La madrugada del pasado 20 de octubre, Zoé, una mujer transgénero caminaba por las calles céntricas de Guadalajara, Jalisco, en compañía de una amiga, cuando un sujeto se le acercó y le arrojó ácido en el cuerpo.
A un mes de este intento de transfeminicidio, Zoé se sigue recuperando de las quemaduras que sufrió, mientras que el presunto responsable del ataque sigue libre: la Fiscalía General del Estado de Jalisco solo ha difundido un retrato hablado. Pero las investigaciones están estancadas.
Zoé se suma a las 28 víctimas de este tipo de agresiones reportadas en México en los últimos 20 años, de acuerdo con un registro de la Fundación Carmen Sánchez, que lleva el nombre de otra víctima, quien en 2014, fue atacada con ácido por su expareja sentimental.
Especialistas consultados por Expansión Política consideran que tanto el caso de Zoé, una mujer trans, como el de Carmen Sánchez, son mensajes de odio de una cultura machista que persiste en México, y que en su mayoría queda en total impunidad.
"Los ataques con ácido son un tipo específico de violencia feminicida, porque la letalidad de las sustancias empleadas, aunado con la inexistencia o ineficacia de modelos de atención especializada, medidas de protección y la impunidad social y del Estado, pueden desembocar en un asesinato u otras formas de muerte violenta", explica Ximena Canseco, investigadora y vocera de la Fundación Carmen Sánchez.
Alejandro Brito, director de la organización Letra S, dedicada a la defensa de los derechos de las personas LGBT+ y de quienes viven con VIH, considera que el caso de Zoé puede sentar precedentes si no se castiga con todo el peso de la ley.
Zoé fue dos veces víctima de la violencia de género y discriminación en Jalisco: primero, cuando le arrojaron ácido en todo el cuerpo; y luego, cuando un hospital le negó la atención con el argumento de que no tenía una identificación oficial.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGEJ), la madrugada del 20 de octubre, un hombre se acercó a Zoé. Portaba cubrebocas, y tras intercambiar unas palabras, se alejó. A los pocos minutos regresó y lanzó el líquido directamente a la víctima.
La impunidad puede dar permiso a otros para hacer lo mismo en contra de las mujeres y las mujeres trans".
El agresor logró escapar en una motocicleta. Al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja que confirmaron que Zoé presentaba quemaduras en el 60% del cuerpo, principalmente en el rostro, tórax, abdomen y las piernas.
La organización Unión Diversa Jalisco denunció que cuando la mujer fue trasladada al Hospital de la Santísima Trinidad de Guadalajara para recibir atención médica, las autoridades se la negaron, pese a la gravedad de las lesiones, por el solo hecho de no mostrar una identificación oficial.
Zoé sobrevivió al ataque y a la negligencia del hospital y, según los reportes médicos, hoy se encuentra estable.
Desde el primer momento, la Fiscalía de Jalisco informó que ya investigaba el ataque, pero hasta ahora no hay ningún detenido. Por su parte, la Secretaría de Gobernación (Segob) condenó las agresiones con ácido e informó que iniciará una queja por la negativa de atención médica a Zoé. Hasta la fecha, colectivos de la comunidad LGBT+ siguen exigiendo justicia.
Ximena Canseco considera que es muy importante que en este caso en específico se mire el contexto estructural de discriminación que sufre la población LGBT+ (de manera general) y la población trans (de manera particular), para que con análisis específicos se pueda enfrentar esta problemática.
"Este ataque se ve como una muestra de lo que pueden llegar a hacer los hombres violentos cuando la impunidad social y del Estado es tan alta. Los ataques con ácido o con cualquier otra sustancia corrosiva deben entenderse como el desenlace de un cúmulo de violencias que las mujeres experimentaron a lo largo de su vida y en todos los contextos de interacción social", agrega la investigadora.
Aunque la Fundación Carmen Sánchez tiene un registro de 28 mujeres atacadas con ácido desde 2001 hasta la fecha, consideran que la cifra puede ser mucho mayor, pues hay víctimas que no denuncian ni hacen público su caso por miedo a las amenazas, por desgaste del proceso legal y por la revictimización del sector de salud pública y autoridades.
