Flavio Galván Rivera, expresidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sostiene que la justicia electoral debe ser "abierta, pública y transparente” y con acceso para todos los ciudadanos.
Propone que todos los proyectos de sentencia de la Sala Superior se hagan del conocimiento público con el fin de disminuir las posibles presiones para los magistrados en sus resoluciones.
“Si hacemos del conocimiento público el proyecto que se ha elaborado en la ponencia, yo creo que enfrentamos de manera frontal y con fuerza las presiones”, dice en entrevista con Expansión Política, en momentos en que el TEPJF puso en marcha su Comisión de Fortalecimiento.
El magistrado Galván añade que “las llamadas 'presiones autorizadas o no autorizadas' piden que (una impugnación) se resuelva en determinado sentido”.
Y es que si bien, para el egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), todos los actores involucrados tienen derecho a pedir que una impugnación se resuelva en el sentido que se quiera, “el juez debe ser lo suficientemente responsable, probo y honesto al emitir una resolución conforme a derecho tratando de impartir justicia, siempre”.
De acuerdo con el último informe que rindió el presidente de la Sala Superior, Reyes Rodríguez Mondragón, el 93.1% de las sentencias que resolvió este órgano del 7 de septiembre de 2020 al 31 de diciembre de 2022 fueron por unanimidad. El restante (6.9%) fue por mayoría del voto del pleno.
De tal suerte que para Galván Rivera queda claro que al interior del órgano jurisdiccional en materia electoral, los consensos son parte de la normalidad.
Sin embargo, en su visión, se debe pugnar porque de manera abierta haya discusión entre el colegiado y no “un compromiso”.
“Ojalá (la discusión abierta), sea uno de los avances que tengamos en la justicia electoral. Esto da más confianza en el trabajo y al interior evita lo que llamamos presiones”, observa.
El 4 de agosto del 2021, la Sala Superior vivió una crisis interna en la que incluso contó con tres presidentes José Luis Vargas Valdez, quien inició la sesión pública y, tras un receso del cual ya no regresó, fue destituido por cinco de los siete magistrados. Su par, Mónica Soto, tampoco se reincorporó a la sesión.
Tras el receso, la magistrada decana Janine Otálora fue electa como presidenta por ministerio de ley y, al retomar la sesión, el pleno eligió, por cuatro votos, al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón como su nuevo presidente interino.
Luego y para poner fin a la crisis interna, los magistrados, divididos en dos bandos, se entrevistaron por separado con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, quien llamó a Vargas Valdez “a hacerse a un lado”.
“Ojalá (la discusión abierta), sea uno de los avances que tengamos en la justicia electoral".
El diálogo rindió frutos, pues no solo Vargas dejó la presidencia, sino también Rodríguez Mondragón, el interino.
Finalmente, el 2 de septiembre, el pleno se decantó por Rodríguez Mondragón, quien propuso crear una Comisión de Fortalecimiento para revisar el marco normativo e impulsar la reforma interna del órgano jurisdiccional.
La Comisión de Fortalecimiento tiene como objetivo revisar y analizar a profundidad las reglas, los procesos y los esquemas de operación de estructuras y órganos administrativos de modo que, a partir de ese estudio, se pueda formular una propuesta de modificación de la normatividad interna del TEPJF.
Su propósito esencial será contribuir a la eficiencia e innovación procedimental, la profesionalización y la carrera judicial, así como a la modernización de la función jurisdiccional y administrativa, entre otros.
Flavio Galván, quien fuera presidente del Colegio de Profesores de Derecho Civil de la Facultad, del año 2000 a 2010, considera que los resultados de la Comisión deberán traducirse en una justicia electoral abierta, inclusiva y cercana a la ciudadanía.
“La Comisión es sin duda un ejercicio valiente, pero hace falta que se concrete (…) me parece que el ejercicio es plausible y ojalá llegue a metas que sean en beneficio de la República”, opinó.
Galván Rivera, también autor de los libros "Derecho Procesal Electoral Mexicano" y "El concubinato en el vigente Derecho Mexicano", resalta también la importancia de que el TEPJF deje de formar parte del poder Judicial, al que se le incorporaron estructuras, presupuestos y cuestiones administrativas, tras la reforma electoral de 1996, debido a sus diferencias de objetivos,
Con la reforma de 1993, anota, se "juridiza toda la materia electoral", por lo que la calificación de las elecciones, pasa a ser competencia del Instituto Federal Electoral (INE) y las controversias del TEPJF.
“Hasta antes de esta reforma solo era primera instancia y la última instancia que era la definitiva, la todopoderosa, eran los colegios electorales, tanto en la elección de diputados, como de senadores y Presidente de la República”, refiere.
Recuerda también que con la reforma de 1993-1994, el tribunal asumió plena jurisdicción, se creó la sala de segunda instancia y se le empezó a nombrar como el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral, con la característica de ser independiente.
Sin embargo, la reforma del 96 lo incorporó al poder Judicial, recalca.
Expresa: “Ha sido mi posición permanente por muchos años, que el Tribunal Electoral debe ser independiente. No formar parte del poder Judicial por varias razones: entre otras, todavía considero que es válida la argumentación, de que el poder Judicial no conozca de cuestiones electorales, para no contaminar la impartición de justicia, con la materia política”.
