad estos son establecidos por el Servicio de Protección Federal la Secretaria de Seguridad Ciudadana.
Aunque el Mecanismo trabaja con normalidad, desde 2020 existe no sólo el decreto emitido por el presidente López Obrador sino las reformas legales aprobadas por el Congreso, para la extinción de 109 Fideicomisos, entre ellos el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.
Bajo esta situación, en el más reciente informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se constata que no se ha realizado ninguna acción tendiente a desaparecerlo.
Aun así, se reveló que el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos está amenazado no sólo por el decreto del Poder Legislativo que ordenó su desaparición, por razones de austeridad, sino también por las deficiencias que enfrenta.
La auditoría aplicada dejó en evidencia deficiencias en la operación de la empresa contratada para brindar seguridad, cobros de más y ausencia de supervisión y de pruebas que acrediten la protección contratada.
Incluso hasta el Servicio de Protección Federal, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana cobró por servicios no comprobados.