"Así que estos 28 casos solo son la punta del iceberg de un problema muy grave y complejo, y del que apenas acaba de cobrar notoriedad", lamenta Canseco.
Alejandro Brito coincide en que las víctimas no denuncian las agresiones por desconfianza en las autoridades para la impartición de justicia, por miedo a que publiquen su orientación sexual o su identidad de género que al final, recuerda, sin datos personales y confidenciales que ponen en riesgo su integridad.
"Muchas víctimas prefieren acercarse con organizaciones civiles que acudir a las fiscalías o las estancias oficiales, y esto complica tener un registro oficial de mujeres y mujeres trans que sufren este tipo de violencias", señala.
En el Código Penal federal vigente no se castigan los ataques con sustancias corrosivas, ni siquiera hay una regulación para la venta de ácido, que se adquiere por litro de forma libre.
Tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados hay iniciativas que buscan penalistas las agresiones con ácido, pero ambas propuestas están en la congeladora legislativa.
En la iniciativa de diputados se plantea que las lesiones causadas por sustancias corrosivas se consideren como un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, además de imponer una pena de nueve a 12 años de prisión a quien las provoque; si se causan daños a cara u órganos vitales la pena aumentaría tres veces.
La Cámara de Diputados aprobó en marzo de este año el dictamen por el que se reforma el artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para establecer que los actos que inflijan daño con sustancias corrosivas y/o tóxicas, se consideren violencia física en razón de género.
En el Senado de la República se busca que cualquiera que agreda a una mujer con ácido o cualquier sustancia corrosiva pueda ser castigado hasta con 26 años de prisión.
Por entidades, solo tres reconocen estas agresiones como delito. En 2020, el Congreso del Estado de México aprobó -gracias al caso y activismo de Carmen Sánchez- una reforma al Código Penal local para castigar hasta con 10 años de prisión a quien arroje ácido o sustancias corrosivas, químicas o flamables a una persona.
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El mismo año, el congreso de Oaxaca también aprobó la tipificación como delito de los ataques con ácido, con penas de 20 a 66 años de prisión. Esto luego de la agresión que sufrió la saxofonista María Elena Ríos a manos de su expareja, Juan Vera Carrizal, exdiputado del Partido Revolucionario Institucional.
En la Ciudad de México, estas agresiones comenzaron a ser penalizadas desde 2019. Las sentencias van de nueve a 12 años de prisión.
"El hecho mismo de que hasta 2019 no existiera, en ningún código penal, la tipificación del ataque con ácido y que solo se dejara a consideración del MP, nos habla mucho de las prioridades que tienen las autoridades en este país", comenta Canseco.
En el caso específico de los transfeminicidios la situación no es distinta. Alejandro Brito recuerda que solo la Fiscalía de la Ciudad de México ha reconocido el transfeminicidio, luego de tres años del asesinato de Paola Buenrostro, y aun así hasta la fecha, estos crímenes no están tipificados como delito.
Las sobrevivientes de ataques con ácido sufren un daño físico, psicológico, motriz y hasta económico. Ximena Canseco señala que, independientemente de si las víctimas son asesinadas a manos de los agresores, todas ellas están expuestas a sufrir un accidente fatal o un suicidio por el estado físico, emocional, psico-social y económico en el que encuentran.
"No solo pone en riesgo la vida y la integridad de las mujeres en el momento de la agresión, sino en los meses y años posteriores por el tipo de secuelas físicas, emocionales, psico-sociales y económicas a las que se enfrentan", puntualiza.
La activista indica que no basta con que la prevención de la violencia se reduzca a un "sal de ahí" o "denuncia", porque en el 40% de los casos las mujeres ya habían terminado la relación en el momento del ataque y algunas de ellas, incluso, habían denunciado de manera penal a sus agresores.
En cuanto a los crímenes contra la comunidad LGBT+, un estudio de la organización Letra S da cuenta de 79 asesinatos en México solo en 2020. Ese año, las mujeres trans volvieron a ser víctimas más numerosas, con 43 transfeminicidios, que representan el 52,5 % del total, seguido de los hombres gay, con 22, que son el 28 % de los casos.
