El material ilegal se detectó en 15 entidades federativas, esto es, Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Colima, Hidalgo, Durango, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas, Estado de México, Guerrero, Veracruz y Yucatán.
Además, se investiga información similar en los estados de Chiapas, Chihuahua, Sonora y Sinaloa. Para su colocación, se requiere el permiso de las autoridades correspondientes, de ahí que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, reforzará sus investigaciones.
El costo promedio de espectaculares es de unos 17,000 pesos, monto que trasciende el salario mínimo o promedio de un ciudadano;, esto es, que pudiera ser una manifestación espontánea. “Supera incluso la de algunas campañas políticas de candidatos a la presidencia (...) En política, toda donación, tiene una intención", remarcó Murayama.
La medida cautelar se ordenó luego de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI), así como diversos ciudadanos presentaron 26 escritos de queja ante el INE.
En ellos, denuncian la colocación de espectaculares y otro tipo de propaganda en diversas localidades de la República durante el actual proceso de revocación de mandato que atribuyen tanto a Morena como a la asociación civil Que siga la democracia, la cual es ilegal.
Además de Murayama, las consejeras Adriana Favela y Claudia Zavala coincidieron en que se debe determinar quién o quiénes son los responsables de la contratación o colocación de estos espectaculares y, sobre todo, saber el destino de los recursos con los que se pagaron.
