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ASF detecta irregularidades por 2,561.2 mdp en el manejo de la pandemia

De acuerdo con la revisión, Insabi, INER, CENAPRECE y la Administración del Patrimonio de la Beneficiencia Pública no cumplieron las disposiciones legales y normativas.
dom 20 febrero 2022 02:45 PM
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De acuerdo con la ASF, no se entregaron 650 ventiladores mecánicos y más de un millón de mascarillas KN95 que se compraron.

La revisión de la Cuenta Pública 2020, el primer año de la pandemia por COVID-19, reveló diversas irregularidades en los recursos para la atención de la emergencia sanitaria que ha dejado más de 315,000 personas fallecidas hasta el momento.

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se determinó un monto por aclarar de 2,561 millones 268,268 pesos por irregularidades como que se realizaron pagos de adicionales y pagos a personal que no trabajaba en hospitales NO COVID; además de que no se entregaron 650 ventiladores mecánicos y más de un millón de mascarillas KN95.

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La Auditoría también detectó que el Insabi no distribuyó a las dependencias de la Administración Pública Federal y a los Servicios de Salud un total de 8 millones 369,670 de insumos (batas, mascarillas, guantes, etc.), además de que no contó con el control de la distribución de éstos.

En general, la auditoría de cumplimiento al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) Recursos Destinados a la Atención de la Pandemia por el Virus SARS-CoV2 (COVID-19) determinó que el Instituto, la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE) y la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública no cumplieron las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia.

Entre las anomalías se detectaron deficiencias en la supervisión efectuada por parte Insabi de los recursos ejercidos para la atención de la epidemia mediante la subcuenta “Recursos del INSABI conforme al artículo Décimo Transitorio del Decreto del 29 de noviembre de 2019 (40 mil mdp)” del Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi), debido a que se realizaron pagos en demasía por concepto de sueldo respecto del personal médico, paramédico y afín contratado, y se realizaron pagos a 280 enfermeras y médicos voluntarios en hospitales NO COVID con un rango de edad de 60 a 65 años sin contar con la autorización de dicho estímulo ni con la documentación que acredite la convocatoria del personal referido.

La ASF señaló que el Insabi contrató a un despacho legal para iniciar acciones legales contra un proveedor extranjero con el que se adquirieron 1,000 ventiladores, 650 de éstos con un costo de 920 mdp, que no fueron entregados; mientras que en dos contratos donde se estableció la aplicación de penas, no se acreditó la entrega de equipos de protección personal y de más de un millón de mascarillas KN95, por 40 mdp, asimismo los insumos se dieron de forma extemporánea, entre 11 y 526 días después del plazo establecido en el contrato.

La Auditoría también detectó que el Insabi realizó pagos a cuatro proveedores durante el periodo del 2 al 27 abril de 2020 por concepto de la adquisición de 2,250 ventiladores por 1,600.3 mdp; sin embargo, no se proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria que sustentó los procedimientos de adjudicación, los instrumentos jurídicos formalizados y la recepción por parte del Instituto y distribución de dichos ventiladores a las unidades médicas.

 

El Insabi, señaló la ASF, no distribuyó a las dependencias de la Administración Pública Federal y a los Servicios de Salud un total de 8 millones 369,670 insumos (batas, mascarillas, guantes, etc.), además de que no contó con el control de la distribución de éstos, “ya que dicho control se llevó mediante una base de datos en formato Excel en la que se registraron los insumos entregados a las dependencias y a los Servicios de Salud de las Entidades Federativas y la cual no es coincidente con el número de insumos entregados por el proveedor”.

De los 31 millones 403,840 insumos entregados, dicha base de datos contó con un registro de sólo 15 millones 621,497; asimismo, de 199 bienes que fueron donados por la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, el Insabi no contó con su registro en su patrimonio, los cuales fueron entregados a las unidades médicas en comodato.

La auditoría también señala que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no proporcionó evidencia respecto de las adquisiciones efectuadas a dos proveedores extranjeros ni se acreditó que se efectuara la invitación a diversos proveedores para participar en ambos procedimientos de adjudicación; así como la investigación de mercado en la que se determinó que sólo existía un posible proveedor extranjero y que éste expresó su interés en contratar conforme a la legislación de su país; tampoco se sustentó que los procedimientos de contratación no se podían realizar dentro del territorio nacional, por lo que se contrataron en el extranjero.

Además, expuso que de los recursos donados por la Cámara de Senadores, se comprobó que 99.8 mdp no se ejercieron con oportunidad, toda vez que la aportación fue recibida el 11 de mayo de 2020, mientras que la carta de instrucción de pago fue recibida por el fiduciario del Fondo de Salud para el Bienestar el 1 de junio de 2021, es decir, 386 días naturales posteriores a la recepción del recurso; asimismo, a la fecha de la auditoría (diciembre de 2021), no se había acreditado el ejercicio de 128,400 pesos, por lo que continúan en el patrimonio de dicho fondo sin haber dado cumplimiento a lo convenido.

 
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