Tribunal Electoral da sanción al PT por triangulación de recursos

Según la investigación del INE, 59.4 millones de pesos que eran para los Cendis que dirige Guadalupe Rodríguez Martínez, esposa del dirigente del PT, Alberto Anaya, fueron triangulados al delegado del partido en Aguascalientes, Héctor Quiroz, y otros dirigentes, para beneficiar diversas actividades partidistas.

Tras declarar fundado el procedimiento administrativo sancionador electoral en materia de fiscalización, el Consejo General del INE sancionó al partido político con 119,870,694.18, al determinarse que no rechazó aportaciones por ente prohibido.

El PT impugnó la sanción ante la Sala Superior y, por unanimidad y a propuesta de la magistrada Janine Otálora Malassis, se confirmó durante la sesión pública virtual realizada este miércoles, la sanción impuesta, así como las vistas aprobadas por el Consejo General del INE.

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Lo anterior, al haberse acreditado la triangulación indebida de recursos públicos y se informó que, independientemente si se demuestra o no el destino final de los recursos públicos, debe confirmarse la sanción para inhibir ese tipo de prácticas que desnaturalicen la función principal de los partidos políticos.

La multa equivale al 200% de los recursos que el partido desvió desde las estancias infantiles a los dirigentes petistas.

Confirman distribución de los tiempos en radio y TV para revocación de mandato

En otro asunto, el pleno de la Sala Superior resolvió sendas impugnaciones presentadas por los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y Morena, sobre la distribución de los tiempos en radio y TV para la revocación de mandato.

El pasado 17 de noviembre, el INE aprobó la distribución y asignación de tiempos en radio y televisión correspondientes a las autoridades electorales federales y locales en las entidades que no celebrarán elecciones, así como en los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo, con proceso comicial en el 2022.

Además, el Consejo General avaló el procedimiento que regulará la suspensión de propaganda gubernamental, en caso de que se emita la convocatoria para la revocación de mandato prevista a realizarse el 10 de abril.

Los magistrados respaldaron por unanimidad de votos, el proyecto de su par Felipe Alfredo Fuentes Barrera, al considerar como infundados los agravios planteados por ambos partidos políticos, en virtud de que el proceso revocatorio debe estar alejado de todo tipo de influencia partidista.

Además, porque los tiempos previstos en los acuerdos impugnados son acordes con los esquemas de tiempos en radio y televisión previstos constitucionalmente, así como en las entidades que celebrarán comicios donde el 80% es para el INE y las autoridades locales, lo cual supondrá la asignación de la pauta para los partidos políticos contendientes.

Mientras que el restante 20% sería destinado exclusivamente para la promoción del proceso de revocación de mandato, durante el periodo en el que concurran tales procesos locales, con la campaña de difusión de ese mecanismo democrático.

Y en torno a que el Consejo General no cuenta con atribuciones para emitir los acuerdos impugnados, como se quejó Morena, el pleno determinó que el INE sí tiene la atribución constitucional para utilizar con fines propios o de otras autoridades electorales, tanto federales como locales, el tiempo en radio y televisión que les corresponda.