Sobre este acuerdo militar, un juez de distrito ya había declarado que es inconstitucional, pues el Ejecutivo federal no justificó adecuadamente el uso de las Fuerzas Armadas en tareas policiales, ni garantizó controles suficientes para limitar su actuar y proteger a la ciudadanía.
"(Es una) determinación claramente injustificada y desproporcional, si se toma en consideración que no todas las entidades federativas se encuentran en la misma situación de seguridad o inseguridad", agregó el juez en su fallo.
Un día antes de la resolución de la Primera Sala, organizaciones civiles pidieron a los ministros considerar en su análisis los derechos humanos y la perspectiva de género, toda vez que mujeres y niñas han sido víctimas de la militarización de la seguridad pública.
Pese a lo que resuelva el pleno de la Corte, el presidente Andrés Manuel López Obrador buscará impulsar una nueva reforma constitucional para eliminar por completo el mando civil que en 2019 se utilizó para legitimar las tareas de la Guardia Nacional en la seguridad pública, y así transferir por completo a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), según dio a conocer en junio de este año.
Así, la Guardia Nacional pasaría a formar parte en su totalidad de la Sedena, lo que permitiría mantener a las Fuerzas Armadas en las calles y perpetuar lo que organizaciones civiles y especialistas llaman "la militarización de la seguridad pública".
En tanto el acuerdo de mayo de 2020 siga vigente, también lo estará la permanencia de los militares las calles. La Suprema Corte será la que defina si es o no constitucional.
