Las disputas arrancan en San Lázaro tras denuncia contra consejeros del INE

Ahora la oposición reclamará en el pleno el actuar del legislador, quien el pasado 22 de diciembre –a nombre de la Cámara de Diputados, cuya mesa directiva preside– presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra seis de los 11 consejeros del INE y de Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo de ese instituto.

La solicitud de investigación y deslinde de responsabilidades fue presentada por presunto abuso de autoridad y coalición de servidores públicos, pues los consejeros señalados votaron por suspender algunas tareas organizativas del proceso de revocación de mandato, decisión que la Corte ya invalidó.

No obstante, la oposición acusa que no tuvieron conocimiento previo de que se buscaría proceder legalmente en contra de los funcionarios electorales, aunque todas las bancadas están representadas en la mesa directiva, donde los opositores tienen dos vicepresidencias y tres secretarías.

13 días después de la presentación de la querella, no han tenido acceso al documento.

Aunque el diputado Gutiérrez Luna decidió no acudir a ratificar a la FGR, no se ha detenido el caso, pues al tratarse de presunta responsabilidad de servidores públicos se sigue de oficio.

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Este miércoles el tema será abordado, en sesión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), por el coordinador de los diputados del PRD, Luis Ángel espinosa Cházaro, quien será respaldado por el PAN y PRI y Movimiento Ciudadano.

De los aliados de Morena, solo el Partido del Trabajo (PT) ha respaldado, mientras que el PVEM ha guardado silencio.

Gutiérrez Luna anunció el 29 de diciembre que decidió no insistir en el asunto, aunque no se desistió: “Escuchando con pluralidad, apertura y buena fe, ha decidido tomar todas las acciones jurídicas a su alcance, para efecto de que no continúen las indagatorias penales en contra de funcionarios del INE”, publicó en Twitter.

Hoy, pese a que dijo que realizaría acciones para que no siguiera su curso la denuncia, en entrevista con Radio Fórmula el legislador insistió en que se debe “entender que en la vida los actos tienen consecuencias”.

En su denuncia acusó además a Jacobo Molina, quien no tiene voto en el INE, no obstante informó que envió a la FGR un documento para aclarar que este funcionario no tuvo conducta delictuosa.

Acusan excesos

La Ley Orgánica del Congreso General establece que el presidente de la mesa directiva ostenta la representación legal de la Cámara, pero es un órgano colegiado cuyas decisiones se adoptan por consenso o en su caso por la mayoría de sus integrantes mediante el voto ponderado.

Es decir, “el diputado que esté facultado para ello, representará tantos votos como integrantes tenga su Grupo Parlamentario. En caso de empate, el Presidente de la Mesa tendrá voto de calidad”.

En esa ley se marca que el presidente de la mesa tiene la atribución de “solicitar al Presidente de la SCJN la atención prioritaria de los juicios de amparo, controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por el artículo 94 de la Constitución”, indica la Ley Orgánica del Congreso General.

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El artículo 233 del Reglamento marca que puede ser a solicitud de los diputados, caso en el que el proyecto se debe discutir y aprobar por el pleno para que el presidente de la mesa directiva lo presente ante la Corte, o por propia iniciativa del titular de la mesa directiva, cuando lo considere necesario para defender los intereses de la Cámara.

Sin embargo, en junio de 2020 el grupo parlamentario de Morena acusó “traición” a la confianza y ejercicio indebido de la entonces presidenta de la mesa directiva de la Cámara, Laura Rojas, del PAN, por haber presentado ante la Corte una controversia constitucional en contra del acuerdo presidencial del 11 de mayo de 2020, por el que se dispuso de la fuerza armada para tareas de seguridad pública.

En esa ocasión el PT y Morena intentaron destituir a Rojas por haber promovido el recurso sin someterlo al pleno.

La denuncia

El diputado Gutiérrez Luna ha declinado dar a conocer públicamente el contenido de la denuncia, aunque expuso hoy que si la quiere el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, puede pedírsela.

El pasado domingo 3 de enero Gutiérrez Luna rechazó que, como ha expuesto el consejero, la querella se haya presentado como estrategia para acallar a quien “piensa diferente”, en una práctica autoritaria.

El diputado difundió en Twitter el resolutivo de la Corte presuntamente violado, aunque en realidad el documento publicado por Gutiérrez fue emitido por la Comisión de Receso de la Corte, el 22 de diciembre, y los presuntos actos cometidos por los consejeros (posponer los trabajos para la revocación) fueron acordados el día 17 de diciembre.

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La denuncia interpuesta por el legislador el mismo 22 de diciembre alegó la violación a otro acuerdo de la Corte, fechado el 15 de ese mismo mes –antes de la decisión del INE- cuando al dar entrada a la controversia planteada por ese Instituto ante el recorte de 4.913 millones de pesos a su presupuesto, el ministro instructor negó al organismo una suspensión que buscaba no realizar ajustes a su gasto.

En el acuerdo sobre esa controversia constitucional, la Corte expuso: “es improcedente la suspensión respecto a que el INE no tenga que hacer ajustes a su presupuesto, como se prevé en el artículo cuarto transitorio del decreto por el cual se expidió la Ley Federal de Revocación de Mandato”.

La Corte consideró que aún era incierta la realización de un proceso revocatorio, pero el INE no puede eximirse de realizarlo en caso de cumplirse con las firmas requeridas, pues podría estar sujeto a “sanciones administrativas, penales o de diversa índole a que hubiera lugar”.