La denuncia penal en contra de consejeros es persecución política, señala el INE

"Rechazamos las denuncias penales y toda forma de intimidación y vulneración de nuestra autonomía. En democracia, las diferencias de criterio no deben ameritar la persecución política" escribió en Twitter Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE.

“Es muy preocupante que él pretenda convertir un diferendo legal en una persecución penal, con denuncias ante la Fiscalía General de la República contra Consejeros y Consejeras que votaron a favor del acuerdo mencionado, así como contra el Secretario Ejecutivo, quien no vota las decisiones del colegiado. Se trata de una acción injustificada y sin sustento jurídico”, se expresó en el documento.

Además, recordaron que las decisiones del consejo general del INE pueden no ser unánimes y no ser compartidas por las distintas fuerzas y actores políticos, pero la ley establece que pueden ser impugnadas y serán los órganos jurisdiccionales quienes decidan en última instancia.

Los consejeros recordaron en el comunicado que en el organismo las decisiones se toman de forma colegiada y con el voto de la mayoría, pero se asumen de forma institucional por todos.

Las diferencias de criterio –añaden– "no deben ameritar la persecución penal, sobre todo, cuando quienes las adoptan han explicado públicamente los motivos de su decisión".

El conflicto entre el INE y Morena

El 23 de diciembre pasado. Gutiérrez Luna presentó formal denuncia ante la FGR en contra de seis consejeros y el secretario ejecutivo por la presunta coalición de servidores públicos y abuso de autoridad.

El morenista promovió la querella porque a su juicio se cometieron esos ilícitos cuando el INE decidió el 17 de diciembre –con seis votos a favor y cinco en contra- suspender algunas etapas del proceso organizativo del proceso de revocación de mandato.

Además, de esa denuncia penal el diputado entregó una queja ante el Órgano Interno de Control del INE por supuestas irregularidades y faltas administrativas en las que supuestamente incurrieron los consejeros.

El conflicto entre el INE y Morena, en este caso los legisladores, se deriva del interés de ese partido de someter al presidente Andrés Manuel López Obrador a un proceso de revocación de mandato, pero al que llama “ratificación de mandato”, con el objetivo de que la mayoría de los ciudadanos respalde la gestión del mandatario, tal como lo prometió en campaña.

Un ejercicio de ese tipo se estima que tendrá un costo de 3,830 millones 448,000 pesos, según estimaciones del INE, pues la Ley Federal de Revocación de Mandato, aprobada en septiembre pasado por el Congreso y promulgada el 14 de ese mes, ordena que se instale el mismo número de casillas que el de la última elección federal (162,570 aproximadamente).

Esa ley también establece que la organización del proceso revocatorio debe realizarse con los mismos estándares de una elección federal , es decir, deben instalarse consejos distritales, contratarse capacitadores, insacular a 12 millones de ciudadanos, visitarlos, convencerlos para que funjan como representantes de casilla, capacitarlos y realizar todos los controles de una elección.

Sin embargo la Cámara de Diputados recortó en 4,913 millones de pesos el presupuesto solicitado por el INE y le ordenó hacer los ajustes necesarios para concretar el ejercicio revocatorio.

El INE realizó ajustes a su gasto y logró generar una bolsa de 1,275.9 millones de pesos para hacer posible ese proceso, no obstante, advirtió que aún enfrenta un déficit de 2,554 millones de pesos para realizar el ejercicio.

Por el recorte, el 7 de diciembre el INE presentó una controversia constitucional en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 y pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se suspenda la obligación de realizar adecuaciones presupuestarias y garantizar la suficiencia presupuestaria de 3,830 millones de pesos requeridos para la revocación.

El 15 de diciembre la Corte dio entrada al recurso pero el ministro instructor Juan Luis González Alcántara negó la suspensión solicitada por el INE pues es “un hecho de realización incierta” el proceso revocatorio.

Además, el viernes 17 de diciembre 6 de 11 integrantes del Consejo General del INE aprobaron suspender algunas etapas organizativas del proceso revocatorio.

Los que votaron a favor de esa decisión y fueron denunciados por el diputado Gutiérrez Luna, en su calidad de presidente de la mesa directiva de la Cámara, son el consejero presidente Lorenzo Córdova, además de los consejeros Ciro Murayama, Claudia Zavala, Jaime Rivera, Roberto Ruiz Saldaña y Dania Ravel.

En tanto, para contrarrestar la decisión del Consejo General, el 21 de diciembre, con el rechazo de la oposición, Gutiérrez Luna presentó una controversia constitucional ante la Corte contra el acuerdo del INE que suspendió las tareas organizativas de la revocación de mandato.

Al día siguiente, el 22 de este mes, la Comisión de Receso de la Corte acordó admitir a trámite la controversia constitucional promovida por la Cámara contra el acuerdo del INE pero invalidó la decisión de éste de suspender la etapa organizativa del ejercicio revocatorio.

Según decidió la SCJN , el INE deberá abstenerse de ejecutar el acuerdo de suspensión de actividades para la organización del proceso de revocación de mandato del presidente y debe seguir con la organización y todas las actividades con el presupuesto aprobado.

El sábado 25 de diciembre venció el plazo para que todos los solicitantes del proceso de revocación entregaran al INE las firmas para solicitar su realización.

El INE ha mantenido la revisión de todas las firmas recibidas. De completarse las 2 millones 758, 227 firmas válidas de solicitantes de la revocación, el Instituto deberá emitir una convocatoria para su realización.