"Rechazamos las denuncias penales y toda forma de intimidación y vulneración de nuestra autonomía. En democracia, las diferencias de criterio no deben ameritar la persecución política" escribió en Twitter Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE.
“Es muy preocupante que él pretenda convertir un diferendo legal en una persecución penal, con denuncias ante la Fiscalía General de la República contra Consejeros y Consejeras que votaron a favor del acuerdo mencionado, así como contra el Secretario Ejecutivo, quien no vota las decisiones del colegiado. Se trata de una acción injustificada y sin sustento jurídico”, se expresó en el documento.
Además, recordaron que las decisiones del consejo general del INE pueden no ser unánimes y no ser compartidas por las distintas fuerzas y actores políticos, pero la ley establece que pueden ser impugnadas y serán los órganos jurisdiccionales quienes decidan en última instancia.
Los consejeros recordaron en el comunicado que en el organismo las decisiones se toman de forma colegiada y con el voto de la mayoría, pero se asumen de forma institucional por todos.
Las diferencias de criterio –añaden– "no deben ameritar la persecución penal, sobre todo, cuando quienes las adoptan han explicado públicamente los motivos de su decisión".
Las Consejeras y Consejeros del @INEMexico rechazamos las denuncias penales y toda forma de intimidación y vulneración de nuestra autonomía. En democracia, las diferencias de criterio no deben ameritar la persecución política. https://t.co/fg8NTZUh2M
— Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) December 27, 2021
El conflicto entre el INE y Morena
El 23 de diciembre pasado. Gutiérrez Luna presentó formal denuncia ante la FGR en contra de seis consejeros y el secretario ejecutivo por la presunta coalición de servidores públicos y abuso de autoridad.
El morenista promovió la querella porque a su juicio se cometieron esos ilícitos cuando el INE decidió el 17 de diciembre –con seis votos a favor y cinco en contra- suspender algunas etapas del proceso organizativo del proceso de revocación de mandato.
Además, de esa denuncia penal el diputado entregó una queja ante el Órgano Interno de Control del INE por supuestas irregularidades y faltas administrativas en las que supuestamente incurrieron los consejeros.
El conflicto entre el INE y Morena, en este caso los legisladores, se deriva del interés de ese partido de someter al presidente Andrés Manuel López Obrador a un proceso de revocación de mandato, pero al que llama “ratificación de mandato”, con el objetivo de que la mayoría de los ciudadanos respalde la gestión del mandatario, tal como lo prometió en campaña.
Un ejercicio de ese tipo se estima que tendrá un costo de 3,830 millones 448,000 pesos, según estimaciones del INE, pues la Ley Federal de Revocación de Mandato, aprobada en septiembre pasado por el Congreso y promulgada el 14 de ese mes, ordena que se instale el mismo número de casillas que el de la última elección federal (162,570 aproximadamente).
