En 2018, el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón "el Bronco", pidió licencia para participar en la contienda presidencial, como candidato independiente.
Para lograr su candidatura, tuvo que recolectar al menos 866,593 firmas, tal como lo marcaba la ley y contar con el apoyo de al menos el 1% de los electores en 17 estados.
Lo logró, pero con un pequeño problema, "el Bronco" habría utilizado a 572 funcionarios del Gobierno del Estado de Nuevo León para la recolección de firmas. De ahí se desprende el caso de las ‘broncofirmas’.
En enero de 2018, el entonces legislador local de Nuevo León y hoy gobernador de la entidad, Samuel García, presentó una denuncia en contra de la recolección ilegal de firmas realizada por dichos funcionarios. La denuncia fue hecha junto con Mariela Saldívar, compañera de la bancada del partido Movimiento Ciudadano.
Ambos diputados alegaban también que tanto el secretario general de gobierno y, en ese entonces, gobernador interino, Manuel González, como el propio Jaime Rodríguez fueron responsables de “desviar recursos humanos” de Nuevo León para fines electorales.
La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el 21 de julio de 2018, con una sentencia que determinó que existía infracción por parte de 572 servidoras y servidores públicos por captar apoyos en días y horas hábiles.
Además, se resolvió que Jaime Rodríguez y Manuel González eran los responsables jerárquicos “por no tomar las medidas óptimas, eficaces y adecuadas para evitar el despliegue del uso del servicio público para captar apoyos en favor del candidato independiente a la Presidencia de la República”.
El Congreso de Nuevo León fue notificado, pero no emitió ninguna sanción en un primer momento. Por lo cual Samuel García interpuso un recurso de por el incidente de incumplimiento de sentencia, en 2019.
En agosto de ese año, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Congreso local emitir una sanción para el gobernador, por haber usado recursos públicos para reunir las firmas.
Sin embargo, "El Bronco" alegó que el Legislativo no tenía una jerarquía superior a la del Ejecutivo, por lo que no tiene facultad para sancionarlo. Con base en ese argumento, acudió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y obtuvo una suspensión provisional contra cualquier sanción.
En junio de 2020, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tras una resolución de una sala superior , respaldó las sanciones ordenadas . Por lo cual el Congreso local debía sancionar al ‘Bronco’ por uso de recursos públicos para sus fines electorales.
En septiembre de 2020, la Fiscalía del Estado de Nuevo León cesó a 11 servidores públicos, por la recolección de firmas. Pero, según las denuncias, habían participado más de 500 funcionarios, de 25 dependencias estatales en el caso de las ‘broncofirmas’.
No obstante, dado que Movimiento Ciudadano propuso una vía distinta al juicio político para sancionar a Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", la Corte invalidó el proceso.
Este martes, el exgobernador fue detenido por hechos relacionados con el caso de las ‘broncofirmas’.
