El INE le reclama a la FGR la apertura de casos Odebrecht y Pío López Obrador

Han sido varias las negativas de la fiscalía a proporcionar la información que, durante la sesión del Consejo General del INE, realizada el 26 de febrero pasado, el órgano electoral autónomo se declaró “imposibilitado” para concluir las indagatorias por presunto uso de recursos ilícitos en campañas electorales en el caso Odebrecht.

También en lo relativo al video donde Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, recibe 150,000 pesos de parte de David León Romero, entonces operador político del gobierno de Chiapas, de Manuel Velasco Coello y que habrían ido a parar a las campañas de Morena.

En dicha sesión, el consejero Ciro Murayama recriminó la sistemática negativa de la FGR de entregarles la información requerida.

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Del primer caso, observa que era necesario conocer “si alrededor de este caso de esta empresa (Odebrech), llegó dinero a alguna campaña política, en el ámbito local o federal, lo cierto es que eso está en la denuncia, pero no podemos conocer las pruebas justamente por esta sistemática negativa de la fiscalía”.

Mientras que en lo relativo al hermano del Ejecutivo federal, expone que la “Fiscalía Especializada en Delitos Electorales negó el 26 de octubre de 2020, y el 28 de enero de 2021, información sobre la denuncia contra el ciudadano Pío López Obrador y Morena”.

Y urge saber a dónde fueron esos recursos

Sobre la negativa de las autoridades a entregar la información solicitada, Favela Herrera, integrante de la Comisión de Fiscalización del INE, asegura que es vital que la fiscalía les de respuesta, pues “con independencia de lo que suceda en el tema penal, nosotros podríamos ir armando una idea de qué fue lo que realmente sucedió con esos recursos y si tienen impacto en la materia electoral”.

"Cada mes -detalla la consejera-, se sube un informe del área de fiscalización al Consejo General del INE para tratar estos temas y siempre se hace el exhorto a las autoridades para que nos den la información en relación con lo que ellos han investigado sobre estos dos asuntos que son tan importantes”.

En el caso Pío López Obrador, el pasado 6 de octubre la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio “luz verde” al INE para concluir la investigación por presuntos delitos electorales y determine si es o no merecedor de una sanción.

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El INE, ¿en desacato?

Cuestionada sobre si el instituto incurre en desacato al incumplir el fallo de la Sala Superior, la también doctora en derecho y maestra en administración pública, asegura que no, “porque mientras no nos den la información, no podemos avanzar en ninguno de estos temas”.

“Desafortunadamente los requerimientos se han hecho en reiteradas ocasiones, yo creo que ya van más de 10 en el caso de Odebrecht, pues no hemos obtenido ninguna respuesta favorable”, lamenta.

Sostiene que el INE no está en desacato porque ha estado haciendo los requerimientos correspondientes. "Que no tengamos éxito en que la autoridad a la que requerimos nos proporcione la información, nosotros no tenemos nada que ver con eso”, expresa.

El INE va por mecanismo jurídico

Respecto a si hay algún mecanismo jurídico que obligue a las autoridades a entregarle al INE la información requerida, Adriana Favela, refiere:

“Creo que sí tendríamos que armar algún tipo de estrategia para que entonces este asunto llegue a conocimiento de la Sala superior y sea la propia Sala la que ordene de manera directa a las distintas autoridades que nos den la información que nosotros estamos necesitando”, sugiere.

Pero también expresa: “Entiendo también que ya se está pensando en alguna estrategia de tipo jurídico para llegar a esa situación, porque mientras no nos den la información, no podemos avanzar en ninguno de estos temas”.

Los casos Pemexgate-Amigos de Fox

En tal sentido, Favela recuerda los casos emblemáticos de financiamiento irregular: Pemexgate y Amigos de Fox, en los que el otrora Instituto Federal Electoral (IFE), “no podía seguir adelante con las investigaciones” debido a que las autoridades bancarias y ministeriales justificaron con el secreto ministerial, fiduciario y bancario, la negativa de la información.

De tal suerte que, en el IFE, al no contar con los elementos para continuar las indagatorias, desechó las quejas en espera de que el asunto fuera impugnado ante la Sala Superior, situación que aconteció finalmente.

“Entonces se impugnó la determinación y llegó a la Sala Superior y esta estableció que el secreto ministerial, bancario y fiduciario no debía de oponerse (…) porque el instituto en su actuación realiza también actividades de investigación y de fiscalización”, expone.

La autora del libro Teoría y Práctica de las Nulidades Electorales, precisa que, a partir del fallo del Tribunal Electoral, se vinculó a las autoridades a otorgar al IFE la información requerida.

“Ojalá que nosotros (en el INE) no tengamos que llegar a una situación así y creo que no sería el escenario más idóneo, pero sí buscar alguna estrategia para evidenciar esta circunstancia de que alguna manera hay una determinación jurisdiccional que nos ayude a seguir avanzando en estos temas”, añade.

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En el caso del Pemexgate, la multa más alta aprobada por la autoridad electoral a un partido político, es la del PRI, por un monto de 1000 millones de pesos, seguida de la de Amigos de Fox, que involucró al PAN, de 360.9 millones de pesos.

El 7 de octubre, el presidente López Obrador afirmó que, si su hermano Pío es culpable por los delitos electorales que se le acusan, debe recibir un castigo.

El primer mandatario ha dicho en repetidas ocasiones que, salvo a su hijo menor Jesús Ernesto, actualmente con 14 años de edad, no protegerá a ningún miembro de su familia.